Una de las protestas del colectivo, que ha alargado más de un año la huelga. Hoy se manifestarán frente a las oficinas de Función Pública. / EFE

La desconfianza agota la reserva de los temporales

El personal público en fraude de ley sigue combatiendo la postura de la Administración canaria pero solo ve incertidumbre en su futuro

Ingrid Ortiz Viera
INGRID ORTIZ VIERA Las Palmas de Gran Canaria

En 2003, el Servicio Canario de Empleo (SCE) cesó a Patricia Gutiérrez tras 24 años en la Administración Pública. Comenzó con un contrato de seis meses en Lanzarote y luego de pasar los exámenes para una oferta «muy concreta» de auxiliar, accedió como funcionaria interina a un puesto en Gran Canaria.

Pese a que reconoce que le «encantaba» su trabajo, la presión le llevaría posteriormente a acogerse a dos bajas por ansiedad, el reconocimiento de un 39% de discapacidad por cuestiones derivadas de esas condiciones y una demanda al INEM por ocupar su plaza mientras estaba embarazada de su hijo. «Teníamos las mismas obligaciones que los que eran fijos, si no más, pero no los mismos derechos», explica.

Del juicio no salió nada. Aunque recurrió, por entonces no se había modificado la ley y el SCE alegó que ni tenía recursos ni ya existía su categoría. «Eran chanchullos», añade. «Se hicieron unas transferencias muy desiguales que no reconocían nuestra antigüedad en la autonomía, solo la de los que trabajaban en ese momento».

Abandonó así toda una vida en la Administración sin indemnización y, según le contaron extraoficialmente, pasó a formar parte de una «lista negra» de la que no ha salido pese a haberse presentado «a todas las convocatorias y cursos posibles».

«No puedo competir en igualdad de condiciones trabajando, con cargas familiares y sin que se valore mi esperiencia»

Ana Medina

Técnico superior en el SCE

Gutiérrez, que desde entonces está desempleada, pone nombre a un problema que viene de muy lejos y su voz advierte a compañeros que desde hace más de un año también reclaman justicia.

La temporalidad en las islas alcanza al 40% del personal público y la mayoría encadena más de dos décadas de contratos. Sin embargo, no ha sido hasta la llamada de atención europea que el Estado –y por consiguiente la Comunidad Autónoma– ha decidido tomar cartas en el asunto.

La nueva norma protege a las futuras interinidades, pero mantiene una deuda con carácter retroactivo. El Gobierno de Canarias lidia con este conflicto abierto al tiempo que mantiene unos plazos muy concretos, y todo ello sin tener clara la verdadera dimensión de la situación, ya que carece de la relación de nombres afectados por el abuso de temporalidad, o al menos no se la ha ofrecido al comité de huelga.

Los sindicatos involucrados, por su parte, demandan una compensación –ya asumida en el acuerdo de abril–, en la que insisten alejándose de «victimismos» y la supuesta gratuidad que algunos sectores defienden.

«Nos empeñamos en enredarnos cuando Europa ha sido muy clara, pero solo le hacemos caso cuando nos conviene»

Pepe Guerrero

Peón agrícola en el ICIA

«Nosotros ya hemos pasado por un proceso selectivo desarrollado por la propia Administración, no hemos entrado por cuñas, simplemente queremos que se reconozca nuestro trabajo», apunta Isabel Naranjo, valoradora del área de Dependencia desde hace 14 años.

Hace solo cuatro, Pepe Guerrero también se presentó a unas oposiciones, junto a otras 200 personas, para acceder a una de las dos vacantes de interinos ofertadas en el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA).

Solo una decena pasaron el «duro» proceso y él quedó segundo. Actualmente, de sus siete compañeros, uno es fijo y el resto lleva encadenando contratos desde hace veinte años. «No quería verme en esa situación, así que viendo la incertidumbre sobre cómo avanza este tema, denuncié a nivel particular», explica. «Si esto no se resuelve, me vería en la calle».

Resalta Guerrero que gracias a su situación laboral el banco le concedió una hipoteca que antes no podía permitirse, lo mismo que muchos de los afectados, pero ahora se siente «en tierra de nadie». No solo teme las deudas sino las complicaciones para acceder a un empleo a sus 57 años.

A esto se añaden cargas familiares que se ceban especialmente con las mujeres. Naranjo dice cumplir todas las estadísticas: mujer, mayor de cincuenta, con un hijo y padres a cargo e hipoteca. «Vas planificando tu vida como puedes, pero sin certezas».

«Ninguno de nosotros ha entrado por cuña, ya hemos pasado un proceso selectivo de la propia Administración»

Isabel Naranjo

Valoradora de Dependencia

Sus temores pasan por que, como en una ocasión le insinuó una superior, el Gobierno de Canarias decida hacer una amortización de plazas y se quede sin empleo. «Como si en este sector en concreto sobrara personal».

También ella acudió a los tribunales para denunciar y, aunque en su caso le concedieron la categoría de indefinida, afirma que no le da ninguna garantía.

En este sentido, la ansiedad se ha apoderado de los trabajadores, que desconfían de la palabra de la Administración. En el caso de Ana Medina, técnico superior en el SCE desde 2002 e indefinida no fija, los problemas de tensión que se le han acrecentado desde noviembre la han obligado, incluso, a coger una baja.

Si piensa en afrontar un nuevo proceso selectivo comienza a tener vértigo. Entre el trabajo, sus dos hijos y un suegro enfermo le resulta imposible sacar tiempo para ponerse a estudiar. «Lo que sentimos es una impotencia enorme que se traspasa a la familia», explica, reconociendo haberse derrumbado frente a sus hijos.

Sin embargo, Medina aún mantiene la esperanza en encontrar una solución. Una confianza que deposita en la lucha colectiva más que en el Gobierno, cuya hoja de ruta conoce pero no comparte.

«He sentido lo que es la discriminación y la injusticia y aún espero una explicación. Lo que pido es que no vuelva a pasar»

Patricia Gutiérrez

Desempleada

«Lo que más rabia nos da es que un pacto que dice ser progresista nos trate como lo ha hecho», apunta. «Y no echamos la culpa a ningún color político, porque todos han pasado por ahí».

Precisamente, hoy protestarán de nuevo en lo que ya han denominado la «plaza de la permanencia», frente a las oficinas de Función Pública, donde tendrá lugar la reunión con los sindicatos, Fecam y Fecai para negociar unos criterios comunes a aplicar en los concursos de méritos.

Los afectados asisten a estos avances incrédulos. Guerrero insiste en que las reglas son simples: «si has accedido a un puesto y pasas de los tres años, como dice Europa, te conviertes en fijo. Punto. Pero solo le hacemos caso en lo que nos conviene».

A su juicio, Canarias avanzará en la aplicación de la ley estatal sin contar con el comité y sin la transparencia que le exige para averiguar cuántos y quiénes están en fraude de ley. ¿La consecuencia? Guerrero apunta a que el los próximos dos años habrá un «hormigueo de despidos callados» y libres de derechos.