Derecho a protestar

Pero las cosas no funcionan así. Nunca han funcionado así.

La crítica cívica, las manifestaciones, las huelgas o los movimientos ciudadanos no están ni pensados ni diseñados para ser cómodos, sino precisamente para incomodar. Para señalar lo que falla. Para poner en pausa la normalidad. Porque, si todo sigue igual, si no se altera la rutina del poder, si no se desafía el relato oficial, nada cambia.

Pretender que una huelga no interrumpa el servicio afectado, que una protesta no corte el tráfico o que una concentración se parezca más a la actuación del coro dominical que a la de un grupo de personas reclamando o clamando por algo es desactivar por completo la esencia de cualquier forma de disidencia. Es pedir que los de abajo se comporten con buenas maneras mientras los de arriba siguen actuando con total impunidad.

Y no se trata de justificar la violencia ni el caos. Se trata de reconocer que el conflicto es parte de la democracia. Que avanzar implica fricción. Que detrás de cada derecho conquistado hubo gente que gritó, que paró máquinas, que dijo basta. Que molestó. Y que, sí, incomodó profundamente, incluso a veces fastidiándonos la salida de las vacaciones, la escapada romántica o la cabalgata del carnaval. E, incluso, privando a los aficionados de ver el final de una competición deportiva.

Lo pusilánime no transforma nada. La protesta educada, la diplomática, es para la política en la que siempre parece que se hace algo aunque no se haga nada. Puede que tranquilice conciencias, pero no abre caminos.

Qué distinto se juzga, sin embargo, el matonismo del líder carismático, el machaque del abusón con poder, el matar a miles de personas inocentes en nombre de un supuesto derecho a la defensa.

La protesta festivo-folclórica es de por sí inútil, y quizás sea eso lo que precisamente quieren algunos.