Con bastante retraso, el Gobierno central ha completado el desarrollo del real decreto ley que modificó la normativa de extranjería, lo que permite la derivación ... obligatoria de los menores inmigrantes no acompañados que hay en Canarias hacia otras autonomías. Se trata -y conviene subrayarlo- de un mecanismo que es aplicable a cualquier autonomía que supere ampliamente la capacidad de acogida fijada de acuerdo con los criterios aprobados, lo que ha llevado ya a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla a seguir los pasos del archipiélago y acogerse al mismo. No estamos, por tanto, ante un decreto concebido como un traje a la medida de Canarias, sino que es trasladable a todos los territorios de España.
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Desde el primer momento, esos cambios normativos han estado rodeados de polémica por el hecho de que Cataluña y País Vasco son las autonomías que menor cantidad de menores acogerán. Es el resultado de tener en cuenta que hasta la fecha sí han sido receptoras de manera preferente de inmigrantes. Más allá del debate político en torno a este hecho, hay unos recursos ya presentados y admitidos a trámite en el Tribunal Constitucional, de manera que habrá que esperar a la resolución de los mismos.
Mientras tanto, el decreto ley que modificó el artículo 35 de la Ley de Extranjería está en vigor, fue convalidado en el Congreso y corresponde al Estado garantizar su aplicación. Y sobre esto no hay margen para más demoras. Menos aún si tenemos en cuenta que se eligió un mecanismo legal que se fundamenta en la urgente necesidad del mismo, evitando así la lentitud en la tramitación de un proyecto o una proposición de ley. Es por ello que las miradas han de centrarse en los ministerios y las delegaciones del Gobierno, que son los implicados en hacer realidad las derivaciones sin dilaciones.
El colapso en la acogida que sufre Canarias no se resuelve con salidas a cuentagotas, como estamos viendo en el caso de los menores en situación de asilo. No es de recibo esa lentitud cuando lo que está en juego es proteger los derechos de los menores de edad y garantizarles una acogida con todas las garantías y orientada, sobre todo, a que cuando sean mayores de edad tengan un futuro en condiciones. Bastante tiempo lleva Canarias esperando por la solución a este asunto como para ahora disculpar a la Administración estatal si no es ágil en el cumplimiento de los decretos y firme con quienes se opongan a acatarlos.
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