El Consejo de Europa reprueba al Gobierno por «falta de determinación» contra la corrupción

El Consejo, conformado por 46 Estados y centrado en la promoción de la democracia en el continente, da un fuerte varapalo a España por la falta de medidas para controlar a los miembros de la Administración central, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, por las reformas que no se han llevado a cabo en los aforamientos, por las carencias en la regulación de los grupos de presión y por los obstáculos en transparencia y buen gobierno

Candentes los escándalos que involucran a los exdirigentes del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos y al popular Cristóbal Montoro, el Consejo de Europa lamenta la falta de «medidas decididas y resultados tangibles» en relación con las recomendaciones formuladas sobre los altos cargos del Ejecutivo (lo que concerniría a los dos exministros citados). Expone, por ejemplo, que sigue pendiente la aplicación del Plan de Acción para la Democracia, ya aprobado, y especialmente la Ley de Administración abierta, todavía sin refrendar.

Además, el informe recuerda que no se ha tomado ninguna iniciativa para reformar el aforamiento (la figura del sistema penal que hace que los políticos sean juzgados en un tribunal superior o especializado, y no en uno ordinario) y destaca la ausencia de formación sobre el Código de Conducta para los altos cargos, así como los retrasos en la aplicación de una estrategia de integridad y la incapacidad sancionadora del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El uso del fuero ha sido puesto en cuestión recientemente por haberse acogido a uno exprés el líder del PSOE extremeo, Miguel Ángel Gallardo, procesado en la causa abierta al hermano de Pedro Sánchez.

Las críticas del Greco se extienden también a la fiscalización de los 'lobbies'. El organismo señala la falta de regulación de los grupos de interés -de plena actualidad por el 'caso Montoro'- y subraya que «el requisito de publicación de las agendas sigue siendo una asignatura pendiente». También reclama reforzar las restricciones posteriores al empleo para los cargos políticos y los requisitos de declaración financiera, especialmente en lo que respecta a la supervisión independiente y la publicación de datos financieros desglosados. Así, sentencia que la Oficina de Conflictos de Intereses «sigue careciendo de verdadera independencia y de presupuesto propio».

Sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Greco echa de menos en la Policía Nacional una estrategia anticorrupción específica y más transparencia en la contratación y los nombramientos discrecionales. En la Guardia Civil, reclama la implantación del Protocolo de Buenas Prácticas.

Las conclusiones del Consejo de Europa son tajantes: España no cumple las recomendaciones y pide a las autoridades que presenten antes del 30 de junio de 2026 un informe sobre los progresos realizados en su aplicación y que adopten «medidas contundentes para lograr avances tangibles lo antes posible».

De esta forma, y si no quiere salir malparado en la nueva evaluación, el Gobierno tiene 11 meses para implementar el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, anunciado por el presidente en el Congreso el 9 de julio y elaborado con la colaboración del propio Consejo de Europa y de la OCDE. Sánchez anunció 15 medidas, entre las que se incluyen la prevención de riesgos y el fortalecimiento de los controles (con la puesta en marcha de una agencia de integridad pública independiente y auditorías a los partidos), la protección a los denunciantes de corrupción, el refuerzo de la capacidad del Estado para investigar, juzgar y sancionar o iniciativas para la recuperación de los bienes robados.

Reacciones

El PP considera que el informe del Consejo de Europa avala su tesis sobre la corrupción generalizada del Gobierno de Pedro Sánchez. El secretario general del partido, Miguel Tellado, exigió la comparecencia urgente del ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la diputación permanente del Congreso para ofrecer explicaciones. «Es el Gobierno más corrupto que se recuerda. Ya basta de fraude, mentiras y robos», dijo Tellado, que opina que Sánchez «está cada vez más desacreditado en el ámbito internacional».

En la misma línea se pronunció la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra. «Aunque Sánchez haya presionado con retrasarlo para taparlo, toda Europa sabe que está rodeado de corrupción. Su política anticorrupción no existe: son más de corromperse», escribió en un mensaje en X. Los populares acusan al Ejecutivo de haber retrasado la publicación del informe hasta «la operación salida veraniega para intentar que pasara desapercibido» y consideran que «no es extraño que un Gobierno que está hasta las cejas de corrupción como el de Sánchez no quiera mover ni un dedo para erradicarla».

En concreto, el PP rescató este viernes el caso de la Oficina de Conflicto de Intereses, «institución que fue condenada por los tribunales por no hacer su trabajo en el caso del claro conflicto de interés perpetrado por el presidente con el rescate de Air Europa, con el que benefició a una empresa que colaboraba con su mujer», dijo.

Mientras, el Gobierno trató de buscar una cara positiva en el informe. El Ministerio de Justicia señaló que el documento constata que «España avanza en la prevención de la corrupción» porque «ya cumple parcialmente 16 de sus 19 recomendaciones» y sostiene que, desde un primer informe en 2017 en el que «se certificaba la mala situación en la que se encontraba España en la lucha contra la corrupción» tras «dos legislaturas de inacción», y en la que se «evidenciaba que no existía una política anticorrupción sistemática», las evaluaciones realizadas por el Greco «han mejorado constantemente».