Canarias apoya al Estado en el TC para defender el reparto de menores
Las islas se sienten «afectadas» por los recursos de Madrid y Aragón contra el decreto que permite la distribución solidaria
L.R.G. / S.F.
Las Palmas de Gran Canaria.
Jueves, 22 de mayo 2025, 02:00
Canarias se siente «afectada» y reclama su «derecho a defender la constitucionalidad» del real decreto ley que permite la distribución solidaria de menores migrantes no acompañados entre regiones. Por eso, tras el recurso aceptado en el Tribunal Constitucional (TC) de Madrid y el presentado por Aragón contra la norma, el Gobierno canario se personará junto al Estado para defender su legalidad. Se trata de una «excepción», explicó el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, dado que normalmente no se pueden personar terceros en procesos constitucionales salvo, como en este caso, cuando exista un conflicto de competencias.
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La personación en este procedimiento se decidió este miércoles en el Consejo de Gobierno, añadió Cabello, que insistió en que, aunque el decreto ley fue aprobado en Consejo de Ministros el 18 de marzo y convalidado en el Congreso de los Diputados el 10 de abril, «seguimos sin que se produzca ninguna derivación». Por eso Canarias «exige al Gobierno del Estado que aplique la ley, que no tiene por qué esperar, que su obligación es la de garantizar el cumplimiento de la ley y garantizar el cumplimiento por parte de las comunidades autónomas de las obligaciones recogidas en la ley».
Además, dijo el también viceconsejero de Presidencia, «la realidad es que Canarias sigue viviendo una situación de emergencia migratoria grave y una situación de emergencia. Se le llena la boca a la hora de hablar de solidaridad, pero parece que todos evitan dar la cara y cumplir con Canarias». Y recordó que ni siquiera el Estado estaba cumpliendo su parte, pues no se ha hecho cargo de los 1.227 menores con derecho a asilo.
En esta misma línea se manifestó este miércoles en el Congreso de los Diputados la representante de CC, Cristina Valido, quien afeó al Gobierno de España esa solidaridad que reclama para unos temas pero no para Canarias.
«Nosotros creemos que el Gobierno del Estado podía haber hecho más para que las comunidades autónomas comunicaran cuál era la situación. Desde el 18 de marzo hemos tenido tiempo. Estamos hoy a 21 de mayo, para que se pudieran haber dado pasos más decididos con respecto a la aplicación de la ley que permita la salida de menores en la situación de saturación en que nos encontramos en los centros de Canarias», abundó el portavoz del Ejecutivo canario.
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Y resaltó que, aunque Aragón se ha negado a enviar sus datos, en espera del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a quien apeló, «la realidad es que el propio decreto ley establece unos criterios de distribución y nosotros incluso llegamos a entender que la conferencia sectorial no es fundamental para continuar avanzando».
Cierre de La Fortaleza
Con respecto al cierre del centro de menores La Fortaleza I, en Santa Brígida, en Gran Canaria, Cabello dijo que las islas necesitan «con urgencia que comience a aplicarse el decreto ley y que se comience a descomprimir la situación que se está viviendo en Canarias. Sin querer unir las dos cosas, sí es verdad que los centros no están como nos gustaría». Así, recordó que aunque la capacidad inspectora está funcionando, «la realidad es que estamos en un sistema que está al 200 % de su capacidad desde hace casi 20 meses y la situación es totalmente desesperada y excepcional. Tenemos que atender a casi 5.600 menores en 86 centros. Como bien saben, todas las entidades del tercer sector recomiendan que esos centros no tengan más de 15 o 20 menores y tenemos centros con 350 y algunos con 400», lamentó.
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Fuentes de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias confirmaron ayer que la orden de apagar las cámaras fue dada desde este departamento, ya que los trabajadores de Quorum 77 llevaban durante su jornada laboral en los centros cámaras de vigilancia colgando al cuello, lo que «atentaba contra la privacidad» de los chicos acogidos. «Cuando el jefe de servicio se enteró de que había personas con esas cámaras y sin autorización para ello ordenó su retirada y que dejaran de grabar», señalan estas fuentes.
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