Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 13 de octubre
El polvorín de La Línea

El polvorín de La Línea

La muerte de dos 'petaqueros' que suministraban combustible a las narcolanchas convulsiona una ciudad presa de las mafias, con barrios marginales donde el desempleo juvenil alcanza el 80%

sergio garcía

Sábado, 22 de mayo 2021

Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad.

Opciones para compartir

Yo lo comparo con entrar en casa y notar un fuerte olor a butano. Tu primera reacción es encender la luz, pero si quieres evitar que todo explote mejor abres las ventanas y esperas a que se ventile aquello». Helenio Fernández es teniente de alcalde en La Línea de la Concepción, esa ciudad fronteriza castigada con saña por el desempleo y cuya sola mención evoca el contrabando de hachís (en el Campo de Gibraltar se incauta el 60% del que se intercepta en España). Lleva unos días que no se los desea ni a su peor enemigo. La muerte por ahogamiento de dos 'petaqueros', como se conoce en la zona a los que suministran combustible a las narcolanchas, ha desatado un estallido social y abierto las costuras de La Atunara, una barriada marginal donde, según su alcalde, el independiente Juan Franco –21 de los 25 concejales– no es extraño ver las 'gomas' entrar en la playa a las cuatro de la madrugada y a grupos de jóvenes poner los fardos a buen recaudo hasta que se enfría el cerco policial.

La tragedia se desencadenó en la mañana del 10 de mayo, lunes, cuando una embarcación particular recogió a dos millas de la costa los cuerpos de Miguel Ángel A., de 51 años, y de Sergio R., de 19. No tardaron en ser auxiliados por una patrullera de la Guardia Civil, que abandonó la búsqueda del piloto de un helicóptero que se había estrellado tres días antes en el Estrecho para tratar de salvar a los náufragos. Ya en tierra, agentes de la Policía Nacional trataron de revivir a las víctimas con maniobras cardiorrespiratorias, pero sus esfuerzos no tuvieron éxito.

Entretanto, un audio empezaba a circular por las redes sociales, responsabilizando al instituto armado de las dos muertes por omisión de socorro y poniendo el foco en un agente (la Guardia Civil investiga a tres personas como presuntos autores de un delito de incitación al odio y amenazas). La reacción no se hizo esperar. Cientos de vecinos se echaron a la calle, al tiempo que lanzaban piedras contra los furgones policiales, quemaban contenedores y coreaban consignas del tipo 'Privadles de libertad, pero no les quitéis la vida'. Pintadas en las paredes aludían a los agentes como 'sicarios del Gobierno'. El reguero de pólvora había empezado a arder y por delante quedaban tres noches de disturbios que en su punto álgido llegaron a concentrar a 800 personas y a 70 antidisturbios para hacerles frente.

«Lo ocurrido no es una algarabía más, la reacción espontánea del vecindario al deterioro que llevan décadas sufriendo –relataba esta semana Antonio Flores Escamilla, secretario provincial del Sindicato Unificado de la Policía (SUP) en Cádiz–. Hablo de auténticas emboscadas, con cortes de luz y disparos. Un intento deliberado y planificado de hacer daño orquestado por las mafias, a quienes las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hemos arrinconado en los últimos dos años, cercenando sus ingresos». La estrategia, sostiene su compañera Mariló Valencia, secretaria general del SUP en Andalucía, es alimentar el descontento como maniobra de distracción, «porque nos consta que mientras los compañeros estaban conteniendo los disturbios, la descarga de alijos se sucedía en otros puntos de la costa».

El contrabando, «lo natural»

La Línea ha sido –y es, a decir de muchos– una ciudad «abandonada a su suerte», que durante mucho tiempo se alimentó del 'matuteo' de tabaco que venía de Gibraltar y luego del hachís enviado desde Marruecos. Lo explica Paco Mena, presidente de la coordinadora antidroga Alternativas y portavoz de la plataforma 'Por nuestra seguridad, por la de todos', bajo cuyo paraguas operan desde asociaciones de reinserción hasta sindicatos de Policía Nacional, Guardia Civil o Vigilancia Aduanera. «Hay una parte de la población, fundamentalmente en barriadas desestructuradas como La Atunara, San Bernardo o Los Junquillos, donde el narcotráfico ha hallado un terreno abonado y el contrabando es lo más natural del mundo, porque ésta ha sido la principal fuente de ingresos a lo largo de su historia».

Mena se refiere a ese submundo habitado lo mismo por chavales que cobran 1.000 euros por una noche vigilando los movimientos de la Policía, que 40.000 por manejar una lancha de 14 metros de eslora equipada con cuatro motores de 350 caballos cargada con 3.500 kilos de hachís. «Si a eso le sumas que el paro alcanza en esas zonas niveles descabellados –el 80% entre los menores de 30 años–, el resultado es un escenario donde los problemas sociales tienen muy difícil gestión. La marginalidad, la falta de oportunidades y la poca formación de los vecinos acaban convirtiendo el barrio en una olla a presión lista para reventar en cualquier momento».

¿Cómo se reconduce a un sector de la población que carece de horizonte profesional alguno, pero que sale adelante gracias a la economía sumergida y a sueldo de las mafias? «Primero, restaurando el principio de autoridad y estableciendo herramientas para que cualquier persona que quiera cambiar, pueda hacerlo, lo que no es fácil porque el miedo y las amenazas son moneda habitual», se responde el propio Flores.

