El ex director general de la Policía, Ignacio Cosidó, comparece en la comisión de investigación de la operación 'Kitchen' del Congreso de los Diputados / EP

El 'whatsapp' que paralizó la renovación del Poder Judicial

Se cumplen tres años de que el acuerdo entre PP y PSOE para renovar el CGPJ saltase por los aires por la filtración de un mensaje en el grupo popular del Senado

Javier Arias Lomo
JAVIER ARIAS LOMO

El 'whatsapp' que desencadenó la parálisis en la que se encuentra sumida en la actualidad el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple hoy tres años. Cinco días después de que PP y PSOE alcanzasen un acuerdo para renovar el órgano de Gobierno de los Jueces, en noviembre de 2018, este saltó por los aires tras difundir el entonces presidente popular en el Senado, Ignacio Cosidò, un mensaje de 'whatssapp' presumiendo de que «controlarían desde atrás» varios órganos clave del Tribunal Supremo.

Aquel mensaje precipitó la renuncia del magistrado Manuel Marchena a presidir el Alto Tribunal, provocando que el primer y único gran pacto político de aquella legislatura (2016-2019) entre los dos grandes partidos saltase por los aires y abocase al Poder Judicial -que lleva desde entonces ejerciendo sus funciones ante el bloqueo político- en una profunda crisis institucional.

En el mensaje Cosidó explicaba a sus compañeros «el pacto previo» alcanzado con los socialistas, que podían elegir 11 vocales del CGPJ, mientras que los populares tendrían capacidad de dar los nombres de nueve «más la presidencia». Este último, un puesto clave que supuestamente deben elegir los vocales elegidos por el Congreso y el Senado, pero que desde el primer momento de la negociación se le adjudicó a Marchena.

Cosidó presumía de ello en el mensaje enviado al grupo de 'whatssap': «Un presidente gran jurista con muchísima experiencia en el Supremo, que prestigiará el TS y el CGPJ, que falta le hace, con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0».

El magistrado canario rechazó afrontar la dirección de un Consejo con el lastre de aquellos mensajes y descolocó a las formaciones políticas que habían sellado el pacto unos días antes, aunque la realidad es que su figura e imparcialidad salieron bastantes reforzadas.

«Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal», recalcó entonces en un comunicado.

Además, su decisión tuvo otra consecuencia directa sobre el juicio más importante vivido en España en los últimos años, el 'procès'. Y es que Marchena, como máximo responsable de la Sala de lo Penal, iba a ser el encargado de juzgar a los líderes independentistas por el 1 de octubre. Algo que finalmente hizo tras renunciar a reemplazar a Carlos Lesmes al frente del Supremo, que hoy sigue ejerciendo como presidente en funciones.

Este fue, probablemente, uno de los motivos de peso por los que Marchena tomo tal decisión. Su temor a que se intentase atacar el corazón de la vista oral quedó fundado dos horas después del anuncio de su renuncia, cuando Oriol Junqueras y otros cuatro políticos presos solicitaron su recusación. No obstante, quedó en nada tras la rotunda respuesta del magistrado a los mensajes, lo que desactivó la posibilidad de que triunfasen las peticiones para apartarle.

Autoría

Una vez que estalló la bomba de los mensajes Cosidó y todo lo que conllevó la pregunta que sobrevoló el ambiente entonces y que aún hoy sigue sin respuesta es quién fue el autor de aquel mensaje de WhatsApp que intentaba calmar los ánimos en las filas populares tras acordar la pérdida de la mayoría conservadora en el CGPJ, además de qué senador lo filtró después.

El 'famoso' grupo de 'whatssap', en el que estaban los 146 senadores del PP, se disolvió poco tiempo después. Todos sabían que Cosidó no había escrito el mensaje, pero nadie reveló el verdadero artífice del 'whatssap' que echó por tierra aquel pacto entre PP y PSOE.

Tras ello el PP encontró un acomodo para su expresidente en el Senado en la Junta de Castilla y León como asesor, pero el arma arrojadiza en el que se convirtió su nombramiento -se decía que asesoraba en materia de «despoblación»- y su complicado papel en la trama Kitchen, dónde la Fiscalía ha pedido su imputación- propiciaron su cese, a petición propia, el pasado mes de septiembre.