El baile de cifras sobre menores en Canarias

Canarias lleva dos años en emergencia migratoria y, desde finales de agosto, en contingencia migratoria extraordinaria. La llegada masiva de menores extranjeros no acompañados ha tensionado los centros de acogida hasta desbordarlos. En este escenario crítico, el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico discrepan en cuestiones clave: cuántos menores han pedido asilo, cuántos han sido trasladados, cuántos esperan plaza y, sobre todo, quién debe actuar y en qué plazo.

A pesar de que ya están en marcha los tres mecanismos previstos para aliviar la presión —la reforma de la Ley de Extranjería el pasado mes de abril, la aplicación del auto del Tribunal Supremo el 26 de marzo y las derivaciones exprés—, la coordinación interadministrativa no termina de engrasarse. Las reuniones semanales entre el Estado y Canarias para hacer seguimiento del cumplimiento del auto judicial evidencian, una y otra vez, el choque de cifras, interpretaciones y responsabilidades.

Mientras la Secretaría de Estado de Migraciones sostiene que se han logrado avances, el Gobierno canario insiste en que la respuesta ha sido «lenta y escasa». De los más de 1.000 menores que han solicitado asilo político en las islas, apenas 187 han sido trasladados. Las cuentas no cuadran, y el intercambio de reproches ya es rutinario.

Este lunes se activará, por fin, el traslado de los tres primeros menores en el marco de la contingencia migratoria extraordinaria. Una medida diseñada para cuando el volumen de menores acogidos supere ampliamente la capacidad del sistema, como ocurre ahora: Canarias tutela a más de 4.000 menores, el triple de su capacidad ordinaria. Según los datos que aportó Infancia sobre las islas, al menos 2.500 deberían ser derivados a otras comunidades, pero la vía legal para hacerlo —prevista en la reforma aprobada hace ya meses— apenas comienza a usarse.

A ello se suma el sistema de derivaciones exprés, activado a partir del 29 de agosto para que los menores recién llegados salgan del archipiélago en un máximo de 15 días. Hasta ahora han llegado 72 bajo esta modalidad. Doce fueron identificados como mayores de edad tras las pruebas de determinación y pasaron al sistema de adultos. De los 58 restantes, solo cuatro han salido rumbo a la península. El resto, sigue esperando. En este caso la culpa se distribuye entre que el plazo es insuficiente, la falta de personal y recursos materiales del Estado o si el procedimiento de determinancion de la edad puede seguir cuando ya esté el menor en otra comunidad.

Entre tanto, otros 211 jóvenes que tenían derecho a ser incluidos en el Sistema de Protección Internacional cumplieron la mayoría de edad sin haber sido trasladados, lo que los sacó automáticamente del sistema de tutela de menores. Han pasado a la red de adultos sin plaza asegurada y, en muchos casos, sin resolución sobre su solicitud de asilo.

Para la directora general de Infancia del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, el baile de cifras se debe en parte a la propia complejidad del fenómeno. «Estamos hablando de personas que evolucionan, que cambian de opinión, que crecen y que, a veces, abandonan el proceso de asilo», explica. Sin embargo, señala también la falta de agilidad y previsión por parte del Estado. «Buena parte de estos jóvenes llevaban meses esperando en los centros y ya habíamos solicitado su plaza en el sistema de adultos».

Rodríguez denuncia que el Estado no ha habilitado plazas específicas en la península para menores no acompañados solicitantes de asilo procedentes de Canarias. Encontrarlas ha sido una tarea difícil porque, según afirma, «es un fenómeno que no estaba contemplado». Tampoco ha ayudado la dispersión competencial: «Hay demasiados ministerios implicados y eso ralentiza todo».

Las discrepancias no acaban ahí. El Estado acusa a Canarias de falta de celeridad en la tramitación de los expedientes, mientras que el Gobierno regional replica que se les exige documentación innecesaria. Rodríguez asegura que incluso deben remitir ellos los papeles a las comunidades receptoras, a pesar de que la información ya está en manos de la administración central.

Según la directora, Extranjería ha resuelto en los últimos 20 meses más solicitudes de protección internacional que en los tres años anteriores, pero la falta de plazas y la lentitud de los trámites hacen que el efecto práctico sea limitado.

Otra fuente de fricción ha sido el procedimiento de entrevistas a los menores solicitantes de asilo. Canarias pedía que se hicieran en los propios centros de acogida, evitando traslados innecesarios. No fue hasta el 14 de octubre cuando se autorizó. Hasta entonces, muchos menores —incluso desde otras islas— eran enviados al centro Canarias 50, donde han llegado a permanecer más de tres meses sin plaza definitiva.

Ni siquiera hay acuerdo sobre el número exacto de menores solicitantes de asilo. «Para evitar más confusión, decidimos trabajar con el listado del Ministerio del Interior», explica Rodríguez. Aun así, el dato sigue variando porque hay chicos que abandonan el proceso o cambian de comunidad.

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