«Nos hemos sentido como presos en el barrio»

En Maestro Rodó, en el Barranquillo de Don Zoilo, la sensación que deja la última sentencia del Tribunal Supremo, que abre el paso a la calle tras ser cerrada por una urbanización privada hace 18 años, es agridulce. Hay una mezcla de alivio y alegría que se emborrona cuando se piensa en toda la gente que se quedó en ese camino que en 2003 se quedó cortado por una cadena, en primer momento, y luego por una viga de hormigón con una valla.

Los nombres y las anécdotas empiezan a sucederse. Surge así el recuerdo de Mariano, «que después de subir una centena de escalones le dio un infarto al entrar en su casa»; el de Orlando Cabrera, «un hombre que tenía una ilusión tremenda por la calle y que fue siempre un gran apoyo»; el de José Fleitas, «quien tuvo que comprarse otra vivienda porque las escaleras le impedían salir».

José Castellano, que habla en nombre de los vecinos que ha mantenido la lucha judicial iniciada hace años por la asociación, hila las semblanzas de quienes jamás vieron llegar una ambulancia, un camión de bomberos o un vehículo de reparto de la compra a la puerta de sus casas.

Estaban aislados desde que la construcción de una urbanización privada de chalés les negó la servidumbre de paso y cerró el acceso viario que se les había abierto con motivo de la obra. Así, las escaleras, con cientos de pasos para superar el desnivel, se convertían en la única salida y en un obstáculo insalvable, en muchas ocasiones.

«Recuerdo que una vez mi madre se puso malita y como no podía llegar la ambulancia, la pusimos en una silla y la subimos entre cinco vecinos», explica el presidente de la asociación de vecinos Unión Vecinal Don Zoilo, Matías Dávila, «los vecinos se bebían las lágrimas». También le asaltan los recuerdos, como las dificultades que tuvieron los bomberos para extinguir un incendio por no poder llegar hasta la casa terrera con su camión; o el esfuerzo que tuvieron que hacer algunos vecinos para subir un ataúd por las escaleras porque el coche fúnebre tampoco podía acceder.

El auto del Tribunal Supremo que confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en favor del reconocimiento de la servidumbre de paso de estos vecinos por la vía de acceso de la urbanización Jardines de Chil, hace sentir a los vecinos de Maestro Rodó que ya no son ciudadanos de segunda. «Esto es una alegría, nos da calidad de vida porque esa valla nos ha hecho sentir como presos en nuestro propio barrio», detalló Dávila, «aquí hay personas con movilidad reducida y mayores que solo pueden asomarse a la ventana a ver cómo pasa la vida».

«Lo primordial es, sin duda, que puedan acceder los servicios de emergencias y que se acabe la agonía que sufren los vecinos cuando traen la compra u otros enseres y que no pueden llegar con sus vehículos a la puerta de sus casas», argumenta José Castellano, «además, mejorará la vida cotidiana de todos, pero en especial de las personas mayores, que tienen que subir o bajar por unas escaleras muy pendientes para poder moverse y salir de sus viviendas».

Una simple carretera pone fin a tantas décadas de aislamiento y de dificultades de movilidad de un barrio alongado en una ladera, a solo cinco minutos de las oficinas municipales. «La calle era de tierra y no tenía nada que la hiciera bonita pero hacíamos mucha vida social en ella», se sincera Matías Dávila, «recuerdo que la zona donde construyeron los chalés estaba llena de aulagas, tabaibas y cabras».

«En el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria siempre nos daban largas, nunca se preocuparon por nuestra situación y la respuesta siempre era la misma, que no había dinero», prosigue Castellano, «nunca lo hicieron porque nos catalogan como ciudadanos de segunda».

También Matías Dávila lamenta la «cobardía» de muchos políticos que han ido pasando por el Ayuntamiento sin resolver este problema, que discriminaba a los nuevos residentes, con su carretera asfaltada, de los vecinos de toda la vida, condenados a escaleras, para muchos, insalvables.

La valla tendrá que retirarse pero aún queda por determinar el procedimiento y aclarar si las aspiraciones vecinales acaban ahí o no. «Después de la resolución judicial, nos queda esperar el plazo legal para que la comunidad de propietarios de Jardines de Chil cumpla», expone José Castellano en nombre de los demandantes, «si no lo hacen, le daremos traslado de la situación a nuestros abogados para que insten la ejecución de la sentencia, pero esperamos que, por decencia y por lo que nos han hecho sufrir, cumplan de manera voluntaria con la sentencia y abran la calle, es lo mínimo».

El presidente de la asociación de vecinos Unión Vecinal Don Zoilo quiere ir más allá para conseguir que la calle sea de dominio público. «Teníamos al servidumbre de paso desde 2002 pero no la disfrutábamos», expuso Matías Dávila, «ahora hay que conseguir que sea dominio público mediante una expropiación que debe asumir el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria porque esto es parte de la ciudad».

El representante vecinal cree que la servidumbre de paso permite el acceso de los vecinos pero que se podrían crear problemas con familiares o amigos que vengan de visita o incluso con taxis. «Esto podría generar otro conflicto y ya está claro que no vale la pena enfrentar a vecinos contra vecinos», añadió.

Además, ya propone ampliar un poco la calle y construir un fondo de saco al final de Maestro Rodó para que los vecinos que viven en la zona inferior puedan dejar ahí sus coches y bajar caminado hasta sus casas solo un tramo de escaleras.