Un padre y sus dos hijas menores, desahuciados a la fuerza en Los Llanos

El progenitor denuncia que engañaron a su hija para que saliera de la casa y que el propietario pudiese entrar y cambiar la cerradura de la puerta

Francisco López no ha podido extraer sus pertenencias de la casa que fue su casa durante más de 20 años. / cober
Francisco López no ha podido extraer sus pertenencias de la casa que fue su casa durante más de 20 años. / cober
JUAN PÉREZ BENÍTEZ

Francisco López y sus dos hijas menores de edad fueron desahuciados esta semana de manera forzada, por una empresa de desocupación, del piso que está en la calle Juan Diego de la Fuente número 9, en la que este teldense vivía desde hace más de 20 años en el barrio de los Llanos, en San Gregorio. Francisco ha presentado hasta tres denuncias por lo que él considera que ha sido un desahucio «de malas formas», donde explica que ha sido extorsionado, insultado y que, incluso, llegaron a engañar a su hija pequeña para poder entrar en la casa y cambiar la cerradura.

El piso siempre perteneció a su familia. Primero estuvo en propiedad de su abuelo, que se lo dejó a una de sus tías, con quien vivía desde hace más de dos décadas en este edificio. Por problemas de salud, la hermana de su madre tuvo que mudarse y se quedó en la vivienda solo con sus dos hijas de 16 y 14años, las cuales tiene bajo su custodia desde hace 7 años. El embargo de la casa se produjo, cuenta el afectado, cuando un cuñado suyo no pudo hacer frente a la deuda en la que tenía como aval el piso donde residía esta familia hasta el pasado lunes. Mientras seguían habitando la vivienda, esta se vendió por 72.000 euros el pasado verano en una subasta.

El nuevo propietario trató de solucionarlo con él entre los pasados meses de noviembre y diciembre, llegando finalmente un acuerdo. Francisco pidió tiempo para buscar un techo bajo el que cuidar a sus hijas. Pero se encontró con una difícil situación al estar en paro y carecer de recursos. Cada oferta de inmuebles por la que preguntaba le pedían presentar una nómina, el coste era demasiado elevado o le exigían adelantar hasta dos y tres meses de fianza antes de entrar a vivir.

Además, la familia no ha podido extraer todas sus pertenencias. Solo han recogido algunas bolsas de ropa que les ha dejado el propietario en el portal, quedando dentro todavía: material del colegio, aparatos electrónicos, ropa y demás objetos personales. Ahora mismo las menores están conviviendo por separado con familiares de su padre y el propio Francisco intenta descansar donde puede en la habitación donde su madre lava la ropa o en casa de un amigo suyo.

Según ha podido consultar este periódico con un abogado experto en la materia, la empresa de desocupación ha actuado de una manera, cuanto menos, «extraña», puesto que en este caso se trata de tres personas, dos de ellas menores, que viven en la casa. Si no existe un procedimiento judicial que dé permiso para desalojar a la familia, como asegura Francisco, esta compañía que les dejó en la calle no debería actuar.

«Es diferente cuando una persona se va de vacaciones y un grupo de individuos ocupan la vivienda. Entonces sí se puede contratar este servicio en un periodo de 72 horas desde que entran», aclara. Por ello, explica el letrado, «deberían haber sido tratados diferente y no como unos ocupas», sobre todo porque «se puede estar faltando a la vulnerabilidad de las menores».

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Francisco López y sus dos hijas menores de edad fueron desahuciados esta semana de manera forzada, por una empresa de desocupación, del piso que está en la calle Juan Diego de la Fuente número 9, en la que este teldense vivía desde hace más de 20 años en el barrio de los Llanos, en San Gregorio. Francisco ha presentado hasta tres denuncias por lo que él considera que ha sido un desahucio «de malas formas», donde explica que ha sido extorsionado, insultado y que, incluso, llegaron a engañar a su hija pequeña para poder entrar en la casa y cambiar la cerradura.

El piso siempre perteneció a su familia. Primero estuvo en propiedad de su abuelo, que se lo dejó a una de sus tías, con quien vivía desde hace más de dos décadas en este edificio. Por problemas de salud, la hermana de su madre tuvo que mudarse y se quedó en la vivienda solo con sus dos hijas de 16 y 14años, las cuales tiene bajo su custodia desde hace 7 años. El embargo de la casa se produjo, cuenta el afectado, cuando un cuñado suyo no pudo hacer frente a la deuda en la que tenía como aval el piso donde residía esta familia hasta el pasado lunes. Mientras seguían habitando la vivienda, esta se vendió por 72.000 euros el pasado verano en una subasta.

El nuevo propietario trató de solucionarlo con él entre los pasados meses de noviembre y diciembre, llegando finalmente un acuerdo. Francisco pidió tiempo para buscar un techo bajo el que cuidar a sus hijas. Pero se encontró con una difícil situación al estar en paro y carecer de recursos. Cada oferta de inmuebles por la que preguntaba le pedían presentar una nómina, el coste era demasiado elevado o le exigían adelantar hasta dos y tres meses de fianza antes de entrar a vivir.

Además, la familia no ha podido extraer todas sus pertenencias. Solo han recogido algunas bolsas de ropa que les ha dejado el propietario en el portal, quedando dentro todavía: material del colegio, aparatos electrónicos, ropa y demás objetos personales. Ahora mismo las menores están conviviendo por separado con familiares de su padre y el propio Francisco intenta descansar donde puede en la habitación donde su madre lava la ropa o en casa de un amigo suyo.

Según ha podido consultar este periódico con un abogado experto en la materia, la empresa de desocupación ha actuado de una manera, cuanto menos, «extraña», puesto que en este caso se trata de tres personas, dos de ellas menores, que viven en la casa. Si no existe un procedimiento judicial que dé permiso para desalojar a la familia, como asegura Francisco, esta compañía que les dejó en la calle no debería actuar.

«Es diferente cuando una persona se va de vacaciones y un grupo de individuos ocupan la vivienda. Entonces sí se puede contratar este servicio en un periodo de 72 horas desde que entran», aclara. Por ello, explica el letrado, «deberían haber sido tratados diferente y no como unos ocupas», sobre todo porque «se puede estar faltando a la vulnerabilidad de las menores».

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