El Gobierno cambia de argumento para cancelar el contrato de Huawei en la RedIRIS: de «soberanía estratégica» a «falta de presupuesto»

La licitación, anunciada el 24 de julio y cuya adjudicación se propuso el 25 de agosto, tenía como objetivo incrementar la capacidad de transmisión de la RedIRIS a 400 gigabits por segundo (Gbps), desde los actuales 100 Gbps. Sin embargo, tras conocerse que la marca china participaría en la adjudicación, el departamento de López adelantó que el contrato se «cancelaba por motivos de estrategia digital y autonomía estratégica», según adelantó el diario El País. El Ejecutivo explicó entonces que se elaboraría y publicaría una nueva licitación para renovar el equipamiento de un tercio de la RedIRIS, dado que el actual se encuentra al final de su ciclo de vida útil.

Con el paso de los meses, no obstante, la cancelación no se materializó y fuentes del mercado desconocían el estado del contrato. Cuestionado por este asunto, el Ministerio respondía siempre que «el Gobierno cumple su palabra». Cuatro meses después, el motivo oficial del desistimiento ya no es la «estrategia digital y autonomía estratégica», sino que «de forma sobrevenida no existe disponibilidad presupuestaria para el procedimiento de licitación».

Actualmente, la RedIRIS utiliza equipos de la empresa china -como 'routers' y 'switches'- para gestionar la información dentro de la red. El Gobierno planea abrir una nueva licitación con el fin de actualizar un tercio de estos dispositivos, en el marco de un «cambio de estrategia» en esta red de fibra óptica que da servicio a unos 500 centros académicos y científicos, incluido el Ministerio de Defensa, con aproximadamente cinco millones de usuarios finales.

Con la oficialización de la cancelación, el Ejecutivo tiene ahora dos opciones: mantener la red en su estado actual, sin actualizarla, o lanzar una nueva licitación. «El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento», señala el texto publicado el pasado viernes. El principal problema radica en el coste económico del cambio de proveedor.

Fuentes del sector indican que solo cuatro empresas podrían asumir la actualización del sistema que se había adjudicado a la compañía china: Ericsson, Nokia, ZTE y Samsung. El presupuesto inicial, de 10 millones de euros, se verá previsiblemente incrementado, ya que el cambio de proveedor multiplicará los costes. De estas cuatro opciones, ZTE queda prácticamente descartada por su origen chino, y Samsung, por su escasa presencia en el negocio de redes en Europa. En consecuencia, Ericsson y Nokia se perfilan como las principales candidatas para sustituir a Huawei, aunque a un precio superior. De origen sueco y finlandés, respectivamente, serían la opción preferente si se desea apostar por un proveedor europeo; sin embargo, su menor cuota de mercado frente a Huawei se explica -en parte- por los costes mucho más elevados de sus soluciones tecnológicas.

El Gobierno de España ha sostenido de forma reiterada que los servicios proporcionados por la tecnología de Huawei en sus organismos públicos -que, además, abarcan mucho más que esta red- están protegidos frente a cualquier tipo de interferencia o intento de hackeo. De hecho, fuentes técnicas consultadas subrayan que los equipos instalados en esta infraestructura no tienen capacidad para captar información que represente un riesgo para la seguridad, ya que -en términos sencillos-actúan como la «carcasa» de la tecnología, y no como el «cerebro» encargado de procesar y transmitir los datos.

A pesar de estar señalado en Estados Unidos y por varios países comunitarios, Huawei es uno de los grandes proveedores tecnológicos de la Administración pública en España, tanto a nivel estatal como regional e, incluso, local. Ministerios como el de Seguridad Social, así como administraciones autonómicas y locales -entre ellas la Junta de Andalucía, la Hacienda Foral de Navarra, la Mesa del Parlamento Vasco, el Ayuntamiento de Sabadell o la Diputación Provincial de Toledo-, figuran entre los usuarios de sus servicios. También lo hacen entidades públicas como Adif o la división económica del Cuerpo Nacional de Policía, según los registros de la plataforma de contratación del sector público.