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El 24 de octubre de 2019 los familiares del dictador sacaron sus restos de la basílica del Valle de los Caídos. En pequeño. Pazo de Meirás. El 2 de septiembre un juzgado sentenció que la venta fue simulada y devolvió al Estado el inmueble. EFE
Los frentes de los Franco tras la exhumación

Los frentes de los Franco tras la exhumación

Aniversario ·

Hoy se cumple un año del traslado de los restos del dictador y nuevos nubarrones judiciales penden sobre los bienes de la familia y el futuro de la fundación

Mateo Balín

Madrid

Viernes, 23 de octubre 2020

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Los frentes judiciales se le acumulan a la familia Franco al cumplirse hoy el primer aniversario de la exhumación y reubicación de los restos del dictador. El 24 de octubre de 2019 se efectuó el traslado del féretro desde el Valle de los Caídos hasta el cementerio de Mingorrubio (Madrid). Un acto sobrio que tuvo una gran expectación mediática. El Tribunal Supremo había avalado un mes antes el decreto del Gobierno tras rechazar por unanimidad el recurso de los nietos, que propusieron la catedral madrileña de la Almudena como ubicación definitiva.

Con la pandemia mediante, en estos 12 meses desde que se produjera la histórica instantánea del helicóptero militar saliendo de Cuelgamuros con los restos de del exjefe del Estado -fallecido el 20 de noviembre de 1975- se han producido varios hitos jurídicos que afectan a los bienes de la familia Franco, como la devolución al Estado del Pazo de Meirás tras la sentencia del pasado 2 de septiembre. De forma paralela, en los próximos días comenzará la tramitación parlamentaria del anteproyecto de Ley de la Memoria Histórica, que abre la vía a la ilegalización de la fundación del mismo nombre que enaltece la figura y obra del 'generalísimo', y la retirada del Ducado de Franco, hoy en manos de su nieta mayor, Carmen Martínez-Bordiú.

La última noticia sobre el procedimiento judicial del pazo coruñés tuvo lugar la semana pasada. El juzgado de primera instancia de la capital admitió a trámite el recurso presentado por los nietos del dictador contra la sentencia de ese órgano, que ordenó la devolución del inmueble al patrimonio público tras estimar que el documento de compraventa, datado en 1938, fue fraudulento. El trámite de la admisión es casi automático y será resuelto por la juez antes de proseguir la vía de los recursos ante instancias superiores.

Pero este procedimiento civil -el primer gran revés judicial a los Franco en 42 años de democracia- puede servir de acicate para las administraciones y asociaciones privadas que lograron revertir la propiedad de Meirás. El listado de otros bienes están ahora en el punto de mira de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que presiona para que el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, continúe su acción judicial.

Cornide y pilas bautismales

Además de la finca ubicada en Sada, desde la entidad hacen referencia a obras de arte como las famosas esculturas del Maestro Mateo que formaban parte del Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago, pero también reclaman que se investigue los bienes que la Fundación Franco vendió «mediante la creación de escuelas-taller», cómo tapices, cuadros o muebles de «importante valor histórico y económico».

También el carismático edificio de la Casa Cornide, en A Coruña, construido entre 1750 y 1760 y que era un colegio antes de que pasase a ser propiedad de los Franco. Los nietos argumentan que el abuelo se lo compró a Pedro Barrié de la Maza en 1962, quien a su vez lo adquirió en una subasta pública organizada por el ayuntamiento. Sin embargo, los investigadores Carlos Babío y Manuel Pérez aportan en su obra 'Meirás. Un pazo. Un caudillo. Un expolio' documentación que desvela que todo podría haber sido un montaje para hacerse con el edificio barroco. A día de hoy sigue en manos de los Franco aunque durante el juicio de Meirás se anunció que estaba a la venta a un precio por convenir. Dispone de 1.430 metros y cuenta con 11 habitaciones y 13 baños.

Otros bienes bajo sospecha son piezas medievales de Muxía (A Coruña). La iglesia de San Julián de Moraime perdió dos pilas tras una visita de Carmen Polo en los años 60. Una de ellas se utilizaba como baptisterio. La esposa del jefe del Estado envió un camión a recogerlas y el cura, José Barrientos, lo notificó al Arzobispado de Santiago, que decidió no reclamarlas. Antes de fallecer, el párroco pidió al abogado Celso Alcaina que lo acompañara a la notaría con los libros que probaban la existencia de los desaparecidos pilones, que, según el letrado, seguirían en Meirás.

Además de estos bienes, el futuro de la Fundación Franco está en el aire cuando entre en vigor la Ley para la Memoria Histórica, que deroga la actual de 2007. No obstante, le letra de la norma deberá hilar fino ya que la prohibición de un colectivo por motivos ideológicos no soporta bien un juicio de constitucionalidad. La jurisprudencia de la corte de garantias es clara: la libertad ideológica no está sometida a límites a diferencia de Alemania, donde está ilegalizado el partido nazi o se castiga penalmente el negacionismo.

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