Delgado defiende la gestión de la dependencia y arremete contra el PSOE
La consejera acusa al anterior gobierno de dejar 6.487 solicitudes sin registrar y de obviar las revisiones de prestaciones y de grado
La consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado, defendió este martes el trabajo realizado por el Gobierno regional en el ámbito de la dependencia y aseguró que el error de su departamento al notificar al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) las listas de espera de los cabildos como prestaciones no efectivas ha propiciado una «campaña de acoso y derribo» hacia su departamento.
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En concreto, la Consejería del Gobierno canario notificó al Imserso unos datos de finales de 2024 que, tras un proceso de verificación, resultaron incorrectos: de las 16.000 nuevas prestaciones de dependencia anunciadas por el Ejecutivo regional 9.000 no eran reales. Esta discordancia en los datos fue calificada de falseamiento y manipulación por los comités de empresa de Bienestar Social y por el PSOE, que reclamaron la dimisión de la consejera.
El ataque, la mejor defensa
En una rueda de prensa convocada para hacer balance de la gestión del sistema de dependencia, Delgado acusó al anterior Ejecutivo de hacer «dejación de sus obligaciones de atención a la ciudadanía canaria» al no grabar 6.487 solicitudes para que no constaran en las listas de espera.
Según la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez, el anterior gobierno ordenó que se dejaran de tramitar las solicitudes para la revisión del grado de dependencia y de las prestaciones del Programa Individual de Atención (PIA) al no computar en el balance del Imserso.
La consejera aseguró que tienen pruebas documentales que demuestran la negligencia del equipo de gobierno del Pacto de las Flores en la tramitación de la dependencia y que, en los últimos 20 meses, se han hecho 4.300 revisiones de grado y otras tantas de PIA, relegadas por los anteriores gestores. De hecho, afirma que hay miles de solicitudes de dependencia de 2020, 2021 y 2022 que empezaron a ser grabadas a partir de septiembre de 2023.
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Ritmo de tramitación
Según los datos facilitados por Delgado, entre 2019 y 2023, el anterior gobierno tramitó una media mensual de 194 solicitudes, mientras que el actual está tramitando una media mensual de 824. «En las medias globales de estos 20 meses, nuestros datos son superiores a los de la legislatura anterior. Evidentemente, tenemos que seguir trabajando, sobre todo, para que ningún ciudadano o ciudadana de Canarias fallezca sin recibir las prestaciones o los derechos que le corresponden», señaló la consejera.
Pese a que Delgado arremetió contra la oposición socialista durante buena parte de su comparecencia, afirmó que su departamento ha actuado «impulsado por el interés en mejorar la situación del sistema de la dependencia en Canarias, no con el uso político de las personas con dependencia y sus familias».
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Además, acusó al PSOE de poner en duda la legalidad de las actuaciones de los funcionarios. «Lo que se ha hecho por parte de la oposición ha sido acusar a nuestros empleados públicos de un delito y eso no lo vamos a permitir. Nuestros empleados públicos se están dejando la piel en cada una de nuestras direcciones generales», comentó Delgado respecto al supuesto envío al Imserso de datos falsos del sistema de dependencia de Canarias.
Medidas para cumplir la ley
En todo caso, Delgado señaló que se están realizando grandes esfuerzos para agilizar los trámites y que se han contratado a 30 administrativos que se sumarán a los cien efectivos iniciales de la Dirección General de Dependencia. «Hemos reducido los tiempos de espera y esos son datos reales que también tiene el Imserso: de 957 días a principios de esta legislatura a los 537 que actualmente tardamos», resaltó la consejera visiblemente irritada.
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Estos tiempos esperan reducirse aún más a partir del 25 de mayo cuando entre en vigor el decreto que modifica el procedimiento para el reconocimiento de la dependencia, reduciéndolo a un solo acto en el que se realiza la valoración del grado y, a la vez, se determina la prestación a la que se tiene derecho.
«Nuestro objetivo es cumplir lo que establece la ley, es decir, que en seis meses un ciudadano o ciudadana de Canarias tenga reconocido su grado de dependencia», sentenció Delgado.
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