San Cristóbal teme que el edificio Cachalote eclipse su castillo
La asociación vecinal pide al Cabildo un informe técnico de la obra que proyecta el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pues alerta de que ocultará el Torreón de San Pedro al generar un efecto de sombra visual
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria anunció el 29 de julio la adjudicación de la rehabilitación del edificio Cachalote del barrio marinero de San Cristóbal por un importe de 3.214.156,95 euros con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Un inmueble que en su día acogió el colegio de este enclave, bajo el nombre de Santiago Tejera, y que posteriormente fue sede de la Universidad Popular en el Cono Sur.
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El Consistorio señalaba en su comunicado oficial que la intervención, que impulsa Ciudad de Mar y proyecta Urbanismo y que ejecutará Proyecon Galicia SA, convertirá este inmueble «en un espacio multifuncional orientado al impulso de la economía azul, con usos educativos, empresariales y sociales».
Además, explicaba que el proyecto, con un plazo de ejecución de nueve meses una vez comiencen los trabajos, «contempla la incorporación de una envolvente de vidrio fotovoltaico adosada a la estructura original, que permitirá captar energía solar y reducir el consumo de energías fósiles, en línea con los objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética marcados por el Consistorio».
Sin embargo, el proyecto municipal inquieta a los residentes en el enclave marinero debido a su cercanía a una fortaleza emblema de la zona como es el Torreón de San Pedro Mártir -al que popularmente se conoce como castillo de San Cristóbal- que está catalogada como Bien de Interés Cultura (BIC). Y es que temen que lejos de darle visibilidad, la intervención tenga el efecto contrario y la eclipse.
«Es un tema que está generando preocupación porque quieren convertir el antiguo colegio en un edificio moderno, acristalado, con placas solares oscuras, y creemos sinceramente que no es el lugar ni la forma», señala Juan Jesús Santana, presidente en funciones de la asociación de vecinos Nuestra Señora del Buen Viaje, del barrio marinero capitalino.
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Añade que la inquietud por esa intervención municipal nace «no solo porque distorsiona estéticamente el entorno, sino porque lo eclipsa por completo».
Así, apunta que «es como si el Torreón, que ha estado siglos mirando al mar y formando parte de nuestra identidad marinera y defensiva, fuese ahora visualmente silenciado por una estructura que no respeta su escala, su simbolismo ni su carácter patrimonial».
«Se trata de un Bien de Interés Cultural y su protección no es opcional, está regulada por ley», expone el líder vecinal que presentó el 13 de agosto un escrito al Cabildo de Gran Canaria en el que solicita «la emisión de informe técnico» de la obra proyectada por el Ayuntamiento», pues insiste en que su «volumetría moderna, acristalada y revestida con placas fotovoltaicas oscuras, amenaza con eclipsar y distorsionar visualmente» el entorno.
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Santana explica que «nos estamos amparando en lo que establece la Ley 11/2019 de Patrimonio Cultural de Canarias, en especial su artículo 80, que regula las intervenciones en bienes patrimoniales, y su Disposición Adicional Cuarta, que establece distancias mínimas de protección si el entorno del BIC no está expresamente delimitado», que establece «50 metros en suelo urbano y 200 metros en suelo rústico o urbanizable».
Al respecto, asegura que «desde la propia fachada del BIC, enclavado en una zona de riscos y callaos, hasta el paseo marítimo que bordea el barrio, existen aproximadamente 120 metros de terreno sin urbanizar ni edificado» y que, «desde dicho paseo hasta la fachada del edificio proyectado, hay una franja adicional de unos 10 metros, lo que suma una distancia total de unos 130 metros entre el BIC y la obra». Por lo que la referida intervención « se halla claramente dentro de dicho entorno legalmente protegido».
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Asimismo, expone que en la solicitud realizada al Cabildo en nombre de la asociación de vecinos se incluye que la protección del torreón también se ampara en «la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, cuyo artículo 20 exige informe o autorización previa ante cualquier obra que pueda afectar a un BIC o su entorno».
Santana comenta que «presuntamente, y con toda la prudencia del caso, creemos que el Ayuntamiento podría estar tramitando esta actuación sin contar con el informe técnico vinculante del Cabildo, requisito indispensable para autorizar cualquier intervención de este tipo». De ahí que además de solicitar ese estudio a la entidad insular, se le haya requerido «la paralización cautelar de la obra mientras se aclara esta situación». Una petición de la que también han informado al consistorio capitalino.
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El portavoz vecinal afirma que «no nos oponemos a la realización de proyectos de vivienda o desarrollo urbano en la zona, pero sí rechazamos frontalmente cualquier intervención que, por su volumen, diseño, materiales o ubicación, genere un efecto de sombra visual sobre el monumento histórico, deteriorando su visibilidad y simbolismo como parte del paisaje costero del barrio y de la ciudad».
Incide en que «la defensa que se está haciendo no es solo del barrio por estar en su territorio, sino también de la ciudad y su historia», pues «el Torreón fue parte del sistema defensivo de Las Palmas de Gran Canaria» y «es un patrimonio de todos».
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