Los expertos ven en los efectos de la vivienda vacacional un germen principal de las protestas
Defienden la ley de los pisos turísticos y afirman que beneficia incluso a quienes la critican porque echará del mercado oferta irregular
A casi dos años de su entrada en escena, la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, popularmente conocida como la ley de vivienda vacacional y que está actualmente en trámite parlamentario, sigue generando un inmenso debate en torno a su viabilidad y legitimidad.
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Con la oposición generalizada de cabildos, ayuntamientos y propietarios, expertos jurídicos de las islas la califican como una ley «valiente y disruptiva» cuyo papel y objetivo no es el de demonizar y acabar con esta actividad económica sino de regularla y proteger al que sí cumple con los requisitos, haya entregado la declaración responsable y haya completado todo el proceso en tiempo y forma, buscando eliminar al que haya estado ejerciendo su actividad de forma ilegal.
El catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Carmelo León, defendió ayer el esfuerzo que ha hecho el archipiélago para contener el turismo en los últimos años, con normas restrictivas como la moratoria que limitaba el crecimiento y que protegieron un 40 % del territorio de las islas mediante espacios naturales.
Con la ley en la mano, todavía hay hueco para 40.000 pisos turísticos más. ¿Dónde está la restricción? pregunta Rodríguez
Sin embargo, frente a este «esfuerzo histórico», citando que en ningún momento se ha sido «expansionista, se ha producido un fuerte incremento de la vivienda vacacional que ha venido a distorsionar el sector. «Es una oferta que no ha ido al mismo nivel de exigencia que la oferta vacacional reglada y que está dinamitando el sector», denunció León en un encuentro celebrado en Baleares y donde se trató la masificación del sector.
Según León, la oferta ilegal que se promociona en las plataformas como Airbnb o Booking es uno de los principales desafíos del sector turístico. Es por esta razón que surge la ley de vivienda vacacional, para acabar con el concepto de actuar bajo el «libre albedrío» de tanto propietarios como del mercado, tal y como defiende, Miguel Ángel Rodríguez, director general de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, principal artífice de esta normativa.
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Por su parte, la profesora de Derecho Mercantil de la ULPGC y abogada, María José Estrada opina que los propietarios de pisos turísticos deben «abrir la mente» y entender que esta ley, lo que de verdad pretende es defender a los actuales propietarios, protegiendo al que cumple por encima del que no lo hace, beneficiando también a los turistas que hacen uso del servicio, permitiéndoles disfrutar de un servicio de mayor calidad y competitividad. «Es atrevida y a lo mejor proteccionista pero tiene en cuenta tanto a empresarios, residentes como visitantes».
Sobre la oferta ilegal que aparece en las plataformas antes mencionadas, Rodríguez explicó que ahí está el nicho de actuación de los legisladores, con una ampliación de inspección y sanción en la comercialización y no en la calle, ya que ahí se hace imposible abarcar toda la oferta. En respuesta a aquellos que ven la ley restrictiva plantea que si pueden ocupar el 10% del total de viviendas de Canarias, todavía hay hueco para 40.000 pisos turísticos más.
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