Muerte silenciosa en el campo español

Antes de que arrancara ese fatídico mes, Agroinformación, el portal del sector más veterano y leído, sentenciaba en un titular: 'A los mayores del campo no les mata el coronavirus sino el tractor: cuarto octogenario muerto en accidente en un mes'. El mundo rural dista mucho de ser ese lugar bucólico y apacible que suponemos los urbanitas.

El número de profesionales del sector que fallece en este tipo de siniestros es una lacra silenciosa sumida en una nebulosa dentro de las estadísticas. Las cifras oficiales hablan de una media de entre 80 y 100 víctimas cada año, lo que supone una media de dos cada semana, pero las organizaciones agrarias aseguran que la realidad «duplica» los registros institucionales.

Ese desfase atiende a que, a menudo, estos accidentes no se consideran laborales. Según el director de Agroinformación, Manuel Garro, empeñado en recoger todos estos decesos de la prensa local y difundirlos en su web «para que no pasen desapercibidos», únicamente el 6% los siniestros mortales que suceden en el campo se identifican como laborales. El resto pasa a engrosar el epígrafe de accidentes de tráfico. «Si a un labrador le atropellan en una explotación, lo es. Si tiene un percance por el camino, no. Es un asunto controvertido», señala.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) lo suscribe. «Muchos casos quedan excluidos como accidente laboral. Por ejemplo, cuando los percances con maquinaria le ocurren a un jubilado o a un mayor de 65 años, o a un agricultor cuya actividad económica principal no es el campo. En nuestro sector no está definido qué es un accidente laboral. Ni siquiera hay un criterio unificado entre las comunidades autónomas. Muchas veces depende de la sensibilidad del funcionario de turno que se catalogue o no como tal. Eso nos impide conocer la verdadera magnitud del problema. Lo que sí sabemos es que hay días en que mueren tres y hasta cuatro profesionales», enfatiza David Erice, responsable de Asuntos Laborales de la organización.

Uno de los análisis más concienzudos y recientes efectuados acerca de este asunto, realizado por la Fundación Mapfre en colaboración con la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y la Universidad de Zaragoza (UZ), fija en 1.172 las personas que han perdido en la vida en accidentes en el campo entre 2009 y 2019 (el Ministerio de Trabajo reconoce 75 entre enero y septiembre de este año, con lo que sumarían 1.247). A la luz de ese estudio, en la mayoría de los casos los tractores involucrados carecían de protección antivuelco y eran manejados por agricultores que sobrepasan los 60 años y que realizaban trabajos en solitario, en parcelas alejadas de los núcleos de población.

Erice explica esta elevada siniestralidad desgranando un cóctel de factores. «En el campo, el ámbito de actuaciones es enorme. Se llevan a cabo muchas actividades diferentes, trabajos en altura, con materiales pesados, uso de maquinaria con engranaje, manejo de animales... Hay mucha casuística de riesgos y precisamente esa diversidad hace que se diluyan. A eso hay que añadir -advierte- el envejecimiento de un sector con una edad media de 62 años y su escaso relevo, y la baja rentabilidad de muchas producciones, lo que dificulta la inversión en maquinaria nueva».

En la última década, el Gobierno ha implementado al menos media docena de convocatorias del Plan Renove para ayudar al sector a reemplazar sus vehículos por otros nuevos y más seguros. Pero las dotaciones se quedan claramente escasas para renovar el parque móvil, coinciden en señalar desde UPA y también desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). «Las subvenciones estatales suponen entre 5.000 y 6.000 euros para adquirir tractores cuyo precio alcanza fácilmente los 60.000. Supone una hipoteca muy grande para las explotaciones familiares. Por eso, los vehículos pasan de generación en generación», afirma Mari Paz Martín, responsable técnica de Relaciones Labores de la organización.

De ahí que el mercado de segunda mano de maquinaria agrícola esté que arde. «En 2019 se adquirieron 11.000 vehículos nuevos al tiempo que en la compraventa de usados se movilizaban 33.000. El dato más alarmante es que 7.000 de ellos eran tractores con más de cuarenta años de antigüedad, con los que casi con toda probabilidad carecen de sistema de antivuelco. Esto es algo extremadamente grave porque constituyen el 23% de todos los que operan en el campo español», expone Ignacio Ruiz, secretario general de la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes (Ansemat).

Conscientes del elevado número de accidentes que ocasionan estas pesadas antiguallas, y ante la presión de las organizaciones agrarias, el Ministerio de Agricultura ha tratado de ponerles coto. Así, a finales del pasado abril, el Ministerio de Agricultura prohibió por decreto el cambio de titularidad de estas máquinas de más de cuatro décadas. Ya no se pueden vender, pero sí heredarlas y seguir utilizándolas. «Aún no se ha visto su efecto. La pandemia se ha encargado de retrasar su entrada en vigor efectiva hasta hace apenas un mes, a causa del cierre de las oficinas de registro», apostilla Ruiz.

Que la luctuosa curva oficial y oficiosa de muertes en el campo por uso de maquinaria agrícola baje depende, a su juicio, de un aumento sostenido de la renta agraria. Los expertos de COAG y UPA añaden otros ingredientes: el incremento de las ayudas públicas a la renovación de los vehículos y la creación de incentivos que propician la entrada de savia nueva en el sector. También hacen autocrítica. «No hay cultura de prevención entre los agricultores y ganaderos, lo que se traduce en que a veces usen el tractor para ir a por el pan o que le quiten y le pongan la cabina a su conveniencia», reconocen.

David Mariñelarena no escurre el bulto. Este ganadero de la localidad navarra de Lantz, propietario de 300 vacas y 85 hectáreas de pastos con otros socios, salvó milagrosamente la vida hace unos años cuando conducía un tractor de 160 caballos y una cisterna de 12.000 litros de estiércol líquido. Un terreno resbaladizo y «un cúmulo de circunstancias» provocaron que cayera por una ladera, volcara y quedara bajo la cabina del vehículo, aplastado.

Su caso hace añicos las estadísticas. Conducía un tractor moderno, con todas las medidas de seguridad, y entonces era un treintañero. Aun así, estuvo muy cerca de no poder contarlo. «En unos segundos pasó toda mi vida por mi cabeza». Logró salir por su propio pie y pedir ayuda. Aquel susto le dio que pensar. «Muchas veces hacemos prácticas dudosas. Enganchamos a los tractores maquinaria muy pesada, manejamos mucho tonelaje con un simple carné para conducir turismos o no llevamos el cinturón de seguridad porque subimos y bajamos del tractor 50 veces al día. Muchos somos titulares de una herencia forzosa y la experiencia es nuestra única preparación. Tenemos muchas lagunas. El campo es muy cambiante por las condiciones climáticas y del suelo. Controlar todos los factores no es fácil», admite.

La prevención, precisamente, es una de las misiones que se marcó la Asociación Nacional de Servicios de Prevención Mancomunados, Agropreven, cuando nació en 2014 en el seno de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja). La otra, conseguir que el Gobierno incorpore un anexo a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. «No se ajusta a las especificidades de una actividad tan variada y compleja como la del campo. Sin un anexo propio, resulta del todo imposible cumplirla», reclama la coordinadora general, Sandra Muñoz. El campo no es una fábrica de hacer coches. Las cosas cambian de un día para otro y hay mucha rotación de trabajadores».