Del 'aquí no pasa' al 'podría ocurrir': Canarias ante el estallido racista de Torre Pacheco
Las islas no han registrado episodios violentos graves contra personas migrantes, pero no deben bajar la guardia frente al auge de los discursos de odio
La agresión a un anciano, presuntamente con el objetivo de viralizar un vídeo, en la localidad murciana de Torre Pacheco desató, a principios de julio, una oleada de disturbios dirigidos contra la población migrante. Los incidentes, protagonizados por grupos de ultraderecha desplazados desde otras regiones, solo cesaron tras el refuerzo de la presencia policial en la zona.
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En Canarias, por ahora, no se han registrado episodios similares. Sin embargo, sí se han producido protestas vecinales puntuales tras altercados protagonizados por menores extranjeros no acompañados. En respuesta, el Gobierno canario y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana han acordado esta semana adoptar medidas para garantizar una convivencia pacífica en el núcleo turístico de Fataga.
A este contexto se suman las campañas de desinformación impulsadas en redes sociales por influencers que agitan el discurso contra la migración con bulos y medias verdades. También han tenido lugar manifestaciones con respaldo de sectores políticos, como ocurrió en 2020 en el muelle de Arguineguín —cuando cientos de personas migrantes permanecían hacinadas— o, más recientemente, en las capitales canarias. 'Hotel no, repatriación' o 'Las ayudas, para los canarios' fueron algunas de las consignas coreadas entonces.
¿Podría repetirse en el archipiélago una oleada de violencia como la de Torre Pacheco? Para el diputado por el PSOE de Canarias en el Congreso, Luc André Diouf Dioh, es impensable: «No se me pasa por la cabeza», afirma. El sociólogo y profesor de la Universidad de La Laguna, Roberto Gil, en cambio, cree que «no se puede descartar».
«Tierra que asimila, comprende y entiende»
Diouf Dioh considera que la lejanía y la orografía de las islas dificultan que grupos ultras lleguen al archipiélago, como sí ocurrió en Torre Pacheco. «Aquí hay que venir en avión o en barco», recuerda. Pero también descarta esos brotes violentos y xenófobos porque Canarias «es una tierra de inmigrantes y emigrantes, una tierra hospitalaria que asimila, comprende y entiende».
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Lo de Torre Pacheco no es un problema del vecindario, de «españoles contra inmigrantes», recuerda el presidente de la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes, Ahmed Khalifa. «Es la consecuencia de muchos meses, de años de manipulación. De discursos de odio al inmigrante y, en particular, al inmigrante marroquí y musulmán. Los grupos de ultraderecha relacionan inmigración con delincuencia y les da un colchón suficiente para actuar. Buscan alguna chispa y la encontraron en Torre Pacheco», lamenta.
El jueves, una jueza envió a prisión al creador de la plataforma Deport Them Now por alentar a «cazar» migrantes en Torre Pacheco.
Ya tenemos el «caldo de cultivo»
Tenemos el «caldo de cultivo», recuerda el sociólogo Roberto Gil. A su juicio, el modelo de desigualdad que propicia el capitalismo hace que grupos desfavorecidos pongan el foco en los más vulnerables. «La rabia se focaliza en los más débiles», añade. Gil señala también que las teorías del reemplazo —los grupos ultras alertan de que la población extranjera va a sustituir a la española siguiendo un plan premeditado— «hacen interpelaciones directas al estado emocional, y esa narrativa canaliza el malestar con retóricas racistas». En lugar de dirigir las quejas hacia la parte privilegiada de la sociedad, dice Gil, arman «cacerías» contra los más vulnerables.
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En 2024 llegaron a Canarias casi 47.000 personas en cayucos y pateras. Pero, en realidad, salvo los menores no acompañados, la mayoría son trasladadas a la península a distintos recursos desde los que, en muchas ocasiones, salen para continuar su proceso migratorio hacia otros países europeos. El problema al que alude el Ejecutivo regional es que debe hacerse cargo de 5.000 niños, niñas y adolescentes. «Se busca rédito político», advierte Gil, porque 5.000 personas no pueden ser un problema para una tierra que recibe a 16 millones de turistas cada año.
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Colaboración contra los bulos
El Ministerio de Migraciones detectó solo en el mes de junio 54.000 contenidos racistas en redes sociales, especialmente contra personas del norte de África. La ministra, Elma Saiz, criticó que solo el 29% de los mensajes fue eliminado, y reclamó más colaboración por parte de las plataformas para responder a esta «amenaza real».
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«Se aprovecha y se sobredimensiona un problema para evitar abordar los que sí existen en la Sanidad o Educación. Para ellos no hay espacio en la parrilla mediática y las élites quedan protegidas», denuncia Gil.
Hay que «atajar» la violencia verbal contra la inmigración, pide Khalifa. Y que «la fiscalía actúe», señala Diouf, que recuerda que se ilegalizó en Grecia Amanecer Dorado, partido en la estela del español Vox. «No quieren la paz social», añade.
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¿Quién comete los delitos? El 72,2% de los condenados son nacionales
L.R.G.
Según los datos del Ministerio del Interior con respecto a la criminalidad en las islas esta ha caído un 2,5% en el primer trimestre del año en comparación con el mismo período de 2024. En total en el archipiélago se produjeron entre enero y marzo 23.924 delitos «convencionales», siendo la mayor parte de ellos hurtos.
Pero si se tienen en cuenta también los ciberdelitos, la caída de la criminalidad llega al 3,8% contabilizándose un total de 27.381 delitos entre enero y marzo de 2025 por los 28.468 del primer trimestre de 2024.
Las sustracciones de vehículos (-14,6%) y las estafas informáticas (-13,5%) son los delitos que más han disminuido mientras que los homicidios dolosos, con un aumento del 400%, son los que más aumentan pasando de dos a diez.
Por otro lado, también con datos del Ministerio del Interior, en el último año del que se tiene referencia, 2023, el 72,27% de las personas condenadas eran de nacionalidad española, frente al 27,72% de nacionalidad extranjera incluyendo ciudadanía de la Unión Europea.
En total fueron condenadas 280.322 personas, de ellas 202.606 eran españoles, mayoritariamente varones. De la UE sin España fueron condenados 17.003 personas, y del resto de Europa 5.835, lo que suma el 8,1%. El 10,2% de los condenados procedían de América (28745 personas) y el 8,4% de África.
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