Cuando los hechos dan sentido a las palabras

Tal como relaté en la entrega XVII, desde octubre de 1986 continué siendo diputado a Cortes por la provincia de Las Palmas, dentro de la Agrupación Liberal, liderada por José Antonio Segurado e integrada en Coalición Popular. Fui portavoz adjunto de dicha agrupación hasta el final de la legislatura en 1989. De mi labor parlamentaria ya di cuenta en la entrega XVIII.

Por las razones ya expuestas, deseaba contrastar cuanto antes, ante mis paisanos grancanarios y en las urnas, los costes electorales derivados de las circunstancias narradas en el episodio 'Alas de mariposa', ocurridas en octubre de 1986. Por ello me presenté a las elecciones locales, insulares y autonómicas del 10 de junio de 1987. Treinta y ocho años después, reitero mi agradecimiento a quienes depositaron su confianza en mí: 18.084 votos que me permitieron ser elegido consejero del Cabildo de Gran Canaria, cargo compatible con mi condición de diputado a Cortes (cargo el de consejero, dicho sea de paso, no retribuido).

Aquel respaldo fue para mí un verdadero oxígeno político. Lo recuerdo con profunda gratitud, especialmente porque mi padre, fallecido apenas unas semanas antes, el 16 de mayo, no pudo compartir esa alegría. Aún hoy, lamento su ausencia en ese momento crucial.

Puedo decir con legítimo orgullo que me he presentado a doce procesos electorales y en todos he sido elegido: cuatro elecciones al Congreso, tres al Parlamento de Canarias, cuatro al Cabildo insular y una al Ayuntamiento de Santa Brígida. Sin embargo, las elecciones de 1987 fueron, sin duda, las más difíciles. No contaba con el amparo de grandes siglas políticas como Alianza Popular, el CDS o el PSOE. Por el contrario, un grupo de amigos –entre ellos destaco a Gregorio Toledo, exsenador constituyente por Gran Canaria (1977-78)– creamos un partido nuevo, Unión Canaria de Centro (UCC), pequeño y sin recursos para una campaña potente.

A pesar de esas dificultades, fui elegido. Y me remito a la cita de Séneca con la que abrí este capítulo: mi agradecimiento sincero refleja fielmente lo que siento.

Durante esa etapa fui el único consejero de UCC en el Cabildo, en la oposición y dentro del grupo mixto, ya que se requerían al menos tres consejeros para constituir grupo propio. El presidente del Cabildo era Carmelo Artiles, socialista, pues el PSOE obtuvo nueve consejeros. Artiles, un caballero del sur de Gran Canaria, fue siempre una persona con la que mantuve una excelente relación personal.

Por el CDS, que obtuvo siete consejeros, el portavoz fue el profesor galdosiano Alfonso de Armas Ayala, de gran prestigio académico. Por Alianza Popular, con cinco consejeros, encabezó el grupo José Macías, quien años después sería presidente del Cabildo. Completaban el panorama político de entonces Camilo Sánchez por Asamblea Canaria y Gonzalo Angulo por ICU.

En esos años se debatieron asuntos de gran relevancia, como el proyecto de Ley Universitaria de Canarias. Yo mismo presenté diversas iniciativas, entre ellas una moción para suprimir el impuesto sobre combustibles entonces vigente en Canarias, implantado por el gobierno de Jerónimo Saavedra. Era un impuesto que no existía en otras comunidades autónomas y que encarecía considerablemente el transporte en nuestras islas.

También defendí, como ya consideraba entonces, una situación de desequilibrio fiscal contra Gran Canaria, solicitando la recuperación para esta isla de la mayor recaudación que generaba a través de los entonces vigentes arbitrios insulares. Esta reivindicación la he sostenido siempre, pues Gran Canaria, hoy por hoy, sigue siendo la isla que más recauda mediante el IGIC, el impuesto que en Canarias sustituye al IVA, soportando una carga tributaria desproporcionada.

En el ámbito nacional, cabe recordar que en 1990 se formalizó la creación del Partido Popular como tal, mediante la fusión de Alianza Popular (Fraga), el PDP (Alzaga) y el Partido Liberal (Segurado), en el que yo militaba como diputado y portavoz adjunto en el Congreso.

Tal vez sea oportuno, llegado este punto, ir más allá del relato de hechos personales –aunque esa sea la finalidad de estas entregas– y detenerme un momento en el sentido institucional de los cabildos insulares, donde desempeñé gran parte de mi labor pública. Ampliaré esta visión cuando aborde mi etapa como presidente del Cabildo de Gran Canaria (2011–2015), pero ya desde ahora quiero dejar constancia de su valor.

Los cabildos tienen un origen remoto: se remontan a los años iniciales de la conquista y al reinado de los Reyes Católicos. Fue el Fuero de Gran Canaria de 1494 el primero en establecer un cabildo-ayuntamiento para esta isla, modelo que luego se replicó en las otras islas de Realengo (Tenerife, La Palma) y Señorío (Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera y El Hierro).

Este modelo funcionó hasta 1812, cuando, tras la invasión napoleónica, se crearon en España las provincias, y en 1813 se instauró la provincia única de Canarias, con capital en Santa Cruz de Tenerife.

Fue el abogado majorero Manuel Velázquez Cabrera quien lideró la reivindicación para recuperar los cabildos insulares. Contó con el apoyo de los hermanos Fernando y Juan León y Castillo, así como del diputado José del Perojo, quien murió en su escaño en el Congreso en 1909. Esta propuesta se insertó en el contexto del llamado pleito insular y la cuestión de la división provincial, a la que dedicaré un capítulo aparte.

La ley que dio vida a los cabildos fue impulsada por el presidente del Gobierno José Canalejas. Aprobada en 1912, se ejecutó en 1913, con la creación de todos los cabildos insulares (salvo el de El Hierro, que se constituyó en 1925, al no haber dos municipios en la isla hasta entonces, requisito indispensable según la ley de 1912).

Quiero concluir esta entrega con unas palabras del propio Canalejas, pronunciadas en las Cortes durante el debate de esa ley, recogidas en el Diario de Sesiones del 25 de junio de 1912:

«¿Qué es el Cabildo? Es mucho más importante que la Mancomunidad. Es asegurar a todas las islas, absolutamente a todas las del Archipiélago, mediante la organización de los Cabildos Insulares, las condiciones que necesitan y que están requeridas por su propia situación geográfica. Si vosotros tenéis fe en los Cabildos insulares, que marcan una nueva etapa en la Historia de España... tenéis resuelto el problema, porque todo el problema se reduce a dotar de vida, de personalidad y de vigor a los Cabildos insulares. Todas las demás cuestiones son subalternas».

Canalejas pensó –quizás con ingenuidad– que la creación de los cabildos resolvería el pleito insular. Se equivocó. Y no tuvo tiempo de comprobarlo: un año después fue asesinado por un anarquista.

En cualquier caso, los cabildos cuentan hoy con respaldo constitucional y estatutario. El artículo 141 de la Constitución de 1978 establece que las islas contarán con una administración propia en forma de cabildos (en Baleares, los consells, creados siguiendo el modelo canario). El Estatuto de Autonomía también los reconoce como instituciones autonómicas, manteniendo también el rango de corporaciones locales.

Como dijo Velázquez Cabrera, la isla es «la entidad de mayor personalidad geográfica que existe» y por eso el cabildo, en palabras de Bernardino Correa Viera, «se adapta a la isla como el guante a la mano».