Camino a Europa. Canarias, siempre presente

Conviene recordar que España ingresó en la CEE con efecto a partir del 1 de enero de 1986, en virtud del Tratado de Adhesión. En cuanto a la OTAN, España había entrado en 1982, bajo el gobierno de UCD y la presidencia de Leopoldo Calvo-Sotelo. No obstante, el PSOE, que había sido inicialmente contrario- 'OTAN de entrada no' fue uno de sus lemas de campaña en las elecciones de octubre de 1982—, convocó un referéndum el 12 de marzo de 1986. En él, el 'sí' a la permanencia en la OTAN obtuvo el 56,85% de los votos.

Canarias, como parte de España, también se integró en Europa. Pero los políticos canarios, sin excepción, defendimos siempre las singularidades y especificidades que nuestra historia y geografía exigen —y que siguen exigiendo hoy.

En esta entrega haré un balance personal, necesariamente breve, de aquella etapa política, parte de la cual compaginé desde 1987 con mi labor como consejero del Cabildo Insular de Gran Canaria. Sin embargo, hoy me limitaré a mi actividad parlamentaria.

Durante la legislatura 1986-1989, intervine en un total de 230 ocasiones en comisiones legislativas y de control, y en 143 ocasiones en el Pleno del Congreso, todas recogidas en los correspondientes Diarios de Sesiones.

Como ya relaté en entregas anteriores, desde las Cortes Constituyentes (1977–1978), la primera legislatura (1979–1982) con gobiernos de UCD, y la segunda (1982–1986), en la oposición al gobierno socialista, gran parte de mis intervenciones se centraron en temas económicos y presupuestarios, ya que fui ponente de todos los Presupuestos Generales del Estado entre 1977 y 1989.

Durante el periodo 1986–1989, en nombre de la Agrupación Liberal, integrada en el Grupo Popular, presenté y defendí enmiendas de totalidad a los Presupuestos Generales del Estado para 1987, 1988 y 1989, debatiendo directamente con un ministro de Hacienda tan preparado como Carlos Solchaga. En el periodo anterior (1982–1986), también tuve enfrente a adversarios de peso como Miguel Boyer (vicepresidente y ministro de Hacienda) y José Borrell, quien me sucedió en 1982 como subsecretario de Presupuestos y Gasto Público.

Como muestra de mis planteamientos, cito un fragmento del Diario de Sesiones 149/88, durante el debate de totalidad de los presupuestos para 1989. En defensa del poder adquisitivo de funcionarios y pensionistas, manifesté:

«La cuestión fundamental que se plantea con el tratamiento de las pensiones es prácticamente idéntica a la que suscita el debate sobre el incremento de las retribuciones de los funcionarios públicos. Y esa cuestión fundamental es si el incremento del 4% previsto por el Gobierno supone o no una pérdida del poder adquisitivo de pensionistas —y de los funcionarios—; en definitiva, si los Presupuestos hacen el esfuerzo social que deberían realizar».

Como era de esperar, con la mayoría parlamentaria del Grupo Socialista, la enmienda fue derrotada. Es cierto que, como replicó el ministro Solchaga, la partida global para pensiones aumentó más del 4%, pero ese incremento fue debido al aumento en el número de pensionistas, no a mejoras individuales en la cuantía de las pensiones.

Por razones de espacio, omito reproducir otros debates, aunque mencionaré algunos ejemplos de intervenciones destacadas:

-Sobre el futuro de la televisión pública (Diario de Sesiones 6/86, de 24-9-1986).

-Sobre la Ley de Costas (Diario de Sesiones 92/88, de 1 de marzo de 1988).

El 29 de abril de 1987, en una interpelación del Grupo Popular, defendida por el también diputado canario Paulino Montesdeoca, destaqué que la entrada de España en la CEE desde el 1 de enero de 1986 era, en general, positiva y necesaria para superar décadas de aislamiento. Para Canarias también resultaba beneficiosa, pero señalé que el Protocolo nº 2, negociado específicamente para nuestro archipiélago como región ultraperiférica, no era suficientemente generoso, especialmente con el sector agrícola, duramente afectado. Además, advertí que problemas como el paro o la escasez de vivienda carecían de solución inmediata. Así quedó recogido en el Diario de Sesiones de ese día.

El 25 de febrero de 1988, participé en el debate sobre el Estado de la Nación —inspirado en el discurso anual del presidente de los EE. UU., adoptado por iniciativa de Felipe González—. Defendí diversas propuestas de la Agrupación Liberal sobre funcionamiento democrático, televisión pública, estatuto de la empresa pública, lucha contra la delincuencia y las drogas, y, por supuesto, sobre Canarias.

Cito del Diario de Sesiones 89/88:

«Proponemos, señor Presidente, que, en el marco de las negociaciones permanentes entre países, el Gobierno de España defienda la singularidad del Protocolo nº 2, referido a Canarias, que —como se sabe— fue negociado a última hora en el Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, y que dejó a determinados sectores como la industria, la agricultura y la pesca en situación de inferioridad, incluso respecto a terceros países que se relacionan con la CEE.»

Permítanme concluir con una reflexión que va más allá de la rendición de cuentas sobre mi actividad política en aquellos años. Al repasar estos debates y discursos de hace casi cuarenta años, me pregunto: ¿Hemos avanzado realmente en la resolución de los problemas históricos de Canarias? El paro, la escasez de vivienda, la insuficiencia de inversión estatal, el estatuto precario de región ultraperiférica…

Es cierto que se han logrado avances en sanidad, educación, infraestructuras y turismo. Pero muchas carencias persisten. Algunas, como la inmigración ilegal y el drama humano que conlleva, incluso se han agravado. Y en África —el continente al que geográficamente pertenecemos—, se alza hoy un déficit humanitario sobrecogedor.

Todo esto sucede mientras crece un clima de enfrentamiento cada vez más barriobajero entre los principales partidos y líderes políticos. ¿Es este el camino que debemos seguir, hacia el abismo? ¿No sería hora de detenernos, respirar hondo, recuperar el consenso básico y aspirar, con verdadero patriotismo, a metas comunes —nacionales y europeas—?