Los cambios que pidió la calle siguen a la espera
El Gobierno acaba de aprobar una ley que regula el alquiler vacacional
El 20 de abril (20A), decenas de miles de personas salieron a las calles de todas las islas para reclamar un cambio en el modelo de desarrollo. Bajo el lema Canarias tiene un límite, los manifestantes pusieron el foco en una moratoria que suspenda la autorización de nuevas plazas hoteleras y pisos vacacionales, una ecotasa y la regulación de la compra de vivienda por parte de extranjeros.
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En paralelo, y después de que el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, anunciara la convocatoria de la Conferencia de presidentes, se constituyeron cinco grupos de trabajo con las entidades locales para abordar el reto demográfico.
Se comprometió a debatir y poner sobre la mesa algunos de estos asuntos, pero lo cierto es que no han tenido respuesta satisfactoria para los convocantes, que en octubre se volvieron a manifestar, esta vez en las zonas turísticas y con mucha menos repercusión.
Este año, Partido Socialista y Nueva Canarias volvieron a presentar en el Parlamento sus iniciativas para gravar las pernoctaciones turísticas dejando fuera a los residentes de las islas.
Ambas fueron rechazadas por los grupos del pacto que argumentan precisamente, entre otros aspectos, la imposibilidad de hacer distinciones a la hora de aplicar este gravamen.
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, tomó la delantera en este asunto y el pleno aprobó una tasa para los no residentes.
La única concesión en este sentido del Ejecutivo ha sido la creación del céntimo forestal -hasta dos céntimos sobre el combustible-, cuya aplicación queda en manos de los cabildos de forma voluntaria y con un destino finalista, que es la lucha contra el cambio climático. Solo Gran Canaria y Tenerife se han mostrado partidarios de implantar esta medida.
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Otro de los asuntos importantes para quienes piden otro modelo de desarrollo es el acceso a la vivienda. En su apuesta por facilitar que las familias tengan una casa digna, además de un decreto ley de medidas urgentes, el Gobierno aprobó un proyecto de ley que pretende regular el alquiler vacacional.
Esta iniciativa acaba de emprender su tramitación parlamentaria, pero de entrada ha recibido numerosas críticas que han obligado a Turismo a modificar varias veces el texto.
CC sí ha puesto empeño en abordar lalimitación de la adquisición de viviendas por parte de no residentes. Tanto esta formación política como la Consejería de Vivienda que dirige Pablo Rodríguez se han manifestado dispuestos a explorar las posibilidades de este límite en la UE.
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