Por fin, carreteras dignas

Quiero, además, rendir homenaje y expresar mi agradecimiento a varias personas —tanto del ámbito político como técnico— que fueron claves en la consecución de ese hito. Menciono con especial respeto a Rafael Arias-Salgado, entonces ministro de Obras Públicas en el Gobierno de José María Aznar; a José Carlos Mauricio, portavoz de Coalición Canaria en el Congreso; a Antonio Castro Cordobés, consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias; y, de manera muy especial, a Julio Molo, ingeniero de caminos, canales y puertos, y principal autor de los proyectos que hicieron posible la rápida y eficaz ejecución de muchas de las obras.

Antes de adentrarme en el tema central de esta entrega, que se enmarca entre los años 1996 y 1999, me permitiré una breve digresión sobre un asunto de actualidad —sí, en este año 2025— rompiendo así, por una vez, con la línea cronológica de estos relatos.

Me refiero a los comentarios y reacciones generados en torno al caso que podríamos denominar 'Ábalos-Koldo-Cerdán'. No teman el lector o la lectora que me desvíe demasiado por los numerosos vericuetos de este asunto, sino que me limitaré a comentar una sola arista: la reacción que han provocado, dentro del propio Partido Socialista, las declaraciones del expresidente Felipe González.

He decidido abordar este punto no solo por el respeto que le profeso a González —pese a no haber compartido su ideología ni haber ocupado cargo alguno bajo su mandato entre 1982 y 1996— sino también porque, de algún modo, me siento aludido al continuar, a mi edad, emitiendo opiniones y compartiendo experiencias.

González ha sido muy crítico —y yo, como diputado constituyente, comparto su postura— respecto a la amnistía a los líderes independentistas catalanes. Sostiene, como yo también creo, que dicha amnistía es inconstitucional y choca frontalmente con los principios de la Constitución, pese a lo que ha sentenciado recientemente la llamada mayoría progresista del Tribunal Constitucional. Es, como tantos otros, un asunto opinable y debatible. Sin embargo, lo que más me ha sorprendido ha sido la reacción desde el propio Gobierno y desde sectores de su partido, afirmando que no debería opinar por estar «viejo» y ser ya «parte del pasado».

¿De verdad pasó? Sí, pasó el tiempo de liderar candidaturas o de estar en primera línea política. Pero no ha pasado —ni debe pasar nunca— el tiempo para opinar, para criticar lo que uno considere criticable. No es democrático ni respetuoso tratar a una figura de su trayectoria como un desecho vetusto al que solo le queda callar o aplaudir.

Y sin querer establecer comparación alguna, me reconozco también en esa situación. Quienes dedicamos años a la vida pública sabemos que nuestra etapa activa quedó atrás. Pero no así nuestro derecho a opinar, a relatar nuestras vivencias, nuestros logros y también nuestros errores. Y al hacerlo, lo único que pedimos es respeto. Respeto, que es lo más elemental en cualquier democracia madura y en una sociedad verdaderamente avanzada.

¿Cómo puede un socialista —auténtico— faltar al respeto a quien, con aciertos y errores, fue un actor clave en la consolidación de la socialdemocracia moderna en España? Felipe González y Alfonso Guerra, con el apoyo de Willy Brandt y la socialdemocracia alemana, contribuyeron decisivamente a construir una izquierda centrada, moderna y claramente democrática, lejos de los radicalismos que tanto daño hicieron a Europa, especialmente a Alemania. Efectivamente Alemania sufrió muy directamente los excesos de la extrema derecha (nazismo de Hitler), pero también lo excesos del radicalismo de la izquierda soviética con el muro de Berlín.

Por eso insisto: Felipe González merece respeto, se esté o no de acuerdo con sus ideas. Al fin y al cabo, ha sido el presidente de Gobierno de más larga duración en la etapa democrática, nada menos que 14 años, entre 1982 y 1986. Y ese mismo respeto reivindico humildemente para mí.

Vuelvo, pues, al motivo principal de esta entrega: el histórico convenio de carreteras, uno de los grandes frutos del acuerdo político entre Coalición Canaria y el Partido Popular, posible —no lo olvidemos— por la necesidad de José María Aznar de contar con los cuatro votos de CC en el Congreso para ser investido presidente del Gobierno, desplazando así al PSOE tras las elecciones de 1996.

Ese convenio, con una financiación plurianual de 200.000 millones de pesetas, se firmó el 16 de abril de 1997 en Las Palmas de Gran Canaria. Su relevancia se entiende plenamente si se considera la singularidad geográfica de Canarias: al tratarse de un archipiélago, sus carreteras son necesariamente insulares, sin posibilidad de interconexión entre provincias o comunidades autónomas. Por tanto, desde el punto de vista jurídico, no pueden considerarse 'de interés nacional'.

No obstante, ya en el Estatuto de Autonomía de 1982 —del cual fui diputado ponente— se previó, en su artículo 95, que las infraestructuras que conectaran los principales núcleos urbanos del archipiélago podrían ser consideradas de 'interés general' a efectos de financiación estatal. Esta previsión legal hizo posible que, aunque la competencia sobre carreteras sea autonómica, se pudiera acceder a fondos del Estado para mejorar y completar la red viaria.

Así, esos 200.000 millones de pesetas se distribuyeron entre todas las islas. Pero siendo sinceros, fue en Gran Canaria donde más y más rápidamente se invirtió, absorbiendo aproximadamente la mitad de esa cifra. Gracias a ello se ejecutó la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria en tres fases, completadas en apenas cinco años. Una obra que, sin exagerar, puede considerarse la más importante del siglo XX en la isla.

Es de justicia volver a mencionar aquí al ingeniero Julio Molo, jefe del Servicio de Carreteras del Gobierno de Canarias. Él y su equipo fueron responsables de los proyectos que permitieron ejecutar con celeridad esta y otras grandes infraestructuras. Contar con los proyectos técnicos ya redactados fue clave para acelerar adjudicaciones y aprovechar al máximo esta oportunidad histórica. También fue fundamental la cooperación y comprensión del ministro Rafael Arias-Salgado, cuyo compromiso con Canarias fue constante y firme. Ambos merecen un especial agradecimiento y reconocimiento.