El abogado de Manos Limpias deja el 'caso Begoña Gómez' por la deriva política de la acusación

La decisión del letrado Carlos Perales y del procurador Xavier Valcarce ha sido comunicada formalmente este lunes al órgano judicial que dirige Juan Carlos Peinado. Lo han hecho dos meses después de transmitírselo por burofax al colectivo que lidera Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, y de que éste no haya dado en este periodo acuse de recibo tras los intentos «infructuosos» realizados por la representación procesal.

La carta fechada el 25 de septiembre en Barcelona va más allá del escrito remitido al juzgado. Afirma que la renuncia «no ha sido tomada a la ligera» y responde a un análisis «sosegado y a la constatación de que concurren circunstancias que hacen inviable mantener una defensa técnica, eficaz y plenamente coherente con los estándares de calidad, independencia y rigor jurídico».

El abogado prosigue sus explicaciones sobre la propia evolución de la causa y la posición de la acusación popular que representa. Asegura que lo que se inició como «un encargo jurídico de naturaleza estrictamente técnica» ha ido transformándose «en un asunto cuya exposición y tratamiento exceden del marco jurídico para situarse en el terreno de la controversia política y mediática».

Así, relata que en el transcurso de los acontecimientos se ha podido observar cómo las «decisiones estratégicas» ya «no se inspiran en la lógica procesal ni en la solidez de los argumentos jurídicos, sino que responden, en buena medida, a consideraciones de oportunidad política, impacto en la opinión pública o posicionamiento ideológico».

Del mismo modo, subraya que la abogacía «no puede ser confundida con el activismo político ni con la estrategia de comunicación pública» y contrasta que el abogado «debe ejercer como operador jurídico, no como agente político o portavoz mediático». En suma, admite que mantener la dirección letrada «en un escenario en el que los tiempos y los mensajes se diseñan más en clave de repercusión pública que de eficacia procesal, supondría para este despacho quebrantar el mandato profesional asumido y diluir la frontera esencial entre la defensa técnica del Derecho y la instrumentalización política del proceso».

Como colofón, Perales hace un alegato de la independencia de los letrados según el Código Deontológico de la Abogacía Española. Y denuncia que la utilización del procedimiento judicial como instrumento para la obtención de fines de naturaleza política (...) sitúa al abogado en una posición que compromete dicha neutralidad. En consecuencia, concluye, «esta deriva constituye una causa objetiva y suficiente para apartarse de la dirección letrada, en salvaguarda tanto de la independencia como de la dignidad de las Abogacías».