Canarias aclara que los pisos turísticos 'tumbados' por el Estado no dejan de ejercer la actividad

La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias ha solicitado al Ministerio de Vivienda toda la información sobre el listado de las 8.698 viviendas turísticas a las que no se les ha dado el número de registro obligatorio al no cumplir algún requisito y que, desde ayer, no pueden anunciarse en las plataformas, como Airbnb.

El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, aclara que esas viviendas no puede publicitarse en la webs transacionales pero esto no quiere decir que dejen de ejercer la actividad y que no puedan anunciarse en web propia o comercializarse por otras vías. «Lo que se ha dicho de que dejan la actividad turística y van al mercado de larga duración no es cierto», señala Rodríguez.

Y, es que, como explica, los motivos para no haberse podido dar de alta en el registro obligatorio son varios pero puede ser simplemente porque la vivienda no está inscrita en el registro de la propiedad, que es algo a lo que no obliga la ley para ejercer la actividad.

De hecho, el Gobierno de Canarias impugnó en su día el Real Decreto 1312/2024 del registro único al entender, entre otras cosas, que no podía imponer la inscripción obligatoria en el Registro de la Propiedad, al no ajustarse a derecho. «Muchas puede haber quedado fuera por esto que no es exigible y no tiene nada que ver con los requisitos legales que deben cumplir las viviendas vacaciones para estar en el mercado», indica Rodríguez.

Como apunta, puede haber pisos turísticos que hayan quedado fuera por no cumplir los requisitos legales, como por ejemplo que no se trate de una vivienda sino de un apartamento turístico o que se trata de un inmueble construido ilegalmente y estar fuera de ordenación. «Entonces fuera del alquiler vacacional pero para pasar del digo al hecho necesitamos conocer ese listado y e ir depurando», explica Rodríguez, que en cualquier caso recuerda que la competencia turística es exclusiva de la comunidad autónoma que, a su vez, por la ley de turismo y los decretos correspondientes ha asignado ese ejercicio a los cabildos. Y por tanto, solo el Gobierno de Canarias puede retirar la declaración responsable y e impedir la actividad. «Es sorprendente que ahora el que está verificando el cumplimiento de la ley de turismo sean los registradores de la propiedad y el Ministerio de Vivienda. Eso no respeta el reparto de las competencias», indica. En este sentido, cabe reseñar que Canarias también impugnó el decreto del registro único al entender que el Gobierno de España estaba invadiendo competencias autonómicas.

Para Rodríguez, tras el anuncio del Gobierno de España hay más de «anuncio» de cara a la galería« que de hechos reales para sacar del mercado aquellas viviendas que no cumplen con la ley.

El director de Ordenación deja claro que, en cualquier caso, la depuración de las viviendas turísticas llegará cuando entre en vigor la ley de la vivienda vacacional que está en el Parlamento de Canarias y que, a través de la inspección y con la ayuda de los cabildos, determinará qué unidades cumplen los requisitos legales para ejercer y cuáles quedan fuera. «Hay que actuar con rigor y haremos esa labor de deupuración con un plan de inspección para los cabildos y otro de actividades clasificadas para los ayuntamientos y escuchando en audiencia a los interesados cuano la ley esté aprobada», dice.

Desde la Asociación del Alquiler Vacacional de Canarias (Ascav) se coincidió ayer con el Gobierno de Canarias al dejar claro que las 8.698 viviendas turísticas 'tumbadas' por el Ministerio no son 'ilegales' y que lo único que hace el Estado es impedir que se comercialicen en plataformas. «La mayoría de esos pisos no están dados de alta en el Registro pero son legales. No pueden comercializase en plataformas pero pueden seguir con su actividad», indica el gerente de la Ascav, Javier Valentín, que ayer mantuvo un encuentro en el Ministerio para plantear la necesidad de diferenciar el pequeño propietario del gran tenedor.

Las 53.000 viviendas a las que alude el Gobierno a nivel nacional y las 8.698 de Canarias «no son ilegales por el hecho de no haber obtenido el número de registro en el Registro de la Propiedad; deberán ser las Comunidades Autónomas las que revoquen, en su caso, las licencias concedidas o declaraciones responsables emitidas. El único efecto de la exclusión de aquel registro será que no se pueden comercializar a través de páginas webs que promocionan este tipo de ofertas», explica la Federación nacional de la vivienda vacacional (Fapavat).

Los motivos de esta persecución a las familias españolas a través de la vivienda vacación sólo pueden ser dos, a juicio de la Fapavat. «Desviar la mirada de una nefasta gestión de vivienda y lo que sería aún más grave, obedecer a los requerimientos de los hoteleros y fondos de inversión, que han descubierto en edificios completos de viviendas turísticas un nuevo filón. A ambos les interesa y mucho, que se elimine cuanta más competencia mejor, para acaparar el mercado en exclusiva« señala.

Desde la Federación se pone como «el mejor ejemplo» el «Plan Reside» de Madrid (PP). Se prohiben todas las viviendas turísticas de particulares con los mismos argumentos del gobierno de España (PSOE), falta y encarecimiento de alquileres residenciales. En cambio, a día de hoy el 73% de los edificios en el centro son susceptibles a reconvertirse en «pseudo-hoteles», principalmente en manos de fondos de inversión.

«Véase también lo que ocurrió en Nueva York. Se prohibió toda vivienda turística por falta y encarecimiento de alquileres para los residentes. Dos años más tarde, no ha aumentado el parque de viviendas, ni ha disminuido su precio, pero sí se han incrementado considerablemente los precios de los hoteles, señala..