Nadie duda de los resultados policiales conseguidos, fruto de una presión constante a un enemigo acostumbrado a reinventarse, a rearmarse y al que, como dice Helenio Fernández, «le salen cabezas como a una hidra». En los dos últimos años, el cerco al narco ha registrado récords de incautaciones y de detenidos, al tiempo que se ha reforzado la cobertura judicial abriendo tres nuevos juzgados de instrucción, nombrando nuevos fiscales, incorporando magistrados a la Audiencia provincial...

Un plan a dos velocidades

La cuestión es ¿basta con medidas punitivas para atajar el problema? Ni Flores ni Mena lo creen. Tampoco Juan Lozano, presidente de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, consciente de que si de algo se alimenta la delincuencia organizada es de la falta de oportunidades. «El problema de raíz son las altas tasas de desempleo, sobre todo entre la población joven. Y es aquí donde los gobiernos central y autonómico tienen un reto, porque a los chavales hay que ofrecerles un futuro, hay que ilusionarles con algo que ahora mismo no tienen». Una situación, abunda Helenio Fernández, agravada por el absentismo en las aulas y el consiguiente fracaso escolar.

David Morales, bailaor profesional e Hijo predilecto de La Línea, conocía a Miguel Ángel A. desde chaval, cuando los dos jugaban en La Atunara, entre la iglesia del Carmen y el muelle donde hace unos días la comitiva judicial levantó su cadáver. «Era un superviviente, un buscavidas. Parece que aquí todo el que se dedica a la droga tiene dos coches, cuatro casas y se gasta 500 euros en champán, pero no es así. Llevamos años asistiendo a la pérdida de una generación tras otra, gente que renuncia a buscar alternativas. No se puede salir adelante echándose en brazos del narcotráfico, resignándose a hacer dinero fácil. Si no se toman medidas para revitalizar el tejido social, dará igual las ayudas que repartas porque lo que tendrás será una sociedad sin capacidad de reacción».

Que esto ocurra en las inmediaciones del puerto de Algeciras, el que más tráfico registra del Mediterráneo y fuente de riqueza para todo Andalucía, contraviene las leyes de la lógica. También que La Línea lleve un siglo –literalmente– reclamando el estatus de Zona Franca, una figura que se traduce en ventajas fiscales «que aquí ni hay ni se esperan», desliza Helenio, desolado. Gemma Araujo, diputada del PSOE por Cádiz en el Congreso y alcaldesa de La Línea entre 2011 y 2015, habla de 'problema de fondo' «cuando la Administración no es capaz de darle alternativas a un chaval como Sergio, que a sus 19 años tenía que estar estudiando y no transportando petacas de combustible a las narcolanchas».

Araujo asegura que la situación va a cambiar, que «desde 2019 hay un documento encima de la mesa con nueve ministerios implicados». Se refiere al Plan Integral del Campo de Gibraltar, que ha demostrado su eficacia en materia policial y de justicia –y que incluye la creación hace tres años en Algeciras de la Oficina de Recuperación de Activos procedentes de actividades delictivas–; pero cuyo cumplimiento deja mucho que desear en todo lo relativo a medidas que potencien la educación, el empleo o inversiones en infraestructuras. Araujo recuerda que la Junta de Andalucía tiene competencias transferidas y que para que el problema se resuelva todos deben remar en la misma dirección.

Mena está cansado de oír hablar de la dinámica del movimiento. «La comarca en general y La Línea en particular lleva años convertido en el vertedero de las miserias de este país y ahora ha rebosado. O el Estado se pone las pilas o esto tiene difícil arreglo».

«No se fomenta el arraigo de los agentes y se expone a las familias»

Antonio Flores reclama para el Campo de Gibraltar la misma catalogación de Zona Singular que la que estrenaron los agentes destinados al País Vasco o a Navarra durante la lucha contra ETA. «No hay arraigo entre los funcionarios que vienen aquí, el goteo es constante. Cincuenta, sesenta se van cada año. Y eso vale lo mismo para un policía que para un maestro, un magistrado o un médico. Si trabajas en condiciones precarias, amenazan a tu familia y cobras lo mismo que si estás destinado en Benalmádena, en cuanto puedes te largas», dice el portavoz del SUP en Cádiz. «Hay esposas de La Línea que no cuelgan el uniforme del marido en el tendedero por miedo a que les identifiquen –apostilla Paco Mena–. Es la vuelta a la kale borroka».

Sus quejas van más allá. «Trabajamos con plantillas que responden a las necesidades de 12 años atrás, totalmente desfasadas. Mire la que se está liando en Ceuta con la inmigración, las dificultades derivadas del Brexit, el terrorismo, luego vendrá la Operación Paso del Estrecho... Tenemos una actividad delictiva de sobras conocida, pero faltan recursos humanos y materiales para darle la respuesta que merece. Urge una apuesta decidida de la Administración, lo demás es un parche».

En su contexto

  • Refuerzo policial. Se estrecha el cerco sobre el narcotráfico Las intervenciones han batido récords en los dos últimos años. Más de 600 toneladas de hachís, alrededor de 5.000 detenidos, incautaciones de bienes por valor de 150 millones de euros...

  • 1.000 euros puede ganar un 'aguaor' por trabajar una noche vigilando los movimientos de la Policía para avisar a los traficantes.

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios