Turcón rechaza la planta solar de ENEL en suelo de protección agrícola de Telde

El colectivo Turcón–Ecologistas en Acción alerta sobre la grave amenaza que supone el proyecto de planta fotovoltaica Aguadulce, promovido por la multinacional Enel Green Power, participada mayoritariamente por el Estado italiano, en más de 12 hectáreas de suelo rústico de protección agrícola en la zona de Jerez (Telde).

La empresa pretende expropiar, ocupar y vallar terrenos de numerosos particulares, del Ayuntamiento de Telde y del Cabildo que hace poco tiempo fueron suelos de cultivos agrícolas de exportación.

El proyecto incluye la instalación de más de 18.000 paneles solares, 11 contenedores de baterías de litio y una nueva línea eléctrica de 3,5 kilómetros para conectar con la subestación eléctrica sita en Lomo Bristol, aumentando la artificialización del territorio y afectando a bienes de interés público y privado.

Para Turcón, Aguadulce es un nuevo «ejemplo de colonización energética» porque «una multinacional extranjera impone un modelo erróneo y especulativo, que prima la ocupación de suelo agrícola y protegido frente a opciones más sostenibles»: la instalación de renovables en cubiertas, suelos industriales, urbanizables o infraestructuras cercanas a la demanda y los usuarios.

«Este proyecto no solo implica la pérdida irreversible de suelos fértiles, fijadores de carbono, filtradores de agua y de tránsito libre para actividades como el pastoreo, sino que además genera un fuerte conflicto social por las expropiaciones forzosas, vulnerando la planificación territorial y agrícola del municipio y de la isla», señala el colectivo.

Turcón exige que no se declare de utilidad pública ni se autorice la instalación de esta planta fotovoltaica y que se someta a a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, dado que afecta a más de 10 hectáreas de suelo rústico protegido por valor agrícola actual y potencial. Además, anima a los afectados por las expropiaciones forzosas a que aleguen contra este proyecto.

«La transición energética no puede convertirse en una excusa para expoliar y degradar el territorio, sino que debe basarse en un modelo justo, descentralizado y respetuoso con el suelo, la biodiversidad y la sociedad canaria», mantiene al respecto el grupo ecologista.

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