El gas radón obliga a miles de autónomos isleños a instalar contadores y controlarlo
La reciente publicación del Consejo Nacional de Seguridad Nuclear del listado de ayuntamientos obligados -50 en las islas- activa el protocolo. El gasto depende del tamaño de los negocios
Miles de autónomos de Canarias, con negocios en plantas bajas -a ras de calle- o en primeras están recibiendo cartas de sus empresas de servicios de prevención de riesgos laborales para instalar contadores, controlar y medir su exposición al gas radón.
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Esta medición es obligatoria para todos los centros de trabajo -tanto públicos como privados- a ras de calle después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobara el pasado mes de abril la instrucción IS-47, que desarrolla el Real Deceto 1029/2022, de 20 de diciembre y que aprobaba el reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.
Tres años después de aquella norma estatal, el CSN ha publicado el listado de los municipios obligados a ese control del gas radón. En Canarias figuran un total de 50 municipios de un total de 88 y todos están en las islas de Gran Canaria y Tenerife. En el caso del archipiélago, los municipios figuran en la zona II, lo que supone actuación prioritaria por la significativa presencia de gas radón, con un potencial superior a nivel de referencia 300 Bq/m³. En los municipios zona I, que no hay ninguno en Canarias, la medición es solo recomendable.
El radón es un gas radiactivo de origen natural, incoloro e inodoro, que se filtra del suelo y puede acumularse en espacios cerrados de los edificios, normalmente en sótanos y plantas bajas, generando un riesgo significativo para sus ocupantes. Se genera por la desintegración del uranio en el subsuelo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo considera la segunda causa de cáncer de pulmón, solo por detrás del tabaco, y la primera entre personas no fumadoras. En España se estima que provoca más de 1.500 muertes al año.
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La aprobación de este mapa se produce un año después de que entrara en vigor la obligación general de medir el radón en zonas de riesgo, tal como establecía el Plan Nacional contra el Radón y la normativa del Código Técnico de la Edificación (CTE).
La medición es obligatoria y obliga a tomar medidas constructivas en el caso de que se superen los 300 becquerelios/metro cúbico
La Instrucción IS-47 del CSN establece también las directrices para la medición en los centros de trabajo y obliga a medir la concentración de radón durante un periodo mínimo de tres meses, preferiblemente entre octubre y mayo, o a lo largode todo el año si no hay cierres vacacionales.
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Oficinas, comercios, gimnasios, spas, laboratorios, aparcamientos o incluso espacios turísticos como minas o cuevas están entre los espacios más expuestos y con la obligación de realizar esta mediciones.
En Gran Canaria serán obligatorias las mediciones en los negocios de 21 municipios de la isla, como consta en el listado.
A nivel público, desde el 20 de junio de 2024 las empresas e instituciones públicas (escuelas, instituciones penitenciarias, centros sanitarios, ayuntamientos, etc.) estaban ya obligadas a medir el nivel de radón en las localidades con altas concentraciones de radón.
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«Otra obligación y otro gasto más para los autónomos que no dejamos de sumar exigencias»
J.Z. es propietario de un negocio en Arucas a pie de calle y hace tres semanas recibió un mail de su empresa de prevención de riesgos laborales comunicándole la necesidad de aplicar los controles y medición del gas radón.
En su caso, que el negocio tiene cuatro salas, ha de instalar cuatro contadores por lo que tendrá que desembolsar en torno a 400 euros. Los contadores operarán durante tres meses. Transcurrido este tiempo la empresa volverá y analizará resultados. Tras este tiempo, será el quien se encargue de mirarlo y controlarlo. «Otra obligación y otro gasto más para los autónomos que no dejamos de sumar exigencias», se queja.
En el caso de que esas mediciones, que ahora son obligatorias, arrojen un nivel superior a los 300 Bq/m3 (becquerelios que son desintegraciones por segundo de átomos de radón en un volumen de aire de un metro cúbico) será necesario tomar medidas y soluciones constructivas que pasan por la instalación de barreras a través de pavimentaciones certificadas.
El responsable de Soluciones de la empresa Molins, que realiza soluciones de este tipo, David Rodríguez, aboga por tomar medidas para medir «este riesgo silencioso» por ser inoloro e incoloro, de forma que no puede detectarse. «Más del 50% de la radiación que sufre un ser humano a lo largo de su vida se debe a los efectos del radón», explica.
Rodríguez explica que es necesario tomar medidas para reducir las concentraciones de radón no solo en las viviendas sino en establecimientos turísticos y sanitarios, además de los centros de trabajo e infraestructuras como los aeropuertos.
El Código Técnico de Edificación (CTE) recoge un apartado específico que señala cómo mitigar el gas radón y exige medidas en obra nueva, rehabilitación y cambio de uso como la instalación de una membrana para evitar que entre. En este sentido, Rodríguez aboga por aprovechar los procesos de rehabilitación y construcción del parque alojativo turístico de Canarias para hacerlo también más competitivo en términos de salud frente a otros destinos competidores.
En este sentido, la empresa Molins plantea una solución de pavimentación pensada para actuar como barrera frente al radón, mejorando la estanqueidad del edificio y contribuyendo a proteger la salud de quienes lo habitan y lo trabajan. «La rehabilitación hotelera en una oportunidad estratégica para incorporar criterios técnicos que sumen salud, sostenibilidad y competitividad», manifiesta.
Además, hay otras opciones como una descompresión del terreno, que son tuberías que, como explica, «de alguna manera succionan» y logran que haya diferencia de presión y el radón se derive. En otros países, como el Reino Unido, tiene el límite en 220 Bq y la OMS lo tiene en 100.
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