Un informe de la diputada del Común detalla el «colapso» en discapacidad en las islas

La diputada del Común, Lola Padrón, pidió este lunes en el Parlamento un cambio estructural en la política de la comunidad autónoma sobre discapacidad, a la vista de que «se agrava año a año», como refleja un informe específico que han agradecido y aplaudido todos los grupos parlamentarios y al que ni los partidos que apoyan al Gobierno de Canarias han puesto peros.

Conculcación de derechos, incumplimiento de plazos, falta de colaboración, silencio ante los ciudadanos, opacidad frente a la Diputación del Común, estructura caduca, falta de respeto a los administrados o exclusión del tercer sector definen la política del Gobierno canario ante las personas discapacitadas, un «colapso» que para empezar no se reconoce, advirtió Padrón en la comisión de discapacidad del Parlamento regional.

La defensora del pueblo canaria instó a la administración autonómica a admitir que hay un colapso y le pidió que no tenga «miedo» a las cifras que oculta, que exponga los datos, «aunque la realidad nos asuste», y que respete el enfado de las personas con discapacidad y del tercer sector.

Es la única manera de empezar a transformar un sistema con demoras de cinco años en la resolución del reconocimiento de la discapacidad, cuando el plazo legal es de seis meses. «Cinco años coartando derechos son demasiados», denunció Padrón, y recordó que hay comunidades donde no existe la lista de espera. Según el diagnóstico que expuso Padrón, que precisó que no es ella la que se queja, sino la ciudadanía, la Dirección General de Discapacidad del Parlamento de Canarias adolece de falta de transparencia y de colaboración.

La discapacidad concentra el mayor número de quejas entre las que se presentan en la Diputación del Común, que en esta área recibió 603 en 2024, un 94% más que en 2023.

Solo en los primeros seis meses de 2025 se han recibido 400 más, de las que la administración solo ha respondido a 30, de manera que ya acumula más de 1.500 sin contestación, informó. La mayor parte de las quejas se refieren a la demora de años en el reconocimiento de la discapacidad o y de la actualización del grado, imprescindible para acceder a las políticas de apoyo social.

La lista de espera sigue aumentando y la demora afecta más a las islas no capitalinas, porque la Dirección General carece de equipos de valoración itinerantes, unos equipos que además tienen una estructura obsoleta en la que no hay fisioterapeutas, logopedas o educadores sociales.

La Consejería no ofrece información sobre sus expedientes a los solicitantes del reconocimiento o revisión de su grado de discapacidad, quienes llaman al 012 para recibir «un silencio administrativo» que es «una falta de respeto» y que genera «ansiedad y desconcierto», porque necesitan esa valoración para ejercer sus derechos. Padrón recordó que el número de personas con discapacidad representa el 10% de la población, es decir, más de 200.000 personas en Canarias, sin contar a sus familias y a las personas cuidadoras.

Para la diputada del Común, los equipos de valoración abordan su trabajo desde un enfoque demasiado técnico y administrativo, orientado a «sacar expedientes» en lugar de garantizar el desarrollo de políticas adecuadas para las personas.

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