Miguel Hernández: «El urbanismo debe estar al servicio del interés general»

-¿Qué le impulsó a presentarse a este cargo?

Asumir una Delegación como la de medio ambiente suponía un reto personal y profesional. Era una materia que me gustaba y a esto se le unía también que yo llevaba muchos años, tanto en la sección Civil como en Delitos Económicos, estos últimos que pueden servir de ayuda en los delitos relacionados con este área. Al surgir la oportunidad de poder solicitar la plaza de delegado, me decidí a optar a la misma.

-¿Y ahora, cuáles son los puntos cardinales de la actuación que quiere desarrollar al frente de Medio Ambiente y Urbanismo?

-Es verdad que la sección de Medio Ambiente y Urbanismo tiene un espectro de actuación muy amplio. Abarca tanto los delitos medioambientales, propiamente dichos como pueden ser los vertidos, hasta casos como los incendios, maltrato animal y el área de la ordenación del territorio. Mi objetivo fundamental no puede ser otro que continuar con la excelente labor que han realizado mis predecesores desde Guillermo García Panasco, que fue el primer delegado, Javier Ródenas, Carlos Fernández y Clara Serrano. Ahora, mi labor será continuista, dado los excelentes resultados que han llevado a que esta sección tenga un gran prestigio a nivel nacional e internacional.

También entiendo que hay que profundizar en la colaboración y cooperación tanto con las instituciones como con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que tramitan asuntos de medio ambiente con una finalidad clara que es la prevención. En este sentido, la Fiscalía de Sala pone mucho hincapié en el hecho de que este es un elemento esencial en materia de medio ambiente. Si conseguimos que antes de que se produzca el hecho delictivo existan mecanismos de prevención eficaces, se evitará el efectivo perjuicio a nuestro ecosistema.

-¿Considera que la Fiscalía debería entonces orientarse mucho más, de alguna forma, no solo a la acción ante el delito sino a la prevención del mismo? ¿De qué forma?

-A la Fiscalía se la suele identificar únicamente con el ejercicio de la que acusación, de la acción penal. Sin embargo, existen otras secciones dentro del Ministerio Público, por ejemplo, en Civil o Protección de Víctimas donde no solamente nuestra actividad va orientada a la formulación de acusación. En materia de prevención nuestra aportación puede ser muy útil, dado el el conocimiento que tenemos de la comisión de hechos delictivos, cómo se desarrollan, cuál es el origen de los mismos.

-Antes mencionó varios ejes prioritarios de actuación. En lo que respecta al maltrato, hay una nueva ley de bienestar animal y más condenas por estos hechos. ¿Detecta más conciencia social?

-En lo relativo a la reforma legal, es positiva por el endurecimiento de las penas y por la forma en que se concreta el hecho delictivo, con la necesidad de tratamiento veterinario. En segundo lugar, entiendo que sí existe una mayor concienciación sobre el maltrato animal toda vez que se aprecia un notable incremento en el número de denuncias de particulares sobre estos hechos. Este aumento en las denuncias nos lleva a pensar que hay una mayor concienciación ciudadana sobre el maltrato animal y la debida protección que se deben tener los mismos. Luego, el hecho que se denuncia podrá o no ser delito.

-¿Qué opinión tiene sobre el hecho de que asociaciones o colectivos animalistas se personen en los procedimientos?

-Es cada vez más frecuente la personación de estas asociaciones en los procedimientos por maltrato. Incluso, en la mayoría de las ocasiones muchas de ellas son las propias denunciantes. En este sentido, el Ministerio Fiscal no tiene inconveniente en que intervengan otras acusaciones coadyuvando nuestra actuación o incluso ejercitándola de manera independiente. Nosotros vamos a seguir defendiendo el interés público y persiguiendo el maltrato animal, haya o no otra acusación personada en la causa.

-¿Tendrá una línea de diálogo y colaboración con estos colectivos?

-Las puertas de la Fiscalía siempre han estado abiertas para cualquier ciudadano y, en este caso concreto, también para cualquier asociación, como no puede ser de otra manera. No habrá ningún tipo de inconveniente en mantener reuniones o encuentros tomando como guía de actuación la persecución y erradicación del maltrato animal.

-En lo que respecta a la protección del medio ambiente, entiendo que es una de sus prioridades teniendo en cuenta lo frágil que es nuestro territorio insular.

-En cuestión de protección del medio ambiente, la respuesta de la Fiscalía será igual de contundente que siempre lo ha sido, con tolerancia 0 antes cualquier tipo de ataque contra el medio ambiente.

Además, quiero destacar que percibimos un aumento de concienciación ciudadana, ya que un alto número de Diligencias de Investigación de Fiscalía tiene su origen en denuncias de ciudadanos o por parte de asociaciones, cosa que también refleja la confianza que tiene la ciudadanía en la Fiscalía, fruto de gran labor desarrollada por esta sección.

En este punto es importante advertir y que no todo ataque medioambiental es un delito contra el medio ambiente, y puede dar lugar a un proceso penal, ya que únicamente se tipifican como tales aquellos ataques que puedan causar un grave daño o perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. Por eso, hay ocasiones donde, a lo mejor, hay un ataque o un atentado medioambiental, pero no llega a la configuración de tipo delictivo. Para ello existen otros mecanismos, como el mecanismo sancionador administrativo para reprimir ese tipo de conductas.

-¿Cree que esa protección del medio ambiente puede chocar con la turistificación de las islas?

-El límite fundamental está en la ley, es decir, en las disposiciones normativas que establezcan la clasificación concreta de cada tipo de suelo y su concreta utilización.

Entendemos que deberían coexistir o haber una efectiva coordinación entre esa necesidad de la protección del medio ambiente y la de adaptar la planta turística que tenemos actualmente a las necesidades del sector, siempre teniendo como criterio fundamental la protección del medio natural.

-En Gran Canaria, una de las cuestiones más mediáticas se da en la masificación de un espacio protegido como son las dunas de Maspalomas. Ante esos hechos, ¿puede la Fiscalía actuar de oficio?

-Siempre que existan problemas puntuales como ese que me menciona, lo fundamental y es una de las pautas que me he marcado, es la cooperación institucional. Sería conveniente apelar a ese trabajo conjunto a los efectos de determinar qué atentados son los que pueden provocar un daño grave al medio natural, que es lo que constituiría la infracción penal. En este caso concreto, estamos abiertos a cualquier tipo de reunión o encuentro que permita solucionar el problema y preservar este espacio natural.

-¿Considera que hay equilibrio entre protección o lo que algunos denominan también como sobreprotección?

-Las administraciones tienen una opción legislativa en la que se puede elegir la intensidad de protección del medio ambiente. Pero está claro que si no existieran normativas que protegen nuestro entorno, probablemente habría espacios naturales de los que hoy no estaríamos disfrutando. Por lo tanto, creo que es necesaria que exista una coordinación y equilibrio entre la posibilidad del disfrute de nuestros espacios naturales y la debida protección de los mismos. Creo que no es incompatible.

-En lo que respecta al urbanismo. ¿Es la ordenación del territorio uno de los principales quebraderos de cabeza de su área?

-En este sentido lo que detecto es que hay una amplia repulsa social contra estos delitos, sobre todo la prevaricación urbanística. Y es que hay un elemento fundamental: el urbanismo debe servir y estar supeditado al servicio del interés general. Cuando en el urbanismo se priorizan intereses particulares, es preciso examinar esa actuación.

En todos estos casos, la respuesta que va a haber por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente va a ser acorde a la repulsa social que estos delitos provocan. La máxima contundencia con la que siempre se han perseguido.

-¿Cree que ya pasó la época de la construcción sin control o no es así?

-Creo que es cíclico y va a la par del estado de la economía. No hemos notado que haya un descenso en los delitos contra la ordenación del territorio. ¿En qué sentido? Pues que no observamos que se trate de ejecutar menos construcciones ilegales o que existan menos incidencias en estos delitos. Al contrario, hay muchísimas incidencias y un porcentaje muy alto de delitos contra la ordenación del territorio. Entiendo que es porque algunos siguen pensando que, con la realización de ese determinado tipo de conductas, no va a pasar nada. O tratan de aplicar la picaresca de construir en un terreno rústico alejado del entorno urbano pensando que no los van a localizar. Sin embargo, los medios técnicos actuales ayudan al descubrimiento y persecución de estos delitos.

La utilización de drones por parte del Seprona o la realización de inspecciones cada vez más frecuentes en parajes de difícil acceso nos revelan muchas construcciones ilegales. Por eso, en este caso en concreto, no notamos que se haya producido un descenso en esta actividad delictiva, sino un mantenimiento.

-En este aspecto, investigan más delitos en la actualidad en zonas costeras turísticas o en parajes rurales?

-La mayor incidencia que hay en delitos contra la ordenación del territorio, prácticamente en torno a un 70% del total, son construcciones que se hacen en zonas rústicas. Hay una amplia tipología delictiva, como, por ejemplo, el terreno protegido donde alguien pide autorización para construir un aljibe y lo que ejecuta es una piscina o cualquier otra edificación para uso residencial donde no está permitido.

-¿Han aumentado este tipo de delitos con el boom de viviendas vacacionales en zonas rurales?

-Ha habido algún caso de que coloquen una casa prefabricada en suelo rústico para uso vacacional, pero no hay una alta correlación entre el aumento de las viviendas vacacionales con las cifras de construcciones ilegales.

-Por islas en esta provincia, ¿cuál es la que tiene mayores incidencias?

-En lo que se refiere a la ordenación del territorio, la que más casos tiene es Gran Canaria. Por ejemplo, a fecha de hoy se han incoado en toda la provincia 69 diligencias de investigación de Fiscalía. De ellas, 30 son de Gran Canaria, 14 de Lanzarote y 25 de Fuerteventura.

-¿Todas las administraciones luchan con la misma intensidad contra los delitos medioambientales y de urbanismo?

-Con carácter general, no aprecio que haya ningún tipo de disfunción en este sentido, ni con ayuntamientos, ni con cabildos, ni tampoco con la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural que son con los que colaboramos de forma más estrecha. Cuando, con ocasión de un delito contra la ordenación del territorio, pedimos informes al ayuntamiento al cabildo o a la Agencia sobre la situación en la que se encuentra una construcción, suelen responder ningún tipo de problema y son colaboradores. Es decir, no estamos encontrando ningún problema y la colaboración que se percibe es la necesaria y justa para este tipo de situaciones.

-¿Y las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado también van a la misma velocidad?

-La toma de contacto que hemos tenido en este poco tiempo ha sido fundamentalmente con el Seprona y la Policía Canaria. La verdad es que el compromiso que tienen con la erradicación de este tipo de delitos es máximo. Están bastante concienciados en la persecución de ese tipo de delitos. De hecho, la mayoría de las denuncias que nos entran tienen como origen atestados y actuaciones policiales.

-Si hablamos de políticas de sostenibilidad y economía circular. ¿Cree que Canarias está haciendo las cosas bien en este aspecto?

-Todas las opciones legislativas que vayan encaminadas a conservar y a preservar el medio ambiente son absolutamente positivas porque es la única forma de pervivencia de nuestros espacios naturales para que puedan ser disfrutados por las generaciones futuras. Cualquier actividad política que vaya encaminada a esa conservación del ecosistema y a esa autosuficiencia, es positiva a los efectos prevenir hechos delictivos. Cuanto mayor autosuficiencia se tenga desde el punto de vista de la gestión de los residuos, habrá menos problemas en el tratamiento de los mismos.

-¿Cómo se puede explicar a la ciudadanía que aún no se hayan juzgado a los presuntos autores de los incendios forestales de Artenara y Valleseco que arrasaron miles de hectáreas de la zona verde de Gran Canaria seis años después?

-La instrucción de los procedimientos por incendio suele ser compleja. Primero, porque en la labor policial que se realiza sobre la averiguación de las causas y la posible identificación del autor, hay que practicar numerosas diligencias y elaboración de periciales, tratar de acotar cuál fue el origen del mismo y determinar su autoría. También se suelen incorporar un ingente número de periciales relativos a la tasación de los daños que se hayan podido causar. Por eso suelen ser procedimientos largos. En el caso del incendio de Artenara, el procedimiento va ya camino a juicio, mientras que en el de Valleseco, el caso está pendiente de la resolución de un recurso ante la Audiencia Provincial para continuar con su tramitación procedimental.

-¿Ese alto número de delitos urbanísticos se pueden achacar a una presunta falta de control o de presión política?

-Creo que directamente lo que hay es falta de concienciación ciudadana y de que el promotor de una determinada construcción ilegal quiere hacerla y la hace. Con la mayoría de las ocasiones, o piden una licencia y ejecutan la obra sin ajustarse a la licencia o bien directamente no la solicitan. No existe un descontrol por parte de los ayuntamientos. De hecho, muchas veces cuando ellos detectan que hay una construcción que no se adapta a la licencia o que no la ha solicitado, lo ponen en conocimiento de la Fiscalía.

-¿Cuenta la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo con medios suficientes para hacer frente a todo el trabajo que tiene?

-En la sección de Medio Ambiente estamos con dedicación exclusiva dos fiscales, Carlos Fernández Seijo y yo. En las otras islas tenemos a dos fiscales destacados: Clara Serrano en Fuerteventura Y Macarena Romaguera en Lanzarote. Como en todo, toda ampliación de medios personales y materiales ayudará a que la respuesta sea mucho más ágil y eficiente. De todas formas, dado el número de procedimientos que tenemos, en la actualidad la respuesta que se está ofreciendo por parte de la Fiscalía, con mucho trabajo y esfuerzo, es rápida y eficiente.

-¿Considera de importancia la creación de una Fiscalía Autonómica de Medio Ambiente, como ocurre en Extranjería o Civil?

-Cualquier actuación de coordinación entre ambas provincias va a ser positiva porque eso permitirá compartir experiencias sobre determinadas especialidades de cada uno de los territorios, crear sinergias y actuaciones conjuntas, por lo que podría ser interesante la creación de una Fiscalía Autonómica.

-¿Con qué objetivo por alcanzar quedaría más satisfecho?

-El objetivo, como ya indiqué, es mantener el prestigio de la sección. Es un reto profesional apasionante donde el compromiso es de dedicación y trabajo, con la idea de prestar el mejor servicio a los ciudadanos, devolviéndoles la confianza que tienen en nosotros para la defensa del interés público y, concretamente en esta sección, de defensa del medio ambiente.

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