Mónica Oltra y Aitana Mas. / EP

El elástico código ético de los partidos

La aluminosis de la corrupción ha obligado a los partidos a adoptar reglas de conducta. Pero casos como la negativa a dimitir, hasta que no tuvo otro remedio, de la exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra evidencian el trecho que va en ocasiones de lo que se predica a lo que se hace

Javier Arias Lomo
JAVIER ARIAS LOMO

PSOE

Las dos varas de medir con 'Gürtel' y el 'casode los ERE' andaluces

La corrupción, a raíz de 'Gürtel', que motivó la moción de censura contra Mariano Rajoy hizo que el PSOE y sus aliados se mostrasen implacables con cualquier sospecha de conducta ilícita. Recién aterrizado en el poder, el presidente Sánchez se vio obligado a prescindir –ambos dimitieron– de dos de sus ministros, Máxim Huerta y Carmen Montón, uno por fraude fiscal y ella, por irregularidades en un máster. Pero la presión se ha aligerado y nada ha sucedido por ahora con los tres altos cargos del Ministerio de Sanidad investigados por algunos contratos durante la pandemia. El código ético de los socialistas establece la suspensión si a los militantes se les abre juicio oral; ni el presidente del CIS, José Félix Tezanos, ni el alcalde de Vigo, Abel Caballero, tuvieron que entregar el carné porque sus respectivas imputaciones terminaron archivadas. Los expresidentes del partido Manuel Chaves y José Antonio Griñán sí renunciaron al ser condenados por los ERE, pero tras cuatro cambios en el código para ampararles. Y ambos fueron alabados en la reciente campaña andaluza.

Partido Popular

El lastre de la corrupción utilizado, también, como arma intestina

'Corrupción' es un término tan maldito en casa de los populares –esa Génova 13 que la dirección de Alberto Núñez Feijóo ya no venderá– que Pablo Casado llegó a negarse a responder sobre cualquier irregularidad fuera de su mandato. Casado lanzó una OPAinterna contra Isabel Díaz Ayuso a cuenta de los supuestos contratos irregulares con su hermano durante la pandemia –abrió expediente a la presidenta un viernes y lo cerró el sábado– que se le volvió en contra como un bumerán; la investigación ha sido archivada por Anticorrupción. La última vez que el PP endureció su código, en 2018, no tocó la posibilidad de que sus integrantes se viesen obligados a dimitir. Únicamente menciona la lucha contra la corrupción e incluye un capítulo para los regalos vetados. El diputado Alberto Casero, famoso por errar en la votación de la reforma laboral, está imputado en una causa cuando era alcalde de Trujillo. Y la cúpula popular se ha puesto de perfil para que no le salpique el presunto fraude en las mascarillas en Madrid de los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño.

Vox

Su propia fórmula enel Congreso en nombre del «amor a España»

Un decálogo de preceptos éticos y morales por los que regirse sintetiza el código de conducta de la formación liderada por Santiago Abascal, que hasta ahora no ha sido señalado por grandes casos de corrupción más alla de algún concejal o dirigente autonómico. Un código que comienza poniendo sobre relieve que la principal y primera razón del cargo es «el amor a España y su defensa hasta las últimas consecuencias». Lo que sí desoyeron los 52 diputados de Vox nada más aterrizar en el Congreso fue el código ético de la propia Cámara baja. En vez de detallar las actividades realizadas y los regalos recibidos durante los cinco años anteriores a asumir el cargo, rellenaron sus declaraciones de intereses con la misma fórmula, declarando que su actividad está siempre al servicio del «interés superior de España» y en ningún caso se puede ver condicionada por otros factores. El código del Congreso aprobado el pasado octubre obliga a los diputados a acatar una serie de normas para que sus conductas sean más transparentes.

Unidas Podemos

El «acoso judicial» como excepción para no tener que dimitir

Los morados han moldeado su código ético a medida que sus problemas con la justicia lo han requerido. En 2018 eliminaron la obligación de dimitir si mediaba imputación, blindando así a un Pablo Iglesias que entonces estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional por tres presuntos ilícitos en el 'caso Dina': descubrimiento de secretos con agravante de género, daños informáticos y denuncia falsa y/o simulación de delito por la tarjeta del móvil robada a su exasesora, Dina Bousselham. El Supremo archivó la causa. Ione Belarra, la actual secretaria general de Podemos, se presentó a la IV Asamblea hace un año con unos nuevos estatutos donde se recurre al «acoso judicial» como excepción para no dimitir, lo que amparó al diputado Alberto Rodríguez tras ser condenado por el Supremo por agredir a un policía en una manifestación en 2014 y a Isa Serra, sentenciada por un desahucio también ese año. La coalición ha cerrado filas con Mónica Oltra al ser investigada por encubrir supuestamente los abusos de su exmarido a una menor tutelada.

Esquerra y Junts

El 3%, los Pujol, el procès... y ahora el juicio contra Borràs

l inminente procesamiento de Laura Borràs por fraccionar presuntamente 18 contratos para adjudicárselos a dedo a un amigo suyo va a poner a prueba a las dos grandes familias del independentismo que se sientan en el Govern. Borràs puede ser removida de la presidencia del Parlament en virtud de un articulo impulsado por la CUP –y apoyado por el grupo de Junts que ella encabeza ahora– contra la corrupción. Dejando aparte el referéndum ilegal del 1-0 y los presos del procès, Esquerra Republicana siempre se ha jactado de no tener una corruptela en sus 85 años de historia, por contraste con las mordidas del 3% bajo los gobiernos de CiU y las acusaciones que acumulan los integrantes del clan Pujol. Pero a ERC le ha estallado el 'caso Volhov', una macrocausa que investiga el posible desvío de dinero público para financiar a Puigdemont en Waterloo, la 'trama rusa' del procés o los negocios de Xavier Vendrell –ex alto cargo republicano– y el ex de CiU David Madí aprovechando sus conexiones con el Govern.