Los trabajadores de Ceisa plantan resistencia al proceso para desmantelar la industria del muelle
Técnicos de Puertos Canarios iban a visitar este miércoles las instalaciones, pero no acudieron | El Gobierno canario descarta la visita por tierra y la hará por mar | La empresa solo tendrá 6 meses para dejar libre el puerto
Los trabajadores de Cementos Especiales de las Islas SA (Ceisa) no se van a rendir tan fácilmente ante la decisión de Puertos Canarios, que depende del Gobierno regional, de no prorrogarle a esta empresa la concesión del uso industrial del puerto de Santa Águeda, en El Pajar (San Bartolomé de Tirajana), hasta 2046. Este miércoles se movilizaron junto a vecinos y proveedores para plantar resistencia pacífica a la visita que estaba previsto que hicieran técnicos regionales a las instalaciones portuarias, pero no se presentaron.
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Fuentes de la cementera precisan que fue Puertos Canarios quien fijó la cita para este 28 de mayo y que, por la poca información que se les dio, tenía como cometido el inicio del proceso para la reversión de la concesión y, con ello, el desmantelamiento de lo existente en el muelle, donde Ceisa opera desde 1957.
Desde la empresa explican que se limitaron a solicitarles que, con carácter previo, les informaran con detalle del objetivo de la visita y de cómo se procederá para hacer efectiva la resolución con la que se les denegó la concesión en diciembre de 2024, pero que no tuvieron éxito. Lo pidieron por escrito hasta en tres ocasiones y, sin embargo, no hubo respuesta.
Desde Puertos Canarios, por su parte, alegan que Ceisa les ha negado el acceso por tierra a las instalaciones portuarias y apuntan que retomarán la visita en próximos días por vía marítima. Hay que recordar que el muelle es una propiedad pública ocupada por la empresa por medio de una concesión administrativa, pero que los terrenos que lo preceden son privados y propiedad, además, de Ceisa, por lo que para acceder al puerto hay que pasar hoy día por el interior de la cementera.
Subrayan desde el organismo dependiente del Gobierno regional que una vez se redacte ese informe posterior a la visita y se le notifique a la empresa, esta dispondrá de solo seis meses para desmantelar las instalaciones y dejar libre el muelle. Mientras tanto, el contencioso que interpuso la cementera contra la decisión del Ejecutivo de no prorrogarle la concesión ya ha quedado visto para sentencia, según informan fuentes judiciales.
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