La construcción de vivienda vacacional ilegal en suelo rústico dispara las infracciones urbanísticas
La Agencia de Protección del Medio Natural ha detectado la edificación, sin cumplir la ley, de inmuebles para un uso «económico puro y duro»
La buena marcha del sector turístico en las islas ha hecho que numerosos propietarios destinen sus viviendas al alquiler vacacional. Esta situación ha puesto de manifiesto el aumento de la construcción de viviendas ilegales en suelo rústico que luego se publicitan como inmuebles de uso turístico. Así lo ha observado la Agencia de Protección del Medio Natural (que depende de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias) que destaca el incremento en el número de expedientes abiertos que incumplen la disciplina urbanística. «Hay edificaciones destinadas a un uso económico puro y duro», explica la directora de la agencia, Montserrat Ortega.
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Durante los primeros cinco meses de este año, el número de expedientes iniciados ha alcanzado los 524. La cifra ha aumentado en comparación con el año pasado, cuando esta cifra alcanzó, en el mismo periodo de tiempo, las 481 causas. Por ello, el organismo se ha reforzado con una modificación de la relación de puestos de trabajo, aprobada por el Consejo de Gobierno este mes.
Con todo, la directora alerta de que las actuaciones que realiza el organismo se hacen en colaboración con la Policía Canaria, y muchas de ellas se remiten a los juzgados porque hay ilícitos penales. «Muchas personas actúan sin conocer las consecuencias administrativas, penales y civiles que pueden tener esas actuaciones», comenta Ortega.
Estos expedientes se abren cuando se entiende que se ha incumplido con la ley del suelo, en la que, en la actualidad, se trabaja para reformarla. Según trasladó el consejero de Política Territorial del Ejecutivo, Manuel Miranda, se espera que inicie su trámite en el Parlamento en el último trimestre de 2025, tras un año de negociaciones y reuniones con los diferentes agentes implicados, y que continúa con el plan planteado por la consejería desde el inicio.
En muchas ocasiones, explica la directora de la agencia de Protección del Medio Natural, se han encontrado con casos en los que los individuos tienen «dos o tres propiedades en suelo urbano» y la gente construye en suelo rústico «para hacerse su segunda residencia», en muchos casos, como se ha señalado, para explotarla y no disfrutarla a título personal.
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Los expedientes de acciones que incumplen la disciplina urbanística se abren cuando las personas construyen sin permisos en suelo rústico, emplazamientos que no están destinados para construir. El problema, explica Montserrat Ortega, radica en que Canarias tiene «un alto porcentaje de suelo rústico, que a su vez es espacio protegido». Los más usuales son el suelo rústico de protección agraria, el de protección de infraestructuras y el común.
Lo que ocurre con el suelo rústico de protección agrícola es que muchas personas, cuando no cultivan y ven ese espacio «parado», lo usan para construir, y ahí es donde se detectan numerosas infracciones, detalla la directora de la agencia.
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Precisamente, con la reforma de la ley del suelo, se amplía el plazo para que la entidad actúe, pasando de seis meses a nueve para intervenir en las infracciones. Además, se endurecen las sanciones por daños ambientales, y las multas leves pasan de 60 euros a 300 euros. Las muy graves pueden llegar hasta los 600.000 euros.
También se amplía el plazo para la prescripción de la sanción urbanística y territorial, que pasa de cuatro a ocho años. Desde la agencia remarcan que tramitan estos expedientes «porque es su cometido», y no con el afán de «demoler o sancionar», sino de «concienciar a la ciudadanía de que antes de cualquier actuación se informen».
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«La emergencia habitacional se debe solucionar de otra forma»
La directora de la Agencia de la agencia de Protección del Medio Natural, Montserrat Ortega, opina que la emergencia habitacional se debe solucionar de otra forma, y no «ocupando suelo rústico», como han tenido que hacer algunas personas a lo largo de este tiempo.
Ortega detalla que el incremento de expedientes de infracciones urbanísticas se debe, sobre todo, a las construcciones ilegales llevadas a cabo por personas que han ocupado el suelo «con contenedores de cuartos de aperos para uso residencial». Además, no solo se utilizan para vivir, sino también para llevar a cabo «talleres y actividades» con fines económicos.
Por su densidad de población y su tamaño, las islas con más expedientes abiertos son Tenerife y Gran Canaria.
A lo largo de los últimos años, los funcionarios del área, que trabajan en conjunto con la Policía Canaria, los cabildos y los ayuntamientos, también se han encontrado con un incremento en las «parcelaciones ilegales». Ortega explica que esto consiste en dividir el suelo rústico del que se dispone «careciendo de cualquier tipo de planeamiento». Así, muchas personas han dividido ese espacio de protección agraria para construir urbanizaciones ilegales en él.
Todo este entramado, opina Ortega, daña lo más importante: el entorno. «Si todo actuáramos así, el territorio nos va a durar poco», comenta la directora de la agencia. Y es que los efectos de la construcción ilegal repercuten directamente al entorno. «¿Dónde se vierten esas aguas que se generan en este proceso?», se pregunta la directora del organismo. «Todo ese residuo llega a aguas subterráneas, perjudicando al medioambiente», subraya Ortega, que toma como agente para el cambio la pedagogía que se ha de hacer en este tema desde edades tempranas. «Hay que conocer el entorno rural para cuidarlo», añade la directora de la agencia.
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