El pacto hace valer su mayoría para aprobar los presupuestos de 2025

El debate de los Presupuestos de la comunidad autónoma para 2025 se saldó sin sobresaltos y, tal como estaba previsto, los grupos que apoyan al Gobierno dieron el visto bueno final a este proyecto de ley que entrará en vigor el 1 de enero y que suma 11.678 millones, una cifra que supone un 3,3% de incremento respecto a al ejercicio de 2024.

La oposición -PSOE, Nueva Canarias y Vox- mostraron su rechazo a la nueva norma entender que estas no son las cuentas que necesita la ciudadanía canaria.

Los partidos que integran el pacto -Coalición Canaria (CC); Partido Popular (PP); Agrupación Socialista Gomera (ASG) y Agrupación Herreña Independiente (AHI)- salieron a la tribuna para demostrar el esfuerzo de estos presupuestos por reforzar los servicios públicos esenciales y mejorar los resultados que dejó el Ejecutivo anterior.

Al respecto, la nacionalista Socorro Beato destacó que se trata de unas cuentas «responsables, realistas y que ponen las luces largas al futuro, porque el Gobierno tiene proyecto para Canarias».

También el parlamentario popular Fernando Enseñat destacó que, «a pesar de la incertidumbre por el contexto internacional y la falta de presupuestos estatales», el proyecto de ley destina en torno a 7.600 millones (más de 1.000 que en la anterior legislatura) a reforzar el estado del bienestar, además de subsanar los «desastres» que dejó la gestión del Pacto de las Flores.

Todos estos argumentos y datos no fueron suficientes para evitar las críticas de la oposición. Tanto los portavoces del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, como de Nueva Canarias, Esther González, hicieron hincapié en que esta norma no responde a las necesidades de los canarios sino que, al contrario, ahonda en las desigualdades sociales.

Al respecto, Franquis volvió a incidir en que, aunque se han elaborado en un momento de crecimiento de la economía canaria, estos presupuestos «consolidan la desigualdad» y retroceden en el apoyo al tejido productivo.

Subrayó que las cuentas «no representan los canarios que se manifiestan en las calles, ni los que callan» y las calificó de «ideológicas porque defiende a los que más tienen».

El portavoz socialista justificó el rechazo de su grupo a este presupuesto en que «no representa a la mayoría social» y vaticinó que será «un año perdido por este Gobierno».

En el mismo sentido se manifestó Esther González (NC), quien insistió en la necesidad de avanzar en la progresividad fiscal como fórmula para «reforzar» las políticas estratégicas y «apuntalar los servicios esenciales» para mejorar la vida de la mayoría social.

Su compañera Carmen Hernández dijo que el «modo canario» del Gobierno se sustenta en «más autocomplacencia, menos universidad pública, menos sector primario o menos cultura».

Por su parte, el portavoz de Vox, Nicasio Galván, consideró que el presupuesto perpetúa un «modelo desfasado» y criticó que el texto no incluya propuestas para reducir el gasto «superfluo» de la administración.

Reclamó aliviar la presión fiscal a los contribuyentes con la bajada del IGIC y la eliminación del Aiem. Frente a quienes acusan a la ultraderecha de negacionistas, apostilló que «ustedes sí son negacionistas del sentido común».

Por otro lado, tanto Enseñat (PP) como Beato (CC) descalificaron la iniciativa de PSOE y Nueva Canarias, que durante la mañana presentaron un recurso de reconsideración ante la Mesa del Parlamento para paralizar el debate atendiendo, explicaron, a que es inconstitucional modificar una ley vía enmienda.

Esto es, a juicio de los dos grupos que presentaron la iniciativa, lo que hicieron los socios al cambiar servicios por una prestación económica en la ley de servicios sociales.

En cambio, la diputada nacionalista indicó que el objetivo es dotar a los ayuntamientos de más herramientas para la aplicación de la citada ley. En su opinión, la actuación de PSOE y NC obedece al «filibusterismo» y el intento de «retorcer el reglamento».

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