Trabajadores de Santa Lucía acusan a Recursos Humanos de vulnerar su reglamento sobre empleo público
Un grupo de trabajadores que participó en los procesos de estabilización convocados por el Ayuntamiento critican que en una lista única de reserva para el puesto de auxiliar administrativo, publicada en junio de 2025, coloca a aspirantes con puntuaciones claramente inferiores por delante de otros con puntuaciones máximas
Un grupo de aspirantes que participó en los procesos de estabilización convocados por el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha presentado una reclamación formal contra la lista única de reserva para el puesto de auxiliar administrativo, publicada en la página web municipal el pasado 19 de junio de 2025. ¿La razón? «La flagrante vulneración del reglamento aprobado por el Pleno, que rige el orden legal de prelación para configurar estas listas», apuntan en un comunicado.
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Dicen en un escrito remitido a los medios de comunicación que el reglamento en cuestión, aprobado el 18 de diciembre de 2024 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 20 de enero de 2025, establece con total claridad en su artículo 3.4 que deben tener prioridad quienes hayan superado el proceso extraordinario de estabilización, ya sea por concurso o concurso-oposición, sin hacer distinción entre ambos sistemas. Sin embargo, se quejan que la lista publicada omite ese criterio legal, «colocando a aspirantes con puntuaciones claramente inferiores por delante de otros con puntuaciones máximas».
Esta circunstancia ha generado una «oleada de indignación» entre las personas afectadas, quienes exigen la rectificación inmediata de la lista para que se ajuste a la legalidad. Pero más allá del error técnico, la gravedad del asunto reside, según añaden, en la actitud política de la concejala de Recursos Humanos, Ofelia Alvarado, responsable directa de la publicación y supervisión de estas listas.
La gestión de Alvarado ha sido calificada por los afectados como un «ejemplo de desgobierno, opacidad y negligencia política» que existe en el departamento de recursos humanos del ayuntamiento. «No solo ha avalado una lista manifiestamente contraria a derecho, sino que ni ha dado explicaciones públicas ni ha promovido ninguna actuación correctiva, amparándose en un silencio institucional que pone en entredicho la transparencia y fiabilidad de todos los procesos selectivos municipales», le reprochan en el comunicado.
Para los aspirantes afectados, resulta inaceptable que se publiquen listas con «errores tan groseros», que den la impresión de haber sido elaboradas con criterios arbitrarios o con una preocupante falta de control. «No es un error administrativo cualquiera —afirman—. Es una muestra más del descontrol absoluto que reina en la gestión del personal municipal desde hace unos años. Las reglas existen para cumplirse, y no para que la concejala y la jefa de servicio las interpreten a su capricho o conveniencia».
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Para estos afectados, este nuevo episodio se suma a una «larga serie de despropósitos» en el área de personal bajo la responsabilidad de Ofelia Alvarado. Aseguran que la concejal ha convertido la gestión de recursos humanos en un ejemplo de «improvisación crónica, donde la falta de planificación y el desprecio por la normativa son la norma». A juicio de los denunciantes, la situación ha alcanzado un punto insostenible: «Este Ayuntamiento no puede permitirse seguir gestionando el empleo público como si se tratara de un cortijo y el alcalde Francisco García debe poner orden».
Los afectados han anunciado que solicitarán formalmente a las organizaciones sindicales con representación en el Ayuntamiento que trasladen esta cuestión a la próxima reunión de la Mesa General de Negociación, con el fin de exigir a la concejala que respete escrupulosamente los acuerdos plenarios, el reglamento vigente y los principios de legalidad y no discriminación. Asimismo, reclamarán que se incluya en el orden del día un punto específico sobre el cumplimiento del reglamento de listas de reserva y la revisión inmediata de las listas publicadas, para evitar nuevas decisiones arbitrarias que menoscaben los derechos de los trabajadores públicos y aspirantes.
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Los trabajadores afectados reclaman que se depuren responsabilidades políticas y no descartan acudir a la vía judicial si no se rectifica de forma inmediata. Además, alertan del grave precedente que se está sentando, ya que errores como este socavan la confianza en la igualdad, el mérito y la capacidad como pilares fundamentales del acceso a la función pública.
Desde el grupo de reclamantes se exige que el Ayuntamiento cumpla su propio reglamento, respete las puntuaciones obtenidas y actúe con la legalidad, objetividad y transparencia que exige el servicio público.
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