La Audiencia Nacional Investiga al presidente de Sidenor por una venta de acero a Israel para fabricar armas

Según el magistrado, que este viernes ha levantado el secreto de las actuaciones tras casi cuatro meses de pesquisas, la venta de acero se habría llevado a cabo sin haber solicitado la correspondiente autorización del Gobierno español y sin inscribirse en el registro correspondiente, tal y como consta en un oficio de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional del pasado 10 de septiembre. Los tres investigados en este procedimiento, que se inició a raíz de una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, han sido citados a declarar como investigados ante el juez el próximo 12 de noviembre.

En la resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, el magistrado entiende que los hechos ocurridos en Gaza son de dominio público tanto por la información publicada a diario en prensa y televisión como por la calificación provisional como delito atribuido a estos acontecimientos por el Tribunal Penal Internacional (TPI), y las denuncias presentadas por la Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese, y por la UNRWA, entre otras personas y agencias de Naciones Unidas.

A juicio del instructor, estos hechos serían constitutivos de un delito de contrabando, contemplado en la Ley Orgánica de Represión del Contrabando, y de otro de participación por complicidad en un delito de lesa humanidad, de los artículos 29 y 607 bis del Código Penal o, alternativamente, de complicidad en un delito de genocidio del artículo 607 del mismo texto legal.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número uno considera que los hechos también son imputables a la sociedad mercantil Clerbil SL, que ostenta el cargo de administrador único de Sidenor Holdings Europa. Por el contrario, entiende que no procede por el momento considerar como persona jurídica investigada a la matriz mercantil Sidenor Aceros Especiales SLU, como pedían los querellantes. El motivo alegado es el papel activo de los trabajadores de esta empresa, reunidos en torno a los sindicatos ELA, LAB Y ESK, y su contribución a la denuncia pública «para frenar la complicidad con el genocidio», así como a impedir la continuación de la actividad presuntamente delictiva de la cúpula de Sidenor. Es decir, la matriz se salva por ahora de su imputación como persona jurídica.

En este caso, el magistrado aplica la directiva europea y la ley nacional que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de la lucha contra la corrupción para tomar esta decisión. Un reglamento que extiende la protección a las personas jurídicas que puedan tener la condición de informantes. Es decir, la colaboración de los representantes sindicales y del movimiento social BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) ha tenido repercusión en la causa y en que la metalúrgica cesara en su actividad comercial con la citada empresa israelí en julio pasado.

Según expone la querella, se reclamó por vía judicial que se registrase el muelle del Puerto de Barcelona donde se encontraban las 40 barras (122 toneladas) de acero de Sidenor. La previsión era cargar un buque con destino a Israel, donde serían entregadas a la empresa militar IMI Systems. El barco saldría de Barcelona el 1 de julio a las 13 horas y llegaría a la localidad costera de Haifa el día 10 de ese mes, previa escala en el puerto turco de Mersin.

La comunidad palestina identificó en su querella ante el juez los contenedores del Puerto de Barcelona donde «presumiblemente» estaría el acero y pidió el decomiso del material, «que pueda usarse como material de defensa, de doble uso o del que no se precise la autorización administrativa preceptiva». Entre los documentos que la entidad palestina adjuntó figura un informe del Ministerio de Economía sobre exportaciones de defensa en el que se indica que el Gobierno «no ha autorizado envío de material de defensa o tecnología de doble uso con destino a Israel».

Esta falta de permiso llevó a los querellantes a apuntar que los envíos de acero que Sidenor «han estado realizados sin la correspondiente autorización administrativa». De ahí el delito de contrabando en el que se basa la querella, ya que se estaría incumpliendo, entre otros, el Tratado sobre Comercio de Armas de Nueva York de 2023 y el derecho internacional humanitario.

Según los denunciantes, Sidenor ha vendido en total 1.207 toneladas de acero al fabricante de armas israelí desde agosto de 2024, según reveló en junio el medio irlandés The Ditch, con varios envíos durante meses. Por ejemplo, en agosto de 2024 suministró 239 toneladas de acero, en marzo pasado hizo un traslado de 219 toneladas y en mayo se registró otra carga de 356 toneladas.

El buque ZIM Atlantic transportó catorce contenedores que llegaron al puerto turco de Mersin el 25 de mayo pasado y a territorio israelí, Haifa, cuatro días después. El 10 de junio el buque MV VELA trasladó 393 toneladas de acero de Sidenor a Israel como destinatario. Cuando se conoció este envío desde territorio español, con escala en Turquía, la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, demandó a las autoridades turcas que inspeccionaran el barco e impidieran «que esa carga ilegal» llegara al país hebreo.