Vertidos

La Unión Europea lleva tiempo advirtiendo y sancionando a España por la situación de los vertidos en Canarias. Por su parte, el Estado traslada el tirón de orejas al Gobierno de Canarias y este, a su vez, mira hacia los cabildos y los ayuntamientos. Como en esto de devolver la pelota, las administraciones son auténticas maestras, pues resulta que las corporaciones insulares y locales se quejan de falta de personal y de recursos económicos para arreglar el desaguisado, de manera que ponen ojitos llorones y miran al Ejecutivo canario, al Estado y a las fondos comunitarios a ver si de allí llegan los cuartos necesarios. Y así pasa el tiempo y los vertidos siguen.

Bien es verdad que la realidad varía mucho según las islas. Aunque el Gobierno canario tampoco lo quiere decir en alto para no sacar los colores a unos más que a otros, son Tenerife y las llamadas islas verdes las que presentan una peor situación. ¿Y por qué? Básicamente porque son las que han apostado por un modelo de desarrollo en el que los ayuntamientos se han guiado por la máxima de 'dejar hacer' a particulares lo que les daba gana en materia de urbanismo y, en paralelo, de oferta turística. Así, son también los núcleos turísticos los que peor imagen ofrecen en materia de vertidos, básicamente porque se abrió la mano a ampliar las camas alojativas y no se tuvo en cuenta qué hacer con las aguas residuales.

Europa ya se ha cansado de esperar y ha pasado de las buenas palabras a las multas. Pero ya es hora de que los ayuntamientos dejen de esconderse bajo el ala cual avestruz y asuman que les toca poner orden. No solo arreglando el desaguisado sino garantizando una política de inspección y sanción que sea eficaz. Y no solo por la imagen turística -que también- sino por la saluda de todos.