Del director

Informe anual

Los gobiernos (central y autonómico) y los ayuntamientos tienen mucho que decir

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 25 de junio 2024, 23:07

Cuenta la leyenda que cuando toca confeccionar el informe anual de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), que representa a la patronal de Las Palmas, ... su vicepresidente y secretario general, José Cristóbal García, es algo así como un pequeño demonio de Tasmania al que no se le puede ni hablar. Se pasa el día revisando números, releyendo informes, corrigiendo detalles, añadiendo párrafos, quitando y poniendo gráficos... hasta que, ¡alabado sea el Dios de la macro y la microeconomía!, se abren los cielos y el informe está completo. Entonces ese diablo de Tasmania muta en un tipo incluso bonachón.

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Sea o no cierta la leyenda, echando un primer vistazo al informe de este año se entiende la dedicación. En esta ocasión la Confederación no solo ha querido aportar una montaña de números y comparaciones con ejercicios anteriores, sino introducir reflexiones sobre el debate de moda (en realidad, es la misma moda casi todos los años): ¿hay que revisar el modelo económico de Canarias? ¿Es hora de darle una vuelta a la dependencia del turismo?

En esa línea, la Confederación deja caer algunos mensajes de calado, que evidentemente están influidos por el lado de la barrera en que se encuentra el empresario, pero es que eso es lo que se espera de ellos: no son legisladores y no son gestores públicos, de manera que pueden (y deben) dar su visión, a la espera de que otros tomen decisiones según las responsabilidades que han asumido.

En ese sentido, queriendo o sin querer, del informe de la CCE se trasluce la sensación de que se ha implantado un debate maniqueo que enlaza la revisión del modelo económico con culpar a los empresarios de males que no son de su competencia. Es el caso del mercado de la vivienda y los elevados precios de los alquileres por la falta de oferta ante un incremento de la demanda. En ese punto es evidente que la responsabilidad no es de quien construye, sino de quienes durante décadas optaron por no hacer o incentivar la vivienda de promoción pública. Y ahí los gobiernos (central y autonómico) y los ayuntamientos tienen mucho que decir. Lo mismo respecto a la crítica sobre la proliferación del alquiler vacacional. ¿O es que las concejalías de Turismo y de Urbanismo no se dieron cuenta de la proliferación de esas unidades habitacionales? ¿O es que las asociaciones de vecinos no llevan tiempo pidiendo una regulación?

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Todo eso, y mucho más, está entre líneas en el informe de la CCE de este año. El demonio de Tasmania ha hecho bien su trabajo.

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