Canal Gestión cree inválido el acuerdo para quitarle el ciclo integral del agua

El conflicto entre el Consorcio Insular del Agua (Cabildo y siete consistorios) y Canal Gestión Lanzarote vivirá este jueves un nuevo episodio crucial. Se debe a que está prevista una asamblea en la primera Corporación, en la que se tomará conocimiento oficial de las alegaciones que rechazan el acuerdo del 10 de abril, destinado a que el actual titular del ciclo integral del agua pierda la concesión.

En el documento de la filial de Canal de Isabel II se hace advertencia de que el acuerdo carece de validez, en base a que se fundamentó la decisión de los representantes políticos en apreciaciones económicas y técnicas consideradas erróneas. También se insta a que se desista de cualquier proceso a que cobre forma una nueva licitación con respecto al ciclo integral del agua. Se considera que «ambos pronunciamientos son nulos de pleno derecho».

A nivel económico se discrepa sobre las inversiones acometidas en los primeros años de presencia en la isla, desde mediados de 2013, de Canal Gestión Lanzarote. Y se argumenta que hay demostradas inversiones para adecuar redes y otras infraestructuras por valor próximo a 61,35 millones de euros, mediante la ejecución de 209 expedientes.

Además, la entidad puesta en el punto de mira matiza en sus alegaciones que es achacable al Consorcio Insular del Agua la ausencia de inversiones necesarias para la optimización de los recursos existentes. Se sostiene en las alegaciones, contenidas en un informe básico de menos de 200 páginas, que «el Consorcio no ha llevado a cabo ni iniciado la ejecución material de dichas inversiones, incurriendo así en un incumplimiento grave de sus propias obligaciones contractuales»

Y defiende la empresa que «se ha mantenido en funcionamiento un sistema de infraestructuras obsoleto, ineficiente e insuficiente»; en el marco de una serie de críticas hacia la parte contraria con respecto a los procederes seguidos para la evaluación de las mejoras ejecutadas.

En otros apartados, en el documento de réplica se alude al mal estado de las depuradoras, con especial atención a la existente en Playa Blanca; al cumplimiento del pago de un canon que el adjudicador considera pendiente; y a taras debidas a terceros.

El Cabildo, como impulsor de la ruptura del contrato, aspira a que el proceso de ruptura del contrato pueda quedar solventado antes de que acabe el año. Y es presumible con ello que haya que dirimir diferencias por la vía judicial. La primera Corporación prevé valerse de sus letrados y consta que Canal Gestión Lanzarote ha contratado a la mercantil Broseta Abogados, abonando 155.000 euros de inicio.

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