Turismo cede en el alquiler vacacional para acercarse a los ayuntamientos
Jessica de León destaca se ha hecho una ley «sólida» y respaldada por los servicios jurídicos que «no han movido ni una coma» del texto
La ley de vivienda vacacional se flexibiliza sobre el texto inicial y abre la puerta a algunos cambios reclamados por los ayuntamientos como fórmula para conseguir untexto lo más consensuadoposible y conseguir el apoyo de los alcaldes.
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El anteproyecto de ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, que obtuvo el visto bueno del Gobierno, cede a la exigencia de que los municipios puedan destinar más suelo del previsto inicialmente a esta modalidad turística «si acreditan mediante un estudio de capacidad de carga que sus servicios no se verán colapsados».
La consejera de Turismo, Jessica de León, puntualizó que el primer documento elaborado por su departamento recogía que el 90% del suelo debía ser para uso residencial y el 10 % -20% en el caso de las islas verdes- para vivienda vacacional.
Sin embargo, los ayuntamientos, fundamentalmente los turísticos, han expresado su posición en contra y consideran que son estas corporaciones las que deben decidir el porcentaje atendiendo a sus circunstancias.
Ahora, este porcentaje del 10% puede incrementarse si un estudio de capacidad de carga debe acreditar que los servicios -vivienda, agua, medioambiente, etc.- que se prestan aportan «calidad de vida» a los residentes y no se ven «colapsados» por la flotación flotante.
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Posiciones mucho más cerca
Además, la actividad podrá ser regulada por una ordenanza insular que queda exenta del trámite ambiental. De esta forma, señaló De León, «las posiciones entre Gobierno y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) están mucho más cerca».
Una vez se pronuncie el Consejo Consultivo -que debe emitir su informe en un plazo de 15 días-, la Consejería se volverá a reunir con cabildos y ayuntamientos para aclarar los trámites que corresponden a estas entidades.
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Como «líneas rojas», la consejera señaló que cuando la ley entre en vigor, no podrá implantarse ni una vivienda vacacional si no lo recoge el planeamiento, una condición, dijo, que es la «columna vertebral» del anteproyecto.
Además, recordó que las viviendas de protección oficial no se pueden comercializar como vivienda vacacional o que edificios completos no se podrán destinar a esta actividad. Esas condiciones, aseguró, nunca han sido discutidas por las entidades locales.
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De León confía en que el proyecto de ley inicie el trámite legislativo antes de fin de año y confía en que los grupos «lo enriquezcan» y «no lo echen atrás».
Hizo hincapié en que los servicios jurídicos de la comunidad no han puesto peros al documento. «No han movido ni una coma» del texto, que también se ha enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para su análisis.
Desde que se anunció la ley para ordenar «el caos» en torno a la vivienda vacacional, se han inscrito unas 10.000 declaraciones responsables.
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