Mujeres que sufren maltrato detectadas en los centros de salud
En Canarias se han identificado a 700 víctimas desde 2024 a través del Protocolo de Atención Primaria
Cerca de 1.100 profesionales de todas las áreas de salud de Canarias han completado la formación acreditada para aplicar el Protocolo de Actuación de Detección de la Violencia de Género y Actuación Sanitaria en Atención Primaria, que se implantó en abril de 2024.
«Este protocolo, con enfoque de género, multidisciplinar y multisectorial, establece pautas homogéneas para la detección precoz de la violencia ejercida por la pareja o expareja, así como para su valoración e intervención, en línea con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad», explica el Servicio Canario de Salud (SCS) en un comunicado.
Los profesionales de Atención Primaria de las islas han detectado a 382 mujeres víctimas de violencia de género en 2024 y 318 en los diez primeros meses de 2025, lo que suma un total de 700 mujeres identificadas desde la puesta en marcha del protocolo, informa Sanidad.
«Cualquier profesional sanitario y de trabajo social de los Equipos de Atención Primaria puede aplicar el protocolo desde la Historia de Salud Electrónica, ya sea mediante el cuestionario WAST o a través de una entrevista clínica basada en indicadores de sospecha y criterios de vulnerabilidad», explica la nota. Su utilización está indicada en mujeres a partir de los 15 años, ya sea en consultas ordinarias o al abrir por primera vez la historia clínica electrónica.
El protocolo también se activa en mujeres que acuden directamente a un centro de salud por lesiones físicas, psicológicas o sexuales sin violación. En los casos de agresión sexual con violación, la atención se realiza en el hospital de referencia.
El documento recoge los conceptos y definiciones genéricas necesarias para entender este fenómeno y su comportamiento, así como las formas más frecuentes de presentarse, la atención ante situaciones de especial vulnerabilidad y las repercusiones que tiene en la salud de las mujeres y en la de sus hijos e hijas. También aborda el papel del personal sanitario, los obstáculos para identificar o intervenir en violencia de género y las dificultades que impiden a las mujeres a reconocerse como víctimas y, como tal, pedir ayuda.
Agresiones sexuales
La sanidad pública canaria dispone también del Protocolo de atención a mujeres víctimas de agresión sexual, «que regula la actuación multidisciplinar y homogeneiza la respuesta sanitaria en los servicios de urgencias hospitalarias y urgencias ginecológicas ante una presunta violación. Incluye además un apartado específico para los casos en los que se sospecha sumisión química». Tras la valoración inicial en urgencias, se activa el protocolo sanitario y se movilizan, a través del 112, los recursos judiciales, policiales y especializados en atención a la mujer.
El protocolo vigente, de diciembre de 2020, se encuentra actualmente en proceso de actualización para adaptarlo a los cambios legislativos derivados de la Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre de garantía integral de la libertad sexual y al Protocolo de Violencia Sexual del Sistema Nacional de Salud (2023).
Los datos de la aplicación del protocolo se obtienen de los partes de lesiones, emitidos en los hospitales del SCS por este motivo. Así, en el ámbito hospitalario, se registraron 206 partes de lesiones en 2024 por agresión sexual con violación y 159 en lo que va de 2025 (datos provisionales), reforzando la importancia de los protocolos de atención y de la coordinación con los recursos judiciales y de seguridad.
«El protocolo recoge todas las actuaciones a llevar a cabo: desde la acogida, en un ambiente de privacidad, confidencialidad, respeto y seguridad, hasta las valoraciones iniciales, descartando patología urgente, y las específicas, realizadas por el profesional de ginecología junto al profesional de la medicina forense que acude al servicio hospitalario, y que consisten en la anamnesis detallada y la exploración ginecológica junto a la toma de muestras», explica Sanidad.
«Todas estas actuaciones, al realizarse de forma conjunta, buscan evitar la revictimización de la mujer que ha sido agredida», destaca el SCS.
