En patera a Inglaterra: una odisea de 33 kilómetros

Decenas de activistas españoles, muchos de ellos procedentes del País Vasco, se encontraban reunidos el miércoles por la tarde en el parque Richelieu, en el centro de esa localidad fronteriza. Allí se habían citado para homenajear al joven sudanés muerto un día antes. Representa «la 25ª víctima este año a causa de la frontera» en el noroeste francés, según la asociación gala Utopia 56. Los militantes españoles habían iniciado su viaje el 11 de julio desde Bayona y Girona, y su destino final era Calais. No resulta ninguna sorpresa que eligieran esa ciudad, puesto que ejemplifica el fracaso político y humanitario de Francia y Reino Unido a la hora de frenar la inmigración clandestina.

Pese al aumento constante de la presencia policial y la bunkerización del puerto de Calais y el Eurotúnel, no ha parado de crecer el número de refugiados y migrantes que intentan cruzar el Canal de la Mancha. Este año va camino de convertirse en otro periodo récord respecto a las travesías en alta mar. Más de 20.000 extranjeros -muchos de ellos son afganos, sudaneses, eritreos o iraníes- ya lograron llegar a territorio británico entre enero y finales de junio a través de los 'small boats', pequeñas lanchas que suelen transportar el triple o el cuádruple de los pasajeros recomendados.

La multiplicación de esas peligrosas travesías corre el riesgo de convertir el Canal de la Mancha en otro cementerio a cielo abierto como el Mediterráneo, donde han muerto más de 40.000 personas desde 2014. Las cifras en Calais se encuentran lejos de ese escalofriante balance, pero no paran de subir. 17 perdieron la vida en alta mar desde principios de año mientras intentaban llegar a las costas de Inglaterra, según datos del Ministerio francés del Interior, que no contabiliza a los que mueren debido a los impactos de un camión o en otros accidentes en la frontera. El año pasado se batió un triste récord con 77 personas ahogadas en el paso.

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller británico, Keir Starmer, anunciaron la semana pasada un nuevo acuerdo para acabar con ese fenómeno, además de reducir la inmigración irregular en esa zona. Consistirá en que las autoridades británicas devolverán a Francia aquellos que intenten cruzar la Mancha de manera clandestina -unas 50 devoluciones cada semana y un total de 1.500 al año- a cambio de permitir que lleguen a Reino Unido a través de mecanismos legales el mismo número de refugiados presentes actualmente en territorio galo.

Ese pacto ha sido recibido con escepticismo tanto por las autoridades locales como por las asociaciones humanitarias. La alcaldesa de Calais, la conservadora Natacha Bouchart, dijo que «técnicamente está al límite de la viabilidad». El acuerdo Macron-Starmer no es ni mucho menos el primero que sellan París y Londres sobre esta espinosa cuestión. Con el pacto de Touquet de 2003, la gestión de la frontera británica se desplazó a territorio galo. Desde entonces, la presencia policial francesa no ha parado de aumentar, hasta los 1.200 agentes que patrullan actualmente esa zona y no dudan en actuar con una gran dureza, por ejemplo, pinchando barcas de migrantes en el mar. Y el puerto, así como el Eurotúnel, se han convertido en un fortín.

Cuando uno se pasea por las afueras de Calais se encuentra con imágenes más bien propias de la zona fronteriza entre Israel y Cisjordania. Durante el verano de 2015, las autoridades francesas, con el dinero de los británicos, instalaron más de 30 kilómetros de alambres de espinos en la zona portuaria. Un año después, construyeron un muro de hormigón, de cuatro metros de alto y una extensión de un kilómetro.

Todas esas medidas disminuyeron de manera significativa las intrusiones en el puerto y los vagones ferroviarios, pero contribuyeron a la multiplicación de las travesías en patera, organizadas por traficantes de personas. Ante el esfuerzo de las autoridades para evitarlos, esos viajes «se producen desde puntos cada vez más alejados de las costas británicas. Y no para de aumentar la media de tripulantes, hemos pasado de 50 a 60 en el último año», advierte Arthur Dos Santos, coordinador de Utopia 56 en esa localidad fronteriza.

En octubre de 2016 tuvo lugar el desmantelamiento de la 'Jungla', donde vivían en condiciones de extrema precariedad unos 15.000 refugiados y migrantes. Y desde entonces, las autoridades francesas aplican una férrea política basada en impedir la instalación de cualquier campamento perenne. Eso no impide, sin embargo, la presencia constante de entre 1.000 y 2.000 que viven desperdigados en los bosques y edificios industriales en las afueras. Otros pocos miles intentan sobrevivir al frío, la lluvia y la suciedad en las zonas boscosas cercanas a las playas de Dunkerque.

«La policía efectúa controles una vez cada 48 horas y requisa sus tiendas de campaña. Todo eso supone un acoso para esas personas, una dispersión de sus espacios de vida y que estén cada vez más invisibilizadas. Lo que dificulta el trabajo de las asociaciones, que les aportan agua y comida», critica Dos Santos durante una entrevista en un despacho del almacén que su asociación comparte con otras en el polígono industrial de la ciudad. Cerca de ese edificio, un grupo de sudaneses malvive en un hangar abandonado y decrépito, donde al menos pueden resguardar sus objetos personales debajo de un techo.

«Aquí solo nos dedicamos a sobrevivir», reconocía Mohamed Ader, de 30 años, mientras sus compañeros se dedicaban a lavar su ropa en una vasija de plástico llena de agua o hacer un pequeño rondo con un balón deshinchado. Pese a la desconfianza que mostraban ante la presencia de periodistas, este exiliado debido a la guerra en el cuerno de África recordaba su periplo migratorio y, en concreto, su travesía en una patera por el Mediterráneo, «cuando estuve dos días sin comer». Para muchos de ellos, esta ciudad portuaria representa la penúltima etapa antes de su anhelado destino y eso se nota en su determinación.

«Hace tres meses que estoy en Calais y he intentado cruzar la frontera hasta cinco veces subiéndome a un camión, pero siempre me descubrieron», explica Abderhaman, de 31 años, quien reconoce que no tiene suficiente dinero para pagar el pasaje en 'small boat'. Este joven eritreo estaba en un pequeño campamento de compatriotas en una zona boscosa al lado de un campo de fútbol. Allí habían encendido una hoguera y jugaban a las cartas, mientras otros dejaban pasar las horas mirando la pantalla del móvil sentados sobre la hierba.

Uno de esos últimos era Biniam Yones, de 27 años, que las ha visto de todos los colores durante la semana que lleva en Calais. El primer día de su llegada a la localidad septentrional, la policía lo detuvo «y me tuvo 24 horas arrestado en una comisaría. Por ese motivo, perdí mi mochila con toda mi ropa y ahora no puedo cambiarme». «Aunque aquí la situación es muy dura, resultaba mucho peor en Libia, donde la policía te pegaba y podía matarte de un tiro», explica este eritreo, que se fue de su país con apenas 15 años. No disimula cuáles son sus intenciones: quiere ir de manera clandestina a Reino Unido en una barca, aunque eso suponga «pagar más de 1.000 euros». «Sé que se trata de un viaje peligroso, pero quiero cambiar mi vida», asegura.