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En la supercomisaría otorgan unas 20 citas diarias. En la imagen, un grupo de senegaleses esperan su turno. Cober

¿Petición de asilo? Espere por favor

Pasan los días hasta que les atiende un letrado, luego falta el traductor o la documentación necesaria y, cuando consiguen la cita, se programa para el siguiente año

Ingrid Ortiz Viera

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 27 de marzo 2021, 23:03

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A primera hora de la mañana ya hay dos filas considerables a las puertas de la Jefatura Superior de Policía en Las Palmas de Gran Canaria. A un lado esperan los solicitantes de asilo que proceden del territorio del Sáhara, quienes huyen de una nueva etapa de conflictos en el país, y al otro, los del África occidental, en su mayoría senegaleses. Aparentemente todo está en orden, pero pronto empieza a reinar la desinformación. Entre los saharauis, una agente echa un somero vistazo a alguno de los casos y les confirma que falta documentación: la orden de devolución, que algunos llevan en el teléfono móvil, hay que traerla impresa, y también necesitan fotografías tipo carné o si no perderán la cita, lo que les obliga a abandonar la fila para volver con todo en regla, si acaso más tarde, pasada la hora estimada. «¿Pero podremos entrar después, aunque sea al final?», pregunta la acompañante de un grupo. «No lo sé, no podemos saltarnos al resto», le responden.

Cuesta hacerse entender porque la mayoría no habla español y la traductora se encuentra en el interior del edificio atendiendo asuntos oficiales como las entrevistas, entre otras gestiones. Otro familiar que acompaña a uno de los solicitantes de asilo y que lleva afincado en la isla varios años, se presta a mediar, pero el resto se las apaña con el traductor del móvil. Al fondo, una abogada enlaza una llamada con otra para averiguar donde está tal o cual papel y pide calma a los chicos.

Se produce entonces un trasvase en las filas y un joven saharahui se acerca a Fefi Valerón, una de las voluntarias del Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Canarias con algo escrito en la pantalla del teléfono. «Ya me toca. ¿Entras conmigo?». No puede, se lamenta dándole un abrazo y muchos ánimos. «No soluciona nada, pero al menos consuela un poco», admite ella ante su cara de inseguridad.

«¿Crees que se puede tener a una persona que vive en la calle y necesita protección esperando durante un año entero?»

Valerón se encuentra esta mañana prestando asesoramiento a los senegaleses que han acudido a la supercomisaría. Todo ellos aguardan su turno para conseguir una de las 20 citas diarias que se otorgan en la institución y que se acaban en apenas un par de horas. Adama, que además ha perdido su orden de devolución, se ha quedado fuera y le dicen que tendrá que esperar hasta el 8 de abril para volver a intentarlo. Lo lógico habría sido venir al siguiente día laborable, pero se interpone la Semana Santa, con el personal de vacaciones y otras citas pendientes que atender.

Omar, en cambio, ha conseguido entrar y ya dispone del resguardo -denominado también hoja blanca- que acredita que es solicitante de protección internacional, pero cuando sale del edificio vuelve a estar desorientado. Según el documento, la cita para la entrevista no se le realizará hasta febrero de 2022 y reproduce una y otra vez una nota de voz de una mujer para explicar cuál es su intención. Tiene un hermano en Málaga y quiere viajar allí, pero Valerón le advierte de que con las actuales restricciones le va a resultar difícil.

El joven la mira incrédulo y cuando se interesa por su residencia, asegura que está viviendo en la calle. Además, a juzgar por otros informes de un centro de salud que trae en una funda plástica, podría padecer algún tipo de enfermedad, por lo que el médico le recomienda atención inmediata. Un voluntario de Somos Red se apura a pedir ayuda en uno de los múltiples grupos de WhatsApp por si alguien puede hacerse cargo de él.

El caso de Omar no es único. La mayoría, cuenta Valerón, subsiste fuera de los recursos del estado y denuncia indignada la «falta de humanidad» de las instituciones: por un lado, la carencia de asesoramiento, en concreto sobre la posibilidad de pedir asilo a africanos que no son malienses, y por otro, las trabas que se interponen en el proceso. «¿Crees que se puede tener a una persona, que además pide protección, un año entero en la calle esperando?», apunta. «Un senegalés que viene porque España le ha robado la pesca, que cuenta con familia fuera y que tienen la posibilidad de salir de aquí, pero en cambio lo retienes porque Canarias, al ser territorio insular, se convierte en una cárcel».

La palabra 'inmigrante' ya es sinónimo de esperar: a poder salir con vida de su país, a que habiliten un recurso alojativo en la llegada, un letrado que les asista, una prueba de edad, una deportación, una pasaje a Europa o una simple cita administrativa.

Los africanos solo representan el 8,6% de las solicitudes

Casi 4.000 personas solicitaron asilo en Canarias en 2020, la mayoría procedentes de Venezuela, Colombia y, a gran distancia, Mali, según el balance del Ministerio de Interior, lo que supuso un aumento del 28,32% respecto a 2019. Sin embargo, y a pesar de la entrada de 23.000 personas por vía marítima durante ese periodo resulta «paradójico» que las peticiones de personas africanas solo hayan sido el 8,6%, escasamente 343 personas. «Entendemos que las dificultades producto del reduccionista modelo de gestión migratoria que se desarrolla en Canarias han obstaculizado el acceso al derecho de asilo, explica Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de CEAR.

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