Cuando la situación apremia, la legislación española contempla tramitaciones de urgencia que, si bien reducen los controles respecto al procedimiento, al menos dan una mayor ... agilidad a la acción propuesta. Ejemplos recientes tenemos varios. El más llamativo, el que permitió sortear los concursos para la compra de mascarillas y de test durante la pandemia de la covid-19. Sin esa ventana administrativa (corruptelas aparte, que haberlas, haylas), habrían muerto aún más trabajadores sanitarios y más enfermos.
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En ese caso se justificaron por la emergencia de hacer frente a una enfermedad entonces muy mortífera. Su aplicación pareció razonable, por eso me pregunto si sería o no posible recurrir a una fórmula similar para dar una respuesta rápida y eficiente a enfermos como los que sufren Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en España, que estos días alzaron la voz, y con razón, porque justamente si hay algo que no tienen estos enfermos es tiempo.
Aquella victoria social que les supuso la aprobación de la llamada ley ELA a finales de 2024, que, por cierto, tanto les costó, se ha visto empañada por la habitual y siempre compleja tramitación burocrática que puede retrasar 'sine die' las ayudas. El Gobierno de España no puede permanecer ajeno a esta necesidad y debería arbitrar cuántos mecanismos sean posibles para garantizar a todos estos afectados una supervivencia digna.
Por lo pronto, la confederación de pacientes ConELA ha instado a poner en marcha un plan de choque de 63 millones para cubrir las necesidades de los entre 500 y 600 pacientes que se estima que hay en la fase más avanzada de la enfermedad. Pura calderilla para un Estado. Solo hace falta una mayor voluntad política.
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