El Gobierno canario está «preparado» ante la posibilidad de cerrar los centros de menores de Quórum77

Un día después del registro de la sede de la ONG Quórum77 en la capital grancanaria, así como de oficinas en varios de los centros de menores no acompañados en la isla que gestiona y el cierre del de Arinaga, el Gobierno canario pide «tranquilidad» y no actuar «de forma impulsiva» en espera de que avance la investigación judicial, aún bajo secreto de sumario. No obstante, Bienestar Social ya tiene una «estrategia» planteada ante la posibilidad de que la entidad dejara de prestar sus servicios o se viera obligada a cerrar otros centros.

Así lo explicó la consejera del área, Candelaria Delgado, quien avanzó que, de momento, no van a rescindirle el contrato a la ONG que acoge a más menores solos en Canarias, casi 2.000.

«Estamos en emergencia y todas las posibilidades están abiertas. No podemos actuar de forma irresponsable cuando la investigación está bajo secreto de sumario. Quórum77, por el momento, se está haciendo cargo del resto de sus centros, pero si tuviéramos que rescindir el contrato, ya tenemos preparada una estrategia. Es importante tener en cuenta que tratamos con niños y niñas, no son cajas de frutas. Los centros son sus hogares y cualquier movimiento puede significar una desestabilización en la cotidianidad de los menores. Por eso, esta Dirección General tiene mucho cuidado de actuar de forma impulsiva», afirmó Delgado.

Por su parte, los dos directivos de Quórum77 detenidos, la presidenta, Delia García, y el director de centros, Enrique Quintana Ramos, fueron a trabajar este viernes con total normalidad e incluso transmitieron, desde los canales de comunicación internos de los empleados, que ambos se encontraban bien y que todos los trabajadores tenían que estar tranquilos y trabajando en esta empresa como siempre.

Se da la circunstancia de que la propia Delia García despidió a los seis trabajadores que fueron detenidos en la primera fase de esta investigación judicial -cuando se cerró el centro de La Fortaleza, en Santa Brígida- y, por contra, no adoptó medida alguna respecto a lo acontecido este jueves con los arrestos y entradas y registros efectuados por el Cuerpo General de la Policía Canaria.

Enrique Quintana Ramos, que fue elegido en la Ejecutiva del PSOE de Gáldar en el año 2022 como secretario de Acción Social, es el actual director de los centros de menores migrantes no acompañados que Quórum77 tiene en Vecindario, San Juan de Telde (1 y 2), Casa del Marino en la capital grancanaria, Teror, Las Mesas, La Aldea, San Luis (Tafira), los dos de Fuerteventura que están en el Parque Holandés y en Puerto del Rosario, y el ya clausurado de Bandama.

Licenciado en Criminología, cumple la labor de gestionar los centros y, además, es el que tiene la guarda de los menores que están en los recintos en nombre de la administración canaria.

Por otro lado, los más de 50 empleados del centro de Arinaga aún no han sido reubicados ni se les ha informado sobre su situación tras la clausura del centro.

La consejera de Bienestar Social también señaló que la situación de emergencia migratoria declarada en Canarias en 2023 hizo más complejo encontrar al personal apropiado para los centros de menores. Están cualificados, explicó, y cumplen todos los requisitos, como no tener antecedentes penales. Sin embargo, abundó, «no encontramos personal con experiencia».

Cabe recordar que la investigación estuvo motivada por posibles delitos de «maltrato y humillación» a los menores migrantes en su centro de acogida. Una denuncia que interpuso en Fiscalía la propia Dirección General de Infancia. Por eso, insistió Delgado, está segura de que los controles y las inspecciones funcionan, pero a veces «sale algún trabajador malo».

Con todo, dijo la consejera, la idea es que una vez que a partir de finales de agosto comience el reparto de menores con otras regiones, cerrar los macrocentros.

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