En busca de una movilidad que encaje en el hecho singular canario

Canarias atesora una larga historia de tratamientos singulares derivados de las características del hecho insular y la lejanía del territorio continental europeo. Tanto el Estado como la propia Unión Europea lo han entendido, pero hasta la fecha esas excepciones se han centrado en los ámbitos de la economía y la fiscalidad.

Ahora se abre un nuevo espacio en el que también se reclama tener en cuenta que Canarias es diferente: la movilidad terrestre y la aplicación de las normativas para frenar la contaminación.

Este verano, el empresario grancanario Oliver Alonso, presidente y CEO de Domingo Alonso Group, dio un paso al frente en ese debate con un artículo publicado en este periódico que era toda una declaración de intenciones: «Canarias no puede quedar atrapada en la normativa europea de emisiones».

Tras afirmar que «la transición hacia la movilidad eléctrica no se está haciendo desde la realidad, sino desde el idealismo político», y que «cumplir los objetivos de CO₂ para 2030 y 2035 es inviable en el actual contexto geopolítico y económico», planteó abiertamente que para Canarias es prácticamente imposible cumplir con esos parámetros.

Además de defender que «el ciudadano canario debe ser quien elija el coche que quiere conducir: eléctrico, híbrido, gasolina o diésel» y de advertir que el 80% de la generación eléctrica en Canarias sigue dependiendo del fuel, de manera que «forzar un cambio de flota a eléctrico es un sinsentido cuando el mix energético no es renovable», reclamó que Canarias que fuera del marco común de emisiones.

Sería una solución al menos temporal hasta conseguir un mix energético compuesto mayoritariamente por renovables; contar con infraestructuras de recarga fiables, extendidas y accesibles y que «el poder adquisitivo de la población canaria permita un acceso real a las nuevas tecnologías».

Su planteamiento no es una voz en el océano. Pocos días después, el presidente de la Cámara de Comercio de Tenerife, Santiago Sesé, profundizó en esa tesis y reclamó que la descarbonización del transporte, que se busca a través de la Estrategia de Movilidad Sostenible de la Unión Europea, se aplique en Canarias «desde una perspectiva realista y adaptada a las singularidades del archipiélago».

Según Sesé, «Canarias necesita una transición energética planificada que parta de una mayor implantación de las energías renovables, para continuar con la materialización de una red de infraestructuras adecuadas. Sólo así podrá potenciarse el uso de vehículos eléctricos, o en su defecto, híbridos enchufables».

El argumentario coincide con lo expuesto desde sectores como el industrial y el turístico, que llevan tiempo advirtiendo de que las exigencias ambientales orientadas a la descarbonización no se ajustan a la realidad del mercado canario, con el riesgo de encarecer los bienes y servicios que ofrecen o incluso de hacer inviables inversiones que estaban proyectadas y que son necesarias para garantizar la competitividad con otros mercados.

Más aún: se ha consolidado una estrategia política para reclamara a Europa que Canarias quede fuera de las exigencias a navieras y aerolíneas en materia de emisiones pero no se plantea lo mismo para otras actividades económicas.

En este contexto, las miradas se centran ahora en la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que esta semana ha iniciado el proceso de exposición pública del anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible de Canarias, una norma, que según este departamento, es pionera y regulará de forma integral el transporte y la movilidad en el archipiélago.

Todo ello cuando ahora desde el Gobierno y los cabildos de Gran Canaria se defiende las conveniencia de los trenes para ambas islas, sendos proyectos que precisan de inversiones milmillonarias y que también precisan de energía eléctrica pese a que el mix actual de producción se sostiene mayoritariamente en el uso de fuentes contaminantes.

Según el Gobierno, la futura ley establecerá un marco común a nivel autonómico, insular y municipal, planifica y regula todas las medidas en materia de movilidad, desde los desplazamientos terrestres, marítimos y aéreos, hasta su interconexión y las infraestructuras que los sustentan, señala una nota de la Consejería.

Desde la Consejería que dirige Pablo Rodríguez se subraya que los objetivos son garantizar el derecho a una movilidad sostenible y accesible, reducir emisiones, mejorar la salud de la población y reforzar el transporte público y los modos activos como caminar o la bicicleta.

Además, prevé medidas como carriles exclusivos para guaguas, aparcamientos disuasorios, intercambiadores, impulso a la intermodalidad y bases fiscales que incentiven la transición hacia vehículos y sistemas sostenibles, junto con la regulación de concesiones de transporte.

Pero ahora queda ver la letra pequeña y si se atiende esa reclamación de un modelo de movilidad sostenible que tenga en cuenta el hecho singular de Canarias.

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