Oídos sordos a la inclusión educativa

Dos familias de la capital grancanaria denuncian que la discapacidad auditiva que presentan sus tres hijos es el motivo de que no hayan sido admitidos en Pluto, una de las once escuelas municipales de educación infantil de Las Palmas de Gran Canaria, para el curso 2025-2026 que arrancará el próximo mes de septiembre.

«Recibimos una carta de que ha sido rechazada la matriculación en ese centro por el tema de la sordera, porque no hay recursos como logopeda o intérprete de lengua de signos», expone Ismael Gil, padre de Aiden, de 2 años y medio, y Enzo, de 14 meses, dos de los tres menores afectados por una situación que entiende que es un caso de «discriminación por discapacidad».

Así, califica de «excusa» la argumentación esgrimida desde esta guardería pública -que entiende se habría repetido en cualquiera de otros diez centros municipales- pues asegura que en este nivel educativo «no es necesario contar» con esas figuras de apoyo, algo que sí se precisa «en Primaria». Al tiempo que recuerda que estos pequeños están amparados por la Ley, que establece «la obligación de la Administración de garantizar la educación inclusiva desde el nacimiento» y a «no de excluir por falta de recursos».

Apunta que sus hijos, al igual que el otro menor afectado por la situación -el pequeño de Kirian de 1 año y 5 meses de Marta y Juan, la otra familia a quien también representa- fueron admitidos inicialmente en la referida escuela infantil del barrio de La Feria y aparecían en el listado oficial emitido por el Ayuntamiento capitalino, con fecha 4 de junio.

Y es que recalca que en la primera entrevista que mantuvieron con el personal del centro, a la que acudió con su mujer, Evelyn Arencibia, y con los dos pequeños, todo fue bien y no se les planteó ningún problema por el hecho de que los niños fueran sordos.

Así las cosas, explica que procedieron a hacer «la inscripción» y que atendieron todos los requisitos que les solicitaron con posterioridad para cumplimentar esa matriculación, incluido el abono de las cantidades económicas requeridas en concepto de cuota por cada niño -28 euros por el mayor y 24,95 euros por el pequeño-. Pagos de los que tiene justificante y que sin embargo no les han reembolsado pese a no ser admitidos.

Dice que cuando llegó el momento de acudir nuevamente a la guardería con toda la documentación para formalizar la matrícula, la persona que les atendió les preguntó si eran «los padres de los niños sordos» y les comunicó que los menores no se podían inscribir en el centro.

«Al principio nos dijo que el pequeño no se podía inscribir porque no lleva implante coclear», dice sobre un dispositivo electrónico que se implanta quirúrgicamente a personas con sordera con el que sí cuenta el mayor de sus hijos y que al pequeño se le pondrá «a final de año», como apunta que explicaron en el centro.

Añade que al preguntar qué traba suponía esta circunstancia, «nos pusieron como ejemplo el que si hay un incendio, el niño no oye».Pero dice que su pareja les rebatió ese argumento recordando que en el centro «hay bebés» a los que también tendrían que ayudar en caso de una emergencia de ese calibre.

Apunta que entonces se les comunicó que «el Jefe de las Escuelas Municipales de Educación Infantil nos mandaría una resolución» y que tenían que esperar por ese escrito para la matriculación.

Pero dice que en vista de que se cumplía el plazo y no llegaba el documento, ambas familias acudieron en julio a Pluto a pedir información.

«Nos dijeron que al final no se podía matricular ninguno de los dos niños, el grande tampoco», apunta Ismael Gil, quien dice que se les dio como motivo que el informe de discapacidad que tuvieron que adjuntar a la documentación requerida recogía que el niño «escucha poco pero no habla». Algo que dice «es totalmente inventado» y destaca que el niño «lleva un año en una guardería privada» y «se encuentra plenamente integrado».

No conformes con estas explicaciones que les sonaron a excusas, acudieron a hablar con el Jefe de las Escuelas Municipales de Educación Infantil, «que nos dijo que nos había mandado una resolución» que dice que no les llegó hasta el día de esa entrevista.

En ese documento, fechado el 9 de julio, se recoge que «no es posible autorizar la matrícula de Eiden y Enzo» para el próximo curso, «ya que en este momento no se pueden garantizar los apoyos necesarios que permitan su correcta inclusión y desarrollo dentro del entorno escolar». Y se apunta que, atendiendo a «un informe técnico» del Departamento de Orientación de la empresa gestora -la UTE Trasa Escuelas Infantiles-, se concluye que «los menores necesitan apoyos y recursos específicos» que las guarderías «no pueden proporcionar actualmente».

Ismael Gil explica que no conforme con esta decisión, presentó el 11 de agosto «un recurso de reposición que me tienen que responder antes del 11 de septiembre» y que, de no ser así, acudirá a la vía judicial.

«Tienen derecho a estar ahí», reivindica este padre que considera que los argumentos del Ayuntamiento son «excusas porque no justifican el por qué» y que destaca que ambas familias tienen el apoyo de la Asociación de Personas Sordas de la Provincia de Las Palmas y del Grupo Servidis.

Según el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria «las decisiones se basan siempre en la opinión de los especialistas que atienden a los menores. Actuamos pensando en su interés y beneficio, siguiendo las recomendaciones técnicas de los profesionales».

Asegura que «en nuestras escuelas hay alumnado con sordera que, al contar con un nivel básico de comunicación, pueden participar en este recurso educativo con total normalidad».

Además, apunta sobre la no admisión de los menores que «como se le ha explicado a la familia, se trata de una medida que depende de la evolución de cada uno de los niños a lo largo del curso».

Por último, se señala que el pago de la cuota «no es obligatorio» hasta formalizar la matrícula y que ese dinero «se les devolverá».

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