Las defensas niegan las acusaciones en el cierre de la pieza final de Montecarlo
Fiscalía rebaja la petición de pena para el antiguo interventor de Arrecife. Las dos sesiones finales tuvieron lugar en Las Palmas de Gran Canaria
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas dejó este miércoles visto para sentencia el juicio de la última pieza del caso Montecarlo (Tunera), en sesión celebrada en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. Las partes acusadoras mantuvieron por lo general, con alguna acotación, las propuestas de pena dadas a conocer antes de la vista; mientras que las defensas esgrimieron argumentos para negar las acusaciones en su contra, por presuntos delitos de malversación, prevaricación y fraude.
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Los nueve intervinientes en representación de los investigados coincidieron en emplear térmicos como «vagas» y «ambiguas», al tiempo de catalogar las acusaciones planteadas por Fiscalía y por las representantes del Ayuntamiento y de Acción Civil. La nómina de señalados se compone por José Montelongo, exedil de Hacienda y antiguo alcalde; el empresario Eduardo Ferrer; los exconcejales Eduardo Lasso, Víctor Sanginés, Isabel Martinón y Lorenzo Lemaur; y varios trabajadores municipales, algunos ya jubilados, caso de Miguel Ángel Leal, José Nieves y Blas Cedrés.
La décima persona investigada, el antiguo interventor, Carlos Sáenz, cabe recordar que en el primer día de la vista reconoció los hechos imputados, bajo su única responsabilidad; de modo que la situación al cierre del juicio es pareja a la vivida con vista juzgada en 2022 por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de otra pieza de Montecarlo (Inelcon). Fue condenado el exinterventor, que quedó inhabilitado y sin pena carcelaria; resultando inocentes todos los demás investigados, algunos de ellos sentados en el banquillo en esta definitiva pieza del caso.
Desglose
Fiscalía sostuvo en su alegato que se ha considerado probado que se pasaron facturas por servicios supuestamente no prestados o con sobreprecios. Por ello se ratificó el Ministerio Público en pedir condenas de privación de libertad para todos los encausados, si bien acotando a un año de cárcel para el particular de Carlos Sáenz. Y se adhirieron al respecto las otras dos acusaciones presentes, si bien con un cambio por parte de Acción Cívica, entidad que retiró los cargos que de inicio se atribuían a Blas Cedrés.
Desde la bancada opuesta se enfatizó en que todos los servicios puestos en duda sí que se dieron. Además, se demandó por las representaciones de los investigados que se tenga en cuenta el informe pericial del lunes, donde se apuntó documentalmente aspectos a favor de la tesis. Además, se alertó de que es legal tener registros auxiliares por Intervención, para replicar sobre la creencia de que se llegó a alentar la creación de un registro paralelo.
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En la sentencia se arbitrará sobre lo expuesto en las cinco sesiones. Y cuando se dé a conocer se sabrá si se atiende a la petición de varias defensas con respecto a que los hechos valorados ya fueron dictaminados en la sentencia de Inelcon, siendo hechos ya juzgados, por consiguiente.
Renuncia a la última palabra
La vista se preveía de inicio que precisaría de nueve fechas. Solamente ha habido que emplear cinco jornadas, las tres primeras en Arrecife y las dos de esta semana en Gran Canaria, al recortarse la nómina de testigos y peritos.
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Además, fueron de corta duración los interrogatorios del lunes a los investigados, quienes anunciaron su renuncia a tener la última palabra. Quedaron eximidos de estar en el cierre. Acudieron a la vista final cuatro, sin intervención, ausentándose los cinco restantes, como también hizo el antiguo interventor.
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