Aforamientos

Lo ocurrido con Miguel Ángel Gallardo, que así se llama ese dechado de 'aforamiento interesado', reabre el debate sobre la conveniencia o no de limitar una figura que se remonta, según los estudiosos, a tiempos casi inmemoriales y que se puede encontrar en la jurisprudencia de países tan cercanos como Francia o el Reino Unido. Canarias, sin embargo, fue pionera en acabar con el aforamiento: se aprovechó para ello la última reforma del Estatuto de Autonomía, lo cual no fue óbice para algunos casos en los que se recurrió a esa vía utilizando para ello un pasadizo político (dejar la política regional para conseguir plaza en el Senado).

El propio juez Manuel Marchena, que en estos días anda de gira promocionando su libro, ha planteado la conveniencia de reducir los aforamientos. El punto de mira se coloca siempre en los políticos, empezando por diputados regionales y siguiendo por presidentes y consejeros autonómicos. Pero creo que también hay que darle una vuelta a que los integrantes del mundo jurídico cuenten con ese trato 'privilegiado'. ¿Es que desconfían de un juez de primera instancia?

Los libros de historia cuentan que el aforamiento iba unido al blindaje de las opiniones de quienes se dedicaban a la política, pero después se abrió el abanico y se incluyó todo tipo de actuaciones. Los ejemplos nos asaltan ahora como si fueran una bofetada: el exministro Ábalos, por ejemplo, no está investigado por lo que dijo siendo parlamentario sino por hechos que se encuadran en presuntos delitos de corrupción, de manera que no se entiende bien la necesidad del aforamiento. Como tampoco que la investigación en torno a la dana valenciana no suba de nivel y alcance al presidente Mazón porque eso supondría trasladar al expediente al TSJC.

Si de verdad entendemos que esto es el siglo XXI y que hay que alimentar la fe del ciudadano en las instituciones, hay herencias a revisar ya mismo. Como los aforamientos a mansalva.