CC avisa a Torres y Olivera de que «mentir» en una comisión es un delito «con penas de cárcel»
La formación nacionalista exige al expresidente de Canarias que pida perdón «por el daño» ocasionado a la ciudadanía canaria durante la pandemia
Coalición Canaria ha exigido este lunes al expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que pida disculpas «por el daño»que realizó a la ciudadanía canaria durante la pandemia por la covid. Para la formación, tanto Torres como Antonio Olivera, exviceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, emitieron «mentiras y falsedades» en sus respectivas comparecencias en la llamada comisión mascarillas del Parlamento de Canarias. Por ello, el diputado de CC José Alberto Díaz-Estébanez advirtió de que en el Código Penal está recogida una pena de seis meses a un año de cárcel, o una multa de 12 a 24 meses, por mentir en una comisión parlamentaria.
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Esto sucede después de que en el último informe de la UCO aparecieran mensajes entre el actual ministro de Política Territorial y de Olivera con Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ambos señalados dentro del caso Koldo, que investiga presuntas irregularidades en contratos de material sanitario durante la pandemia.
De esta forma, la diputada de CC Vidina Espino argumentó que «Olivera negó hasta en tres ocasiones haber hablado con Koldo García y, sin embargo, los informes muestran una relación continua y permanente desde abril hasta septiembre de 2020».
Cabe recordar que el informe de la UCO no atribuye ningún indicio de delito y la investigación se ha cerrado sin la imputación del expresidente de Canarias.
CC considera que Torres intermedió y participó de manera activa entre determinadas empresas, «tanto para facilitar los contactos como trámites a través de su mano derecha», hecho por el cual se evidencia, «como mínimo, un claro indicio de tráfico de influencias».
Por su parte, Espino detalló que Olivera intervino, presuntamente, para que Ana María Pérez, por aquel entonces responsable de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud, aceptara «rápido» la oferta que había fraguado Koldo con el director ejecutivo de Soluciones de Gestión, Íñigo Rotaeche. Con esta entidad se firmó un contrato de compra de material sanitario de 12 millones de euros.
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De la misma forma, el diputado José Alberto Díaz-Estébanez criticó que Canarias se convirtiera en «uno de los focos más rentables para la trama corrupta de material sanitario». Por ello, pidió «explicaciones razonables» al expresidente de Canarias «que no se basen en el no me consta».
Las comparecencias de la comisión mascarillas, constituida en mayo de 2024 para esclarecer las presuntas responsabilidades políticas en la firma de contratos millonarios con empresas sin experiencia previa durante los momentos más duros de la pandemia, ya han terminado, y ahora falta por conocer el dictamen.
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El ministro de Política Territorial dice al PP«que haga lo que quiera»
S.T. / Efe. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, advirtió este lunes al Partido Popular de que puede llamarlo de nuevo a la comisión de investigación del caso Mascarillas del Parlamento o «hacer lo que quiera», que él seguirá trabajando por «las cosas que preocupan a la ciudadanía».
Torres se expresó así después de que el PP solicitara que se reabra la comisión para citarlo de nuevo y, también, antes de la declaración que tiene que prestar ante el juez el presunto comisionista de la trama, Víctor de Aldama, sobre los suministros que sus empresas vendieron al Gobierno de Canarias en 2020 y 2021. El ministro recordó que ha denunciado dos veces a de Aldama y que él ha demostrado que eran falsas las cuestiones que este le había atribuido.
Por su parte, la secretaria de organización del PSOE en Canarias, Nira Fierro valoró la rueda de prensa de este lunes de CC como un intento más de la formación de «estirar un chicle que no da más de sí».
La diputada socialista indicó que a quien único le interesa el informe de la UCO«es a Coalción Canaria», mientras que «la gente en la calle quiere respuestas para la dependencia, la educación o la sanidad», que, bajo su punto de vista «están sufriendo situaciones absolutamente caóticas sin respuesta por parte del Gobierno de Canarias».
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