Los afectados por la ley del Turismo piden archivar todas las multas
La petición solicita la rendición de sanciones y reconocer a los apartamentos y bungalows como auténticas viviendas
La Presidenta de la Plataforma de afectados por la ley turística (PALT), Maribe Doreste, ha presentado este miércoles una petición a la Consejera de Turismo del Gobierno de Canarias solicitando el archivo de todos los expedientes sancionadores relativos al uso propio de apartamentos y bungalows.
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«Esta solución es indudablemente mejor que 19.000 recursos contenciosos ante los Juzgados y que la propuesta del Decreto Ley 2/2025 que, lejos de suspender procedimientos y sanciones, propone una rendición», expresa la PALT a través de un comunicado. La plataforma pretende, a través de su solicitud, que se abra una puerta que lleve a cabo una «especialización justa» donde quepan los principios que «hoy inspiran al mejor urbanismo».
Desde la agrupación denuncian el «daño gratuito e injustificable» que se hace a los propietarios, traicionando su legítima confianza, carentes de seguridad jurídica y «víctimas de un poder caprichoso como nunca antes se había visto».
Definen la estrategia de la Consejería como una legalidad aparente con objetivos inconfesados y que niega derechos constitucionales esenciales con «una interpretación torcida de las normas despreciando aquellas que invocan por derecho los propietarios».
Expresaron su inconformismo ante la desigualdad de sanciones entre algunos propietarios, así como en edificios, municipios e incluso islas. «Siendo muy diligentes contra los propietarios y muy perezosos contra aquellos operadores que incumplen flagrantemente la Ley», explican.
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Se suma a la indignación la firma de sanciones durante agosto cuando «se ha afirmado en discursos públicos que se suspendían las multas». Por estas razones, la plataforma ve el archivo incondicional como la única solución legal que entierre los prejuicios de «algunos que pretenden reescribir lo que ha ocurrido en las islas desde los años 60».
Luchan por reconocer a los apartamentos y bungalows como auténticas viviendas. Además de reconocer que su situación jurídica no es un frado, «es justicia».
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