El Consorcio del Agua mantiene el plan para anular el vínculo con Canal Gestión

Con alguna ausencia de relevancia, este jueves se tomó en conocimiento oficial, en la asamblea del Consorcio Insular del Agua (Cabildo y siete consistorios) de las alegaciones de Canal Gestión Lanzarote en el proceso estrenado en abril para arrebatarle la concesión del ciclo integral del agua. Cumplido el requisito, se anunciaron medidas para mantener el acuerdo de abril, destinado a que la filial de Canal de Isabel II pierda la adjudicación del ciclo integral del agua.

Como fundamento para reafirmar el plan se cuenta con un estudio jurídico, base para la réplica a las alegaciones, en el marco de un proceso que deberá desembocar en un dictamen del Consejo Consultivo de Canarias. «Estamos convencidos que la legalidad está de nuestra parte», sentenció el presidente insular, Oswaldo Betancort, «porque los incumplimientos de Canal Gestión se producen en obligaciones tan esenciales del contrato, firmado en 2013, como no realizar las inversiones previstas o no reducirlas pérdidas de agua al 30%».

«Lo que hemos presentado a todos los alcaldes es el informe preliminar de carácter jurídico y ahora estamos pendientes de la emisión de los informes técnicos que están preparando el personal del Cabildo, del Consorcio y del Consejo Insular de Aguas, para posteriormente emitir la propuesta de resolución definitiva del contrato», abundó por su lado el consejero de Aguas, Domingo Cejas.

Y se añadió en la asamblea que la normativa no exige advertencia previa del inicio del expediente de resolución del contrato, en contraposición a la interpretación contraria, «siendo suficiente la constatación del incumplimiento», en versión cabildicia.

Además, se mantiene la intención de en paralelo a la ruptura del acuerdo se ejecute un proceso para licitar un nuevo contrato.

Por otro lado, en la junta general de la empresa pública Inalsa, previa a la asamblea del Consorcio y casi con los mismos protagonistas, se dio cuenta de que faltan muchas actas relevantes para procedimiento que se sigue en la pieza de calificación el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas, con respecto al concurso de acreedores de años atrás. Falta casi al completo la documentación entre 2009 y 2011.

La desaparición de dichos documentos se ha puesto en conocimiento del Juzgado de Instrucción 2 de Arrecife. Y se hará lo propio con el órgano de lo Mercantil, se dio en la junta general, en la que se acordó la apertura de una comisión de investigación para esclarecer los hechos, considerados «especialmente graves», según valoración trasladada a la opinión pública insular.

El acuerdo para crear la comisión de investigación fue promovido por el alcalde de Yaiza, Óscar Noda; en el marco de un debate propiciado por los alcalde socialistas Alfredo Villalba (Haría) e Isidro Pérez (San Bartolomé).

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