La AIReF urge a acometer una «reforma integral» del marco fiscal para alinear la regla de gasto con el nuevo sistema europeo

Según calcula la institución, la deuda pública debería estar ya en el 69% del Producto Interior Bruto (PIB) si el Gobierno hubiese cumplido con las normas fiscales que rigen las cuentas públicas españolas desde hace más de una década. Frente a esa previsión, el endeudamiento del conjunto de las administraciones se sitúa en el 103,4% del PIB.

La institución ha analizado hasta qué punto las administraciones han acatado la normativa. El Gobierno central solo ha cumplido el 41% de los hitos fiscales que han estado vigentes entre 2013 y 2019 y en 2024 (entre 2020 y 2023 las reglas fiscales estuvieron suspendidas). En concreto, solo ha cumplido con los límites de déficit una vez en este periodo, mientras que ha sobrepasado el gasto máximo permitido en tres de los ocho ejercicios analizados. Por su parte, las comunidades autónomas han alcanzado el 61% de los objetivos fiscales en el periodo analizado por la Airef y la administración más obediente es la local, que ha cumplido con el 87% de los objetivos fiscales que se fijaron en el periodo analizado.

La Autoridad Fiscal insta a solucionar los «problemas de coordinación» que existen entre administraciones públicas. Para el supervisor, el marco fiscal actual cuenta con debilidades constatadas y pide modificarlo mediante ley orgánica, y no por decreto, como defiende Hacienda.

Para ello propone reforzar la lealtad institucional y dar un mayor peso a las comunidades autónomas y las grandes entidades locales en los mecanismos de coordinación fiscal, lo que pasa por limitar el control del departamento que dirige María Jesús Montero del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En concreto, plantea que cada administración haga su propio plan fiscal estructural, como el que ya exige Bruselas a nivel nacional. Es decir, que les permita tener objetivos distintos de déficit cada año.

«Para algunas comunidades ese objetivo de estabilidad es irrelevante, porque podrían cumplirlo y hasta incrementar el gasto por encima de la regla; para otras es inalcanzable, y por lo tanto no tienen incentivo para cumplirlo», recalcó Ignacio Fernández-Huertas, director de la División de Análisis Presupuestario del organismo. «Además, se establecen sin tener en cuenta la regla de gasto, que llevaría a distintas situaciones en términos de saldo presupuestario», subrayó.

Por otra parte, la Airef cuestiona el objetivo de déficit del 0,1% sobre el PIB para las comunidades autónomas que Hacienda aprobó en CPFF. A su juicio, imponer esa referencia a todas las autonomías por igual da lugar a situaciones tan dispares como que algunas podrían elevar su gasto por encima del 10%, mientras que otras tendrían incluso que «reducir gasto». «Si, como hasta ahora, se da primacía al objetivo de déficit sobre la regla de gasto, desde luego todas las comunidades autónomas, o casi todas, incumplirán la regla de gasto», zanjó Cristina Herrero, presidenta de la Airef.

En caso de que se hubiera atendido a esa referencia, que limita el aumento del gasto al 3,5% para el conjunto de las administraciones públicas, el objetivo de déficit para las autonomías se habría sido de déficit cero o incluye de ligero superávit, señaló Herrero. «Si, como hasta ahora, se da primacía al objetivo de déficit sobre la regla de gasto, desde luego todas las comunidades autónomas, o casi todas, incumplirán la regla de gasto», agregó